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El odio surgió de sus cenizas y acampó en el corazón de los anarquistas contra la derecha.
En Alicante surgió un brote del Alzamiento Nacional entre militares de la UME y guardias civiles desde que ganó las elecciones el Frente Popular, de la Izquierda Republicana, en febrero de 1936. Esto ocurrió debido a la anarquía y la venganza contra la derecha republicana de la CEDA, que había gobernado los dos años anteriores. Esta venganza se manifestó en violencia, como relatan los diarios de Alicante del 21 de febrero, que informaron en la primera página sobre la destrucción de redacciones y talleres de periódicos de derecha, el saqueo de las iglesias de Santa María, San Nicolás y Misericordia, con la quema de muebles y objetos de culto, y el asalto a las sedes de los partidos políticos conservadores, resultando en dos o tres muertos. Todas las iglesias hubieron de ser cerradas a cal y canto para evitar saqueos e incendios.
El gobernador civil, Francisco Valdés Casas de Izquierda Republicana, destinado en Alicante desde el 21 de marzo, se mantuvo pasivo ante los actos vandálicos de los anarquistas y republicanos, dedicándose a la llamada "orgía persa" (destruir todo lo relacionado con la CEDA).
Tras el asesinato tel día 13 del diputado Calvo Sotelo y del teniente de Asalto Castillo, la tarde del 17 de julio de 1936 estalló el Alzamiento en el Protectorado de Marruecos. Manuel Azaña era el presidente de la República de izquierdas. El gobernador militar de Alicante, era el general García Aldave, no se atrevió a declarar el estado de guerra y a desplegar fuerzas para controlar a los anarquistas y comunistas. Hizo todo lo contrario, acuartelando a las tropas en Alicante y Alcoy, específicamente los regimientos Tarifa 11 y Vizcaya 21, respectivamente. La compañía de la Guardia de Asalto no reprimía a nadie por ser leales a la República del Frente Popular. Los carabineros, también leales, eran una fuerza fiscal. La Guardia Civil se mantuvo a las órdenes del gobernador civil. El teniente coronel José Estañ estaba de permiso en Málaga y fue sustituido por el segundo jefe, comandante Enrique Ballenilla, quien no estaba de acuerdo con el gobernador respecto a la orden recibida de Madrid de que la Guardia Civil entregara todas las armas en los ayuntamientos, para luego entregarlas a la milicia republicana.
El 20 de julio llegó desde Valencia el diputado, y delegado del gobierno de la República en Valencia Diego Martínez Barrios, quien se entrevistó con el gobernador civil, y mando llamar al general Aldave, que días después fue sustituido por el coronel Rodolfo Espá, de su confianza. El coronel, tras recibir una delación de los panes de los rebeldes, ordenó detener a Aldave, Meca, Sinte, Ojeda y Ballenilla, condenados a penas capitales.
Se había formado bajo la dirección Gobernador civil Valdés Casas, una Comisión del Frente Popular contra el alzamiento, entre los que se encontraban los hermanos Botellas propietarios del periódico El Luchador, el alcalde Lorenzo Carbonell, el delegado de Trabajo José Papí, los diputados socialistas Villlalta, Agustíb Mora y el D. Ángel Pascual Devesa (amigo de Azaña). Grupo al que el capitán Considó calificó de directorio "contralzamiento", en la Causa General de Alicante.
De esta forma se abordó el Alzamiento en Alicante.
Posteriormente se creó la Guardia Nacional Republicana, que junto la guardia de Asalto de formó un año después. un Cuerpo de Seguridad Nacional.
Ramón Palmeral
Notas.-
Referencias: "La trama de la rebelíón en Alicante" del profesor Glicerio Sánchez Recio. IAC Juan Gil Albet 1990.
Esperaban tres años de guerra, muerte y 83 bombardeos.
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Sacas de pesos en Alicante por republicanos
Por Francisco Moreno Saenz
Saca en Alicante
Lo mismo ocurría con la segunda modalidad de asesinatos ilegales, las llamadas “sacas”, que consistían en la llegada de milicianos [republicanos] a cárceles, oficiales y “privadas” -es decir, controladas por los sindicatos y partidos- o depósitos municipales, sacar de allí, sin orden judicial, a detenidos -a veces, engañándolos con la excusa de trasladarlos a otras cárceles- y asesinarlos. Si en algunos casos pudo darse la circunstancia de que milicianos actuasen en este sentido por su cuenta, en otros -como la “saca” que se produjo en el Reformatorio de Adultos de Alicante en noviembre de 1936, como represalia por los bombardeos sobre la ciudad, y que costó la vida a 52 presos [de derechas]- no se pudieron realizar sin algún tipo de organización -camiones, ejecutores, etc- que requería la connivencia y participación de algunos partidos o sindicatos de los Comités locales del Frente Popular, que a veces elaboraron listas de aquellos a quienes había que ejecutar.
