El actual clima político en España se ha intensificado debido a las tensiones entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en relación con la controvertida Ley de Amnistía. Esta ley, que es fundamental para que Pedro Sánchez mantenga su sillón en La Moncloa, ha generado reacciones diversas en el ámbito judicial y político. En estos días de agosto en inauguraciones de puentes de AVE en Almería y acompañado de Oscar Puente, el responsable de los retrasos de los trenes, y con la increíble capacidad camaleónica de Félix Bolaño, superministro.
El actual clima cálido político en España se ha intensificado debido a las tensiones entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en relación con la controvertida Ley de Amnistía. Esta ley, que es fundamental para que Pedro Sánchez mantenga su pódium de medalla de oro en La Moncloa, ha generado reacciones diversas en el ámbito judicial y político.
El ministro Félix Bolaños, responsable de la Presidencia y de Justicia, ha sido particularmente crítico con el Tribunal Supremo, insinuando que su interpretación de la ley podría estar en conflicto entre el Congreso y la interpretación de los jueces. Esta crítica se enmarca en un contexto donde la ley de Amnistía se presenta como una herramienta necesaria para el Gobierno, especialmente tras los recientes eventos en Barcelona que involucran al expresidente fugado Carles Puigdemont, el corre caminos de los maleteros o cagueta de la independencia de los 7 segundos, con Salvador Illa al fondo.
Dentro del sector judicial, la asociación de jueces progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha adoptado una postura más matizada. Aunque reconocen que la aplicación de la ley puede ser "dudosa" en ciertos casos, como la malversación de caudales públicos de Puigdemontes, su portavoz, advierte que sería "desaconsejable" que el Gobierno emprenda acciones legales (coactivas) contra jueces por cómo interpreten la ley. Esto sugiere una prudencia en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, subrayando que, si bien el Gobierno puede expresar su opinión o incluso recurrir decisiones judiciales, la aplicación uniforme de la ley debe ser solicitada por los partidos implicados, como Junts, y no impuesta por el Ejecutivo.
En resumen, mientras que el Gobierno busca avanzar con la ley de amnistía para asegurar la estabilidad política, su equilibrio, sectores dentro del poder judicial, como JJpD, insisten en que cualquier acción debe ser manejada con cuidado para evitar conflictos mayores con la judicatura.
El ministro Félix Bolaños, responsable de la Presidencia y de Justicia, ha sido particularmente crítico con el Tribunal Supremo, insinuando que su interpretación de la ley podría estar en conflicto con la decisión del Congreso (peron con desacuerdos del Senado). Esta crítica se enmarca en un contexto donde la ley de amnistía se presenta como una herramienta necesaria para el Gobierno, especialmente tras los recientes esperpentos en Barcelona que involucran a Carles Puigdemont, son a todas luces incomprensibles. Se presiona al TS para que en octubre (12 de octubre) pueda regresar el prófugo.
Dentro del sector judicial, la asociación de jueces progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha adoptado una postura más matizada. Aunque reconocen que la aplicación de la ley puede ser "dudosa" en ciertos casos, el portavoz advierte que sería "desaconsejable" que el Gobierno emprenda acciones legales contra jueces por cómo interpreten la ley. Esto sugiere una prudencia en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, subrayando que, si bien el Gobierno puede expresar su opinión o incluso recurrir decisiones judiciales, la aplicación uniforme de la ley debe ser solicitada por los partidos implicados, como el caso de Junts, pero no por el Ejecutivo.
En resumen, mientras que el Gobierno busca avanzar con la ley de amnistía para asegurar la estabilidad política, sectores dentro del poder judicial, como JJpD, insisten en que cualquier acción debe ser manejada con cuidado para evitar conflictos mayores con la judicatura y con la justicia europea.
Un ministro está sometido a la deliberaciones del consejo de ministros ya a su cargo, y no se puede desdoblar cuando le conviene, es como un militar, y por ello su libertad de expresión está muy limitada... es mas complejo de lo expuesto en síntesis.
Separación de Poderes
