"Ni impasibles ni dóciles": protesta en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez
Los convocantes lamentan que Sánchez esté "cautivo de los independentistas" y "dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa a pesar de sus continuas derrotas electorales"
El centro de Madrid se ha abarrotado de miles de ciudadanos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Esta es ya la sexta manifestación que se celebra en la capital de España contra las concesiones del presidente del Gobierno a los independentistas. En esta ocasión, casi cien asociaciones y foros cívicos han convocado este sábado una protesta para pedir la renuncia del presidente, después de que la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' catalán haya dado un nuevo paso en su tramitación. A la concentración, que se celebró en Cibeles a las 12:00 horas, asistieron representantes del PP, Vox y Ciudadanos.
Las asociaciones, entre las que figuran Foro Libertad y Alternativa, Neos, DENAES, S'ha Acabat y Libertad Sin Ira, entre otras, ponen el foco en "el deterioro político, institucional y social que está sufriendo España desde que Sánchez es presidente". Creen que este "deterioro amenaza con alcanzar un punto de no retorno" y puede "arrastrar al país a un prolongado período de severa decadencia" que "ponga en riesgo" la democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y la pervivencia de España.
Los convocantes, bajo el lema 'Sobran los motivos ¡Sánchez dimisión!', arremeten sobre todo contra los acuerdos del Gobierno y el PSOE con los partidos independentistas, que incluyen la Ley de Amnistía, a quienes llaman "herederos de los terroristas que durante decenios han asesinado, torturado y amenazado" a ciudadanos españoles. Lamentan que Sánchez esté "cautivo de todos ellos" y "dispuesto a todo para prolongar su permanencia en La Moncloa a pesar de sus continuas derrotas electorales".
"La sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones pretende anestesiar a la sociedad, reducir la capacidad de reacción, agotar a la población y, en definitiva, que asumamos como inevitable un proceso cuyo fin último es perpetuarse en el poder y excluir de la posibilidad de acceso al gobierno de España, cuando menos, a la mitad de sus ciudadanos", aseguran en un manifiesto publicado con motivo de la convocatoria.
Los motivos
Asimismo, cargan contra "la colonización de las instituciones, la toma de los resortes del poder, la eliminación a la carta de delitos, los indultos a los socios del Gobierno, la tolerancia a la injerencia del régimen de Vladimir Putin en España y la UE, el nombramiento de miembros y colaboradores del Ejecutivo como magistrados del Constitucional o como fiscal general de Estado, el deterioro del control parlamentario con el abuso del Real Decreto Ley y las argucias para cercenar el debate en la redacción de las leyes y evitar el pronunciamiento de los órganos competentes".
Mencionan también "la aceptación de la existencia del 'lawfare', la investigación parlamentaria de los jueces y su sistemático hostigamiento desde el Parlamento, el intento de arrinconamiento o desprestigio a la Jefatura del Estado o a cualquier institución que ejerza su función de contrapeso, el cese de funcionarios o altos cargos independientes, la cesión integral de competencias soberanas como la inmigración, la condonación política de deuda de Cataluña, el aumento de las subvenciones a sindicatos en un 91% desde que Sánchez accedió a La Moncloa o la sistemática polarización de la sociedad", entre otros aspectos.
Los convocantes piden a la sociedad no asistir "impasibles y dóciles" a este proceso de "evidente demolición del Estado de Derecho". "No podemos darnos por vencidos, ni dejarnos llevar por el hastío", recalcan, antes de pedir transformar "la indignación en rebeldía y utilizar todos los recursos legítimos al alcance para defender las instituciones democráticas y la nación", materializada en la Constitución de 1978.
La manifestación, en definitiva, "pretende mostrar que los españoles no son ciudadanos sumisos y que no vacilan al exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni al denunciar este antidemocrático proceso 'desconstituyente' que, con engaño y ocultación, está desplegado de la mano de sus socios". "Si no logramos detener este proceso, nos conducirá a un largo período de decadencia y pérdida de libertades, análogo al sufrido por diversos países hispanoamericanos que han recorrido este mismo camino y que nos anuncian los riesgos a los que nos enfrentamos", advierten...
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El PP y sus barones advierten al PSOE por su responsabilidad histórica al "disfrazar" la amnistía
Proclaman su "frontal rechazo" a la "ley de impunidad" y rechazan que el presidente del Gobierno "haya elegido vivir extorsionado por el independentismo"
El PP afirma en un manifiesto firmado por su líder, Alberto Núñez Feijóo, y sus doce presidentes autonómicos que «la democracia española atraviesa uno de los momentos más graves de su historia» y advierte a «todo el PSOE» sobre su «responsabilidad histórica» por «disfrazar» la ley de amnistía como «un ejercicio de reconciliación”».
Los populares dieron a conocer ayer la «Declaración de Córdoba» fruto de los trabajos del cónclave que reúne a la dirección de los populares con los barones del partido para aunar una estrategia y políticas en común. El PP denomina la amnistía como «ley de impunidad» y carga contra todos los socialistas por asumir la tesis lanzada por el Gobierno de que es «un ejercicio de reconciliación» cuando, a su juicio, no lo es «ni específicamente en Cataluña ni tampoco en el conjunto de España». También, recrimina que «el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente» y condena que «el socialismo facilite impertérrito todo ello».
En dicho documento, los populares rechazan «con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado» y avisan de que el independentismo nunca había tenido «tanta capacidad de influencia». «La extrema debilidad del PSOE, sometido por voluntad propia al chantaje de las fuerzas políticas independentistas, le ha llevado a consumar el mayor ataque a la igualdad de los españoles y al Estado de derecho».
También hace referencia al «caso Koldo» y aseguran que el propio PSOE torpedea la investigación. «El intento del Gobierno central, a través de la ley de amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático y especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra hoy acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel, a la tercera autoridad del Estado y a otras instituciones o altos cargos del Ejecutivo», indica el PP.
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Hay un obstáculo de enorme calado en el camino de Carles Puigdemont a la amnistía y que también puede truncar sus planes de repetir como eurodiputado. Se trata de las cuestiones prejudiciales que pueden plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los jueces que tengan dudas sobre si esta ley es compatible con el Derecho europeo. Estas «consultas» pueden retrasar la aplicación de la futura ley y, por tanto, evitar que el expresidente de la Generalitat, si resulta reelegido, pueda cumplir con un requisito fundamental para acceder a su acta: volver a España a jurar la Constitución.