Hay que señalar, en este aspecto, que tanto en los “paseos” como en las
“sacas”, era frecuente que los ejecutores fueran milicianos de otras
localidades -a veces, llamados por convecinos de las víctimas-. Así actuaron en
los primeros años de la guerra civil, en la provincia de Alicante, auténticos
“señores de la guerra” que, con coches tristemente célebres -llamados “de la
calavera” o “la Pepa”, en La Marina Alta- campaban por sus respetos sin
respetar la menor legalidad, cometiendo robos y asesinatos. Un caso muy
conocido fue el del miliciano conocido como “El Pincelito”, autor de numerosos
crímenes en la Vega Baja del Segura que llegó a ser encarcelado, condenado por
las propias autoridades republicanas, si bien cuando ya había cometido muchos
desmanes.
El Estado republicano intentó controlar esta situación, aunque no disponía de
poderes coercitivos -hay que recordar que, por ejemplo, tanto la guardia civil,
en los lugares en que se había mantenido fiel a la República, como la Guardia
de Asalto habían sido enviadas al frente, y que la policía gubernativa era
escasa- y en agosto de 1936 creó los Tribunales Populares -en los que
participaban como Jurados representantes de los partidos y sindicatos del
Frente Popular, junto a técnicos en Derecho- para recuperar, de ese modo, el
control de la violencia. Estos tribunales -cuya actuación ha sido estudiada
por Glicerio Sánchez Recio- juzgaron a militares rebeldes y personas desafectas
a la República, condenándoles a muerte, a trabajos forzados o cárcel y multas.
Aunque por su composición -con jurados que representaban a los partidos y
sindicatos afectos al Frente Popular- y por el ambiente en que se desarrollaban
los juicios -con la presencia de convecinos que actuaban como testigos de
cargo- no se puede decir, de ninguna de las maneras, que actuasen con un mínimo
de imparcialidad, lo cierto es que su actuación constituyó un cierto freno a la
violencia ilegal 9.
También juzgaron algunos de los asesinatos cometidos por los republicanos al margen de la legalidad, pero -en los casos que conocemos- se inclinaron por la absolución, atendiendo a las características multitudinarias de algunos de ellos -como los cometidos en Aspe con la familia Calpena- o alegando enajenación mental transitoria en otros. De todos modos, que estos sucesos constituían un gran desprestigio para la imagen de la República, se puso de relieve incluso cuando, en algún caso, sus autores eran juzgados como reos de Alta Traición.
De todas estas víctimas de la represión republicana es posible que
algunas
estuviesen implicadas en la trama de la rebelión, pero es evidente que la
mayoría no lo estaba: la causa de su muerte fue su adscripción política, el
odio acumulado contra caciques [falangistas] y sacerdotes, las rencillas
personales, etc. La demonización del adversario político fue también la causa
de la tercera modalidad de los asesinatos producidos en la España republicana,
los que tuvieron lugar en los frentes, con la acusación -real o fingida- de intentos de pasarse al enemigo, pero también como consecuencia de los
informes emitidos por autoridades locales que calificaban de fascistas y, por
tanto, objetivo a vigilado a eliminar, a soldados de derechas.
Además de estos asesinatos, se produjeron también torturas, sobre todo en las
llamadas “checas”, lugares más o menos secretos que dependían de partidos y
sindicatos afectos al Frente Popular -tal vez con la única excepción de UR e
IR-, amenazas, marginación social, presiones, requisas e incautaciones,
condenas económicas, legales o decididas por los Comités del Frente Popular de
cada localidad para sufragar los gastos de las Milicias, etc. La existencia
evidente de una “quinta columna” era constante motivo de sospecha contra
cualquier persona desafecta a la República. Y las noticias que llegaban sobre la violencia ejercida por los sublevados no contribuían precisamente a
calmar los ánimos.
Hubo, pese a todo ello, voces que se levantaron en la España republicanaclamando contra la violencia, desde la de Indalecio Prieto a la del propio
Manuel Azaña. El primero, en 1938, decía: “No vengo a negar, ni a encubrirlo
con mi silencio, que en nuestras filas se han cometido desmanes, que se han
realizado crímenes; lo que sí afirmo es que estos desmanes y esos crímenes se
han producido bajo el espasmo que provoca en las muchedumbres la agresión
alevosa e innoble, y lo que pretendo demostrar es que los crímenes del otro
lado son crímenes organizados previamente, preparados anticipadamente”. Y
el segundo pedía, en un emocionante discurso pronunciado el 18 de julio de 1938
en el Ayuntamiento de Barcelona, “paz, piedad y perdón”. Entre los rebeldes no
es posible encontrar nada similar...
LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
