(El Turia a su paso por Valencia en la DANA del 29 de octubre de 2024)
LA CULPABILIDAD ANTE LOS DESASTRES NATURALES
Por Ramón Palmeral. Alicante
Ante las grandes catástrofes naturales como lluvias
torrenciales (DANA), huracanes, terremotos, incendios y otras manifestaciones
de la fuerza de la naturaleza, los gobiernos suelen verse superados por la
magnitud de los acontecimientos. A menudo, estas situaciones los toman por
sorpresa, dejando al descubierto la falta de preparación y prevención adecuada,
lo cual genera la frustración de las poblaciones afectadas. Es común que, en
medio del caos, las personas señalen a los líderes políticos, a quienes acusan
de no haber tomado las medidas necesarias para mitigar los daños o proteger a
las comunidades. Esta tendencia a culpar a las autoridades no es nueva; ha
existido desde tiempos antiguos, aunque las interpretaciones de las causas han
cambiado a lo largo de los siglos. La oposición siempre hace leña del árbol caído.
En la antigüedad, las catástrofes naturales solían interpretarse como castigos divinos, atribuibles al comportamiento pecaminoso de las sociedades. Ejemplos de esta perspectiva aparecen en relatos bíblicos, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde se entendía que la ira de Dios se manifestaba a través de calamidades naturales que arrasaban con los pueblos impíos. Hoy en día, aunque las explicaciones han perdido su carácter religioso, la tendencia a buscar culpables persiste. En lugar de atribuir estos eventos a fuerzas sobrenaturales, la sociedad moderna suele responsabilizar a los políticos por no haber tomado precauciones eficaces o no haber construido infraestructuras adecuadas, como presas, muros de contención, sistemas de drenaje o redes de alerta temprana.
La realidad es que, si bien los fenómenos naturales son inevitables, existen herramientas y tecnologías que pueden reducir sus efectos devastadores. La inversión en obras públicas, como la construcción de barreras de contención o el mantenimiento de cauces fluviales, es clave para minimizar los riesgos en áreas vulnerables. Sin embargo, estos proyectos requieren planificación y presupuestos significativos, lo que a menudo entra en conflicto con las prioridades políticas y económicas de los gobiernos. En muchos casos, las decisiones sobre inversión en infraestructura de prevención se postergan hasta que un desastre expone las deficiencias del sistema.
Además de las acciones gubernamentales, la población
también tiene un papel importante en la prevención y en la reacción frente a
desastres. Es fundamental que las personas se informen sobre los riesgos de su
zona y aprendan a autoprotegerse. La organización comunitaria y la formación de
brigadas de voluntarios también pueden marcar una gran diferencia en la
capacidad de respuesta ante una emergencia. Con una comunidad mejor preparada y
educada en medidas de autoprotección, los efectos de una catástrofe pueden ser
significativamente menores, ya que no todo depende exclusivamente de las
autoridades. Y además la contratación de seguros de riesgos y accidentes.
En definitiva, aunque la responsabilidad de implementar medidas de prevención y respuesta recae en gran medida en los gobiernos, la preparación ante desastres naturales es un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración de autoridades y ciudadanos. Los líderes políticos deben comprometerse a tomar decisiones responsables, invirtiendo en infraestructura preventiva y en la educación pública para reducir los riesgos. La ciudadanía, por su parte, debe adoptar una postura activa en su propia protección, informándose y participando en actividades organizadas para afrontar estas situaciones. Así, en lugar de atribuir los desastres únicamente a "mala suerte" o a la negligencia de quienes están en el poder, se logra una sociedad más resiliente y mejor preparada para enfrentar la adversidad.
Alicante, 11-11-2024
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