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En un democracia "normal" un gobierno acusado de supuesta corrupción se pone a investigar y da, en principio" credibilidad al delator-testigo (por su valor), por "si acaso" abriendo informes para depurar responsabilidades, en cambio, en un PSOE de "m... hasta la cejas" se pone de perfil, y dice que presente prueba; pruebas para qué...
El Partido Popular (PP), personado en el procedimiento como acusación popular, desempeñará un papel protagonista en el interrogatorio previsto para este lunes. Su objetivo es que De Aldama continúe "tirando de la manta" en busca de pruebas que acorralen a sus rivales políticos (un PSOE noqueado). Esta estrategia coincide con la seguida por José Antonio Choclán, abogado del presunto conseguidor de la trama y considerado el cerebro detrás del acuerdo alcanzado con el fiscal anticorrupción Luis Pastor.
Dicha colaboración no se limita únicamente al llamado caso Koldo, sino que también abarca la investigación de un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos. Esta última causa, aún bajo secreto de sumario, busca rastrear los 74 millones de euros que, según las estimaciones de los investigadores policiales, De Aldama podría tener ocultos en cuentas en el extranjero.
Sin embargo, el traslado del caso al Tribunal Supremo añade nuevas exigencias para De Aldama en su calidad de colaborador. Por orden del juez de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizará un análisis de veracidad sobre la declaración autoinculpatoria que De Aldama presentó el pasado 21 de noviembre.
Además, De Aldama enfrentará un cambio significativo en las condiciones de su acuerdo: deberá tratar con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Se espera que Luzón adopte una postura más estricta al exigir pruebas adicionales contra los implicados en la trama, como Ábalos o Koldo García, para mantener vigente el pacto de colaboración.
Es relevante destacar que, desde que Luzón asumió la jefatura de Anticorrupción, el Ministerio Público ha condicionado la reducción de penas mediante acuerdos de colaboración a la recuperación efectiva de activos económicos no fiscalizados en posesión de los delincuentes. En el caso de hidrocarburos, los investigadores estiman que los 74 millones ocultos en el extranjero serán una pieza clave para determinar el grado de cooperación de De Aldama y definir su futuro judicial
