La Guardia Civil no se casa con nadie. Caso Koldo, Delcy Rodriguez y el oro venezolano Confiamos en la Justicia. Elecciones o todos a la cárcel.
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Corrupción caso PSOE
La declaración voluntaria de Ábalos tras el informe de la UCO «no tendrá efecto» sobre su imputación
El ex ministro de Pedro Sánchez era identificado por los agentes de la Guardia Civil como el responsable «directo» en la gestión de compraventa de mascarillas a la empresa de la trama, en su Transportes
El ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez, y su secretario de organización en el PSOE, José Luis Ábalos, se ha visto contra las cuerdas tras conocerse el contenido del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya en manos del juez instructor Ismael Moreno.
Tras conocerse su papel en el marco de la trama diseñada por el empresario Víctor de Aldama, como máximo responsable de la compraventa de material sanitario en su Ministerio, el magistrado solicitaba al Supremo confirmar con el Congreso su condición de diputado. Un trámite imprescindible antes de elevar exposición motivada ante el Alto Tribunal, como aforado. Horas más tarde de conocerse este hecho, Ábalos solicitada declarar, voluntariamente, en la Audiencia Nacional. Una petición que los expertos consideran que «no tendrá efecto» sobre la decisión que tomen los jueces acerca de su eventual y futura imputación.
El Debate accede al informe de la Guardia Civil señala a Ábalos como el responsable «directo» de los contratos de mascarillas a la empresa de la trama
Los agentes identificaban a Ábalos, al que los principales miembros de la «organización criminal» se referían con el pseudónimo de 'Goblin', como «la persona que se encontraba al cargo de las gestiones de la contratación» con la principal empresa de la trama presuntamente encabezada por Víctor Aldama, para la venta de material sanitario al Gobierno. «Las gestiones las estaba llevando él directamente», recoge el documento al que tenía acceso El Debate, en primicia, esta semana.
Así las cosas, Ábalos quedaba señalado por los investigadores y en una situación procesal complicada frente a la cual, el propio socialista pedía comparecer, de manera voluntaria, aunque «no como testigo», aclaran los expertos consultados por este diario, ante el instructor Ismael Moreno. Una petición que, sin embargo, a su juicio, para el juez «no tendrá efectos» relevantes sobre su imputación.
En primer lugar porque la ley obliga a quienes presten testimonio sobre hechos de los que son conocedores «a decir verdad» y si Ábalos declara ante el juez sin el estatus de investigado, que todo apunta que llegará, podría estar comprometiendo su futura estrategia de defensa –que ya ha anunciado que «será intensa»–. De esta manera, el magistrado Moreno no «puede admitir» un interrogatorio anticipado del ex titular de Transportes como testigo porque hacerlo «ante los indicios que obran en su contra», podría «vulnerar sus derechos».
En segundo lugar porque lejos de un gesto de «plena colaboración» con la Justicia, el magistrado instructor podría interpretar el movimiento del ex ministro «como todo lo contrario, una maniobra para retrasar» o «contaminar» su imputación, apuntan varios penalistas a El Debate.
Cuestión diferente, apuntan la fuentes consultadas por El Debate, es que Ábalos se esté prestando a «declarar como investigado» de manera voluntaria. En cuyo caso sí podría darse la misma ya que, según lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) un aforado puede comparecer, voluntariamente, ante cualquier tribunal.
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El Debate accede al informe de la UCO
La vinculación de la trama corrupta de Aldama con Transportes fue posible gracias al «binomio Koldo-Ábalos»
Las investigaciones de la Guardia Civil confirman que la «vinculación de Aldama», cabecilla de la «organización criminal» para la venta de mascarillas al Gobierno, con Transportes «abarcó un período de tiempo mayor que el de los contratos investigados»
El primer pago de Víctor de Aldama, «nexo corruptor» de la trama de las mascarillas del Gobierno, al «grandullón» Koldo García Izaguirre, se identifica por la UCO de la Guardia Civil en su último informe al Juzgado de Instrucción Central número 2 de Madrid, en 2019. Ya por aquel entonces, los dos «mantenían una relación personal y directa ligada al cargo público» que Koldo ostentaba en el Ministerio de Transportes.
De hecho, era tan estrecha la conexión entre ambos que la «vinculación de Aldama» con el Departamento ministerial se personifica, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores, a través del «binomio Koldo-Ábalos» y «abarcaría un período de tiempo más extenso que el que se constriñe a los contratos investigados» como, presuntamente, irregulares, de acuerdo con las conclusiones del documento policial al que ha tenido acceso El Debate.
El Debate accede al informe de la Guardia Civil
La UCO señala a Ábalos como el responsable «directo» de los contratos de mascarillas a la empresa de la trama
No en vano «la labor de Aldama en el seno del Ministerio de Transportes abarcaba un espectro amplio de actuación» que, de acuerdo con las conversaciones incautadas en los diferentes dispositivos electrónicos intervenidos por la UCO podría responder a una «relación causa-efecto» entre dichas actuaciones y la recurrencia de pagos en efectivo de Aldama a Koldo.
El propio Koldo, a modo de «respaldo» dejaba constancia de dichas contraprestaciones en notas bajo el título «ingresos», por importe de 10.000 euros, en una «libreta» intervenida en el registro de su domicilio, junto con «fechas concretas, sin año» en las que, supuestamente habría recibido los mismos.
Los agentes de la UCO consideran dichos pagos «recurrentes» y de «periodicidad mensual» y han podido constatar, como se desprende del informe entregado al juez instructor Ismael Moreno, que los mismos «continuaron incluso cuando fue cesado de sus funciones públicas, en junio de 2021». Un detalle que, a juicio de los investigadores, pondría en «evidencia» que, pese a abandonar el Ministerio de Trabajo, Koldo siguió «tratando de ejercer su influencia en todas aquellas cuestiones para las que era requerido» en el Departamento del que era máximo responsable José Luis Ábalos.