Moncloa.- 01-07-2024
Desde el PSOE evitaron ayer reaccionar públicamente al fallo judicial y prefirieron limitarse a trasladar, vía fuentes del partido, que "discrepan" con los "argumentos de la decisión acordada" por el Alto Tribunal. Pese a asegurar que no querían entrar a valorar las "consideraciones políticas que ha hecho el Supremo", acabaron valorando inmediatamente como "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada". "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", aseguran.
Desde Moncloa la reacción hoy ha sido más taimada, aunque deslizando la orientación que deben seguir los tribunales en su interpretación de la amnistía. La portavoz del Gobierno evitó entrar al choque institucional entre poderes, pero sugirió que la lectura que están haciendo los jueces no se atiene a la literalidad de la norma. "El texto de la ley es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley", ha señalado en rueda de prensa. Pilar Alegría recordó que la amnistía tuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja, algo "que no es menor", señaló. "Lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la ley", exhortó.
Sin querer entrar en un choque de legitimidades, la portavoz reiteró durante todas sus intervenciones que "el objetivo y el objeto de la ley son muy claros", en alusión, a que no van en la dirección que se ha interpretado por el Alto Tribunal. Fuentes gubernamentales aclararon posteriormente que lo previsible es que estas discrepancias, entre tribunales que sí están amnistiando los delitos y los que no, se acabarán de dirimir en el Constitucional.
La anulación de la condena por malversación por parte del Tribunal Constitucional al ex director de la agencia pagadora de los ERE considerados fraudulentos hasta la fecha por tres instancias judiciales abre la vía definitivamente al «indulto» de facto del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y parte de los condenados a cárcel. Se confirma también la principal tesis de defensa de Griñán: «El crédito nunca delinque». Previamente, tras la aceptación del recurso a la ex consejera Magdalena Álvarez el delito de prevaricación también quedó en solfa. En esta ocasión, con el recuso parcialmente estimado del ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano, se anula una condena, obligando a la excarcelación por primera vez en el «caso ERE».
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Francisco Maruenda /director de La Razón
Los peores presagios se van confirmando. Conde-Pumpido actúa como si fuera el dueño y señor del Tribunal Constitucional. El nivel de degradación no tiene parangón. Es un órgano más del Gobierno como si fuera el Ministerio de la Verdad que blanquea todas las iniciativas del sanchismo y la corrupción del PSOE. No hay otra verdad que la que le venga en gana con la ayuda de sus fieles magistradas sanchistas, aunque ahora puede contar con el voto del exministro socialista Campo. En este caso, además, es buen conocedor de la realidad andaluza ya que nació en Osuna. Es cierto que es mejor jurista que sus cuatro compañeras. La parte negativa es su dedicación a la política en el PSOE durante veinte años. Un año y medio después de dejar el ministerio fue nombrado magistrado del Constitucional. Hubiera sido más adecuado esperar algo más de tiempo. A pesar de ello, he de reconocer que tengo una buena opinión suya tanto personal como profesional. No comparto esta nueva etapa del Constitucional actuando como una nueva instancia que enmienda las sentencias del Supremo. Por supuesto, Conde-Pumpido sirve al sanchismo y se venga de Marchena, ya que no fue elegido presidente de la sala de lo Penal del Supremo.
Ahora tenemos un organismo que se dedica a consagrar la impunidad en beneficio de la casta socialista. El caso ERE es un escándalo impresionante, pero ahora sabemos que un parlamento es soberano y puede aprobar una norma que luego pueda ser utilizada para delinquir. Esto actúa como un bálsamo que exonera a los implicados a los que tendremos que pedir perdón, aunque se despilfarraran centenares de millones. Es igual que se hayan producido enriquecimientos ilícitos y actos ilegales, porque gracias a los pumpidazos ya sabemos que ser socialista es un pase de libre circulación por los códigos Penal y Civil. En un gesto de despotismo institucional ha impedido que la nota de prensa comunicando la sentencia incluyera la existencia de cuatro votos particulares. Ha decidido erigirse en el jurista de cabecera del sanchismo y blanquear todo tipo de desmanes, pero no tardará en dejar el cargo. Este será el balance de su carrera. No creo que sea muy bien recibido en los círculos jurídicos que tanto le interesan y preocupan. Ha defraudado a mucha gente.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).
