La Unión Europea ante la encrucijada de la coherencia jurídica: El desafío de la Ley de Amnistía en España
La Unión Europea, una entidad que históricamente ha representado la defensa de los valores democráticos y el estado de derecho, se encuentra actualmente sumida en una crisis de coherencia interna y jurídica. Esta crisis ha sido especialmente evidente en los conflictos legales surgidos en el contexto del "procés" en España, así como en la aparente permisividad hacia un gobierno en España respaldado por partidos comunistas y nacionalistas separatistas, una situación que resulta preocupante para cualquier observador imparcial versado en derecho internacional. Sin embargo, se pliegan hacia la tendencia socialista de la alemana Von der Layen. Y la no entrega de los prófugos huidos por Bélgica, pensando que aún vive Franco y su dictadura. Ursula von der Layen (socialista) no nos conviene a los españoles cuerdos. No se puede nadar y guardar la ropa
Y encima de este desbarajuste-jurídico permiten nombrar eurodiputado al Puigdemont, sin jurar la Constitución en España para aforarle, y haciendo imposible su repatriación. ¿Esto es Europa? Incapaz de resolver nada ni con la frontera en las Irlandas del Norte, ni con flamencos, ni con nadie, es una nube burocrática tormentosa para no mojarse.
En medio de este panorama, surge ahora una propuesta aún más alarmante: la discusión sobre una Ley de Amnistía en España, elaborada por individuos condenados, que buscan absolver sus propios crímenes. Esta iniciativa, más que un gesto de reconciliación o justicia, representa un desafío directo a los principios fundamentales sobre los cuales se sustenta la Unión Europea.
La amnistía propuesta no solo socavaría los cimientos del estado de derecho en España, sino que también enviaría un mensaje peligroso a toda la comunidad internacional. Permitiría la impunidad para aquellos que han violado la ley y que, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, buscan eludirlas a través de medidas legislativas cuestionables.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿Qué podemos esperar de la Unión Europea ante esta vergonzosa propuesta de aquí no pasa nada? La respuesta debería ser clara y firme. La Unión Europea tiene la responsabilidad de defender los principios democráticos y el estado de derecho en todos sus Estados miembros. No puede permitir que se menoscabe la integridad del sistema judicial ni que se promulguen leyes que busquen proteger a quienes han cometido delitos graves contra la democracia y la convivencia pacífica.
Es crucial que la Unión Europea adopte una postura enérgica y coherente frente a esta situación. Debe instar a las autoridades españolas a respetar los principios democráticos y a rechazar cualquier intento de aprobar una Ley de Amnistía que viole los derechos fundamentales y de la Constitución. Asimismo, debe estar preparada para tomar medidas adicionales en caso de que se ponga en marcha dicha ley onminosa, incluida la posible activación de mecanismos de supervisión y sanción, para evitar un enfrentamiento entre españoles, que ya este ocurriendo.
En última instancia, la Unión Europea enfrenta una prueba crucial de su compromiso con sus valores fundamentales de la propia Unión y Concordia. Su respuesta ante la propuesta de una Ley de Amnistía en España será un reflejo de su inútil capacidad para salvaguardar la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en toda Europa. Es fundamental que no vacile en defender estos principios, ya que su credibilidad y su legitimidad como actor internacional dependen de ello. La Comisión de Venecia (a la sombra de Layen) ha sido el ejemplo de una directiva a la medida de Sánchez. Con un veredicto a la gallega, es decir, entre dos aguas, con el: "no sé si voy o vengo". Unión Europea en exceso permisiva y decepcionante.
Ramón Palmeral
Alicante- Nuevo Impulso.net
12-03-2023
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La Audiencia Nacional ha vuelto a respaldar al juez del "caso Tsunami", Manuel García Castellón, ante un nuevo recurso de uno de los imputados cuestionando la instrucción de la causa. En la resolución en la que rechaza esa pretensión, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera "procesalmente inaceptable" cuestionar "la existencia de la causa penal" -en la que se investiga por terrorismo los altercados provocados por Tsunami Democràtic en 2019 en protesta por la sentencia del "procés"- tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de avalar los indicios de terrorismo esgrimidos por García Castellón y acordando investigar a Carles Puigdemont por su supuesta responsabilidad en esas acciones de protesta, entre ellas la toma del aeropuerto del Prat o el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de La Junquera.
La Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, hace hincapié en que el alto tribunal señaló "la existencia de indicios de que se han cometido por los integrantes del movimiento Tsunami Democràtic delitos graves de carácter terrorista". Y llama la atención sobre el hecho de que la defensa del empresario Oriol Soler, más allá de recurrir las diligencias acordadas por el instructor, lo que hace es recurrir la propia existencia del procedimiento.
Además, le recuerda que solo son recurribles las decisiones judiciales que deniegan diligencias de investigación, pero no aquellas que las acuerdan, como sucede en este caso con la resolución recurrida.
