La querella presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación parece tener un claro objetivo: intimidar y frenar la investigación en curso sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, intrusismo y corrupción que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este movimiento legal se percibe como un intento de desviar la atención y obstruir la justicia, levantando serias preocupaciones sobre el uso del poder ejecutivo para influir en el poder judicial. Es decir, que como Pedro Sánchez quiere colaborar con la justicia, lo mejor es pre4sentar una querella contra el juez que ye investiga. Pero a pesar de la querella, el juez puede seguir investigando, porque la querella no paraliza la investigación.
El presidente del Gobierno anunció que se querellaba contra Peinado inmediatamente después de que el magistrado acudiera a tomarle declaración como testigo al Palacio de la Moncloa. Sánchez, que le había trasladado por carta su intención de colaborar con la Justicia, se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa y amparado en ese dispensa legal no pudo ser interrogado por el juez en relación a las reuniones del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez recomendó por escrito en adjudicaciones públicas, en la residencia presidencial, a dos de las cuales él habría asistido según la versión del empresario, que hoy está citado a declarar como investigado en los juzgados de Plaza de Castilla.
El TSJ de Madrid designa al magistrado Goyanes para decidir si prospera o no la querella.
Contexto del Caso
Begoña Gómez ha sido señalada por supuestas irregularidades, incluyendo reuniones en el Palacio de la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense de Madrid y empresarios como Barrebés, con el objetivo de financiar becas para el Máster de Transición Social. Las acusaciones indican que Gómez habría obtenido una cátedra sin tener la licenciatura requerida, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad y ética de estos actos.
La Figura del Juez Juan Carlos Peinado
El juez Peinado, conocido por su integridad y valentía, ha asumido la responsabilidad de investigar estos hechos que son de interés público. Su actuación ha sido aplaudida por muchos ciudadanos que consideran su labor como una defensa de la justicia y la transparencia en la administración pública. Peinado ha manifestado su disposición a recurrir a la justicia europea si es necesario, demostrando su determinación y compromiso con el estado de derecho.
Intimidación y Prevaricación
La querella contra el juez Peinado por prevaricación es vista como una acción intimidatoria, destinada a deslegitimar su trabajo y frenar el avance de la investigación. En este contexto, la prevaricación sería cometida por aquellos que, abusando de su poder, buscan proteger sus intereses personales y políticos a costa de la justicia. El presidente Pedro Sánchez ha sido acusado de permitir y facilitar estas reuniones y actividades cuestionables, lo que podría constituir un caso de prevaricación por omisión.
Reacciones y Consecuencias
La reacción ante esta querella ha sido de indignación y preocupación por parte de amplios sectores de la sociedad. Se percibe como un intento de silenciar a un juez que simplemente está cumpliendo con su deber de investigar actos que son de dominio público y que afectan a todos los españoles. La oposición política y varios colectivos ciudadanos han expresado su apoyo al juez Peinado y su rechazo a cualquier forma de presión sobre el poder judicial.
El Papel de los Partidos Políticos y el Consejo General del Poder Judicial
Es crucial que los partidos políticos de la oposición y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se posicionen en defensa de la independencia judicial. Aunque no puedan interferir directamente en el caso, su respaldo simbólico es fundamental para asegurar que los jueces puedan actuar sin temor a represalias. La independencia del poder judicial es un pilar esencial de la democracia, y cualquier intento de minarla debe ser condenado con firmeza.
Conclusión
La querella contra el juez Juan Carlos Peinado no solo representa un ataque personal, sino un intento de socavar la justicia en España. La transparencia y la integridad en la administración pública son valores que deben ser defendidos, y cualquier intento de intimidación contra aquellos que buscan la verdad debe ser rechazado. Al final, la verdad prevalecerá y los responsables deberán rendir cuentas. Es esencial que los ciudadanos y las instituciones se mantengan vigilantes y actúen en defensa de la justicia y la democracia. Es decir, nos encontramos ante una situación humillante para todos los españoles de bien, por culpa de un matrimonio presidencial que se cree impune ante la Justicia.
Ramón Palmeral
Alicante,31 de julio de 2024
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Enlace: Leer en El Confidencial:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este martes declarar ante el juez Juan Carlos Peinado que quería escucharle como testigo en el procedimiento en el que se investigan las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez. Desde su despacho en Moncloa, Sánchez se ha acogido al derecho a guardar silencio respecto a su esposa. Aún están pendientes distintos recursos presentados contra la decisión del instructor, informan fuentes jurídicas...
Otro:
El rector de la Universidad Complutense José Goyache se reunió en la Moncloa con Begoña Gómez
El Vicerrector Doadrio asegura que actuó siguiendo instrucciones.
El País de hoy 31 de julio en sección de España, escribe: "Según confirman fuentes del Ejecutivo, el mandatario ha tomado esta
iniciativa en -defensa de la institución de la Presidencia- y después de
acogerse a su derecho a no declarar como testigo..." O sea, que el bien lesionado es el crédito de la Presidencia del Gobierno, no los inquilinos.
