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El Senado deberá ser muy meticuloso en la fundamentación del conflicto de competencias que planea presentar ante el Tribunal Constitucional (TC). Aunque aún no ha tomado una decisión, esperará a lo que decida la Mesa de la Cámara Alta el martes y la votación del Pleno 24 horas después. Esto se debe a lo que considera una extralimitación de competencias por parte del Congreso en el proceso de tramitación de la ley de amnistía. El PP, que cuenta con mayoría en el Senado, sostiene que esta tramitación constituye en realidad una reforma encubierta de la Constitución. Por lo tanto, argumenta que la Cámara Baja está usurpando sus atribuciones al modificar la Carta Magna. Sin embargo, fuentes del TC muestran reticencias ante esta anunciada iniciativa, la cual el PP fundamenta en un informe de los letrados del Senado. Estas fuentes destacan que no es suficiente argumentar una hipotética reforma constitucional; el Senado deberá especificar las competencias que el Congreso habría invadido con la tramitación de la controvertida medida de gracia hacia el independentismo.
Recorte de Prensa.
Argumento de Convivencia en Cataluña
Creemos que la Ley de Amnistía merece el mayor de los rechazos", ha ahondado García, quien lidera el grupo popular en el Senado, que ya ha liderado la iniciativa para presentar un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional y ayer se aprobó un informe de rechazo a la amnistía por el impacto autonómico que tiene. "Quieren que la amnistía salga adelante solo con el 51% de los escaños del Congreso y no con la mayoría reforzada del Congreso y del Senado que conllevaría una reforma constitucional", ha argumentado. "Esta es una autoamnistía encubierta y a la carta, que privilegia a políticos que han cometido delitos y están condenados por ello", ha añadido la portavoz popular en el Senado.
La amnistía ha ido acumulando golpes duros en su tramitación ya que los letrados de las Cortes han elaborado dos informes demoledores, que ponen en duda la constitucionalidad de la norma. También la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado elaboró otro informe contrario. El Consejo General del Poder Judicial también se ha pronunciado en contra, mientras que la Comisión de Venecia alertó de que una iniciativa legislativa de la magnitud de una amnistía se debe hacer con el máximo consenso posible.
El portavoz del PSOE Juan Espadas ha mostrado un tono duro contra el PP porque considera que es un "fraude a los ciudadanos" los impedimentos que está poniendo a la tramitación de la ley. "Es un fraude de lo que son las funciones y las competencias de esta Cámara en un proceso legislativo. Senado y Congreso tienen tasadas sus funciones", ha afirmado, antes de reclamar al PP que "deje de usar y manipular" al Senado, acusando a los populares de "enredar". "Ya está bien de pedir un informe a todo el que pasa por aquí. Eso sí, luego se escucha al que se quiere escuchar", ha añadido Espadas, quien ha rechazado con rotundidad la petición de referéndum de Pere Aragonès y se ha mostrado molesto por el tono empleado ayer por el presidente catalán. Espadas, sensible a la financiación autonómica, le ha dicho a Aragonès que se tiene que negociar de forma multilateral para lograr un "modelo justo" con todas las autonomías.
Una de Fiscales
La mayoría del Consejo Fiscal ha expresado su indignación ante la actitud "desdeñosa" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en las tres ocasiones en la que le han pedido que debatan un informe sobre la futura ley de amnistía para enviarlo al Senado. También le han acusado de ocultar a este órgano la recepción de las cartas en las que la Mesa de la Cámara Alta le requería el dictamen sobre la norma pactada entre PSOE, Junts y ERC.
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) han denunciado la actitud de García Ortiz frente a los requerimientos del informe planteados por el Senado y han publicado un borrador sobre este dictamen que esperaban que se incluyera para su debate y aprobación en el Pleno del 25 de abril.
Esta es la tercera ocasión en la que los vocales de la asociación mayoritaria expresan a García Ortiz su voluntad de emitir el informe sobre la ley de amnistía. Y por tercera vez, el fiscal general les respondía simplemente remitiéndoles las dos cartas de respuesta al Senado en las que rechaza la solicitud. La última de ellas, enviada ayer mismo. Y es que la Cámara Alta le pidió por segunda vez que le remitiera el documento con su valoración sobre la futura ley.
En enero, cuando se supo que había recibido el primer requerimiento el 7 de diciembre y que no había dado respuesta al mismo, García Ortiz señaló que no lo había hecho hasta ese momento (el 23 de enero) porque aún faltaban algunos pasos para asumir oficialmente su segundo periodo al frente de la Fiscalía General del Estado.
En aquel momento explicó que no era competencia de la Fiscalía emitir ningún tipo de informe sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Y también aclaró que no lo consideraba oportuno porque cualquier opinión que él expresara podía condicionar la labor de los fiscales en sus funciones diarias.
Pero los vocales del Consejo Fiscal, que se enteraron "por la prensa" de lo ocurrido, expresaron su "estupefacción y rechazo" por la ocultación de esta petición por parte del fiscal general durante semanas.
