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La ley de Amnistía no debe sobrevivir en el Senado. Sino que debe ser enviada directamente al Tribunal Constitucional, y luego al Tribunal de Estraburgo y luego a La Haya por Traición.
La próxima semana, el Senado retomará su actividad plenaria con una agenda cargada de asuntos que actualmente cercan al Gobierno: el "procés", el "caso Koldo" y la renuncia a los Presupuestos debido a la falta de apoyo de los independentistas, y sobre la Ley de Amnistía. El Pleno de la Cámara Alta se llevará a cabo entre el martes y el miércoles de la próxima semana y, previsiblemente, se debatirá y votará al final del día el requerimiento al Congreso para que retire la ley de amnistía, un punto que se anticipa conflictivo y que podría desencadenar un choque inédito entre ambas Cámaras ante el Tribunal Constitucional (TC).
El PP y Vox han presentado una solicitud para que el Pleno del Senado plantee un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional por la amnistía, ya que, según lo definieron los letrados, constituye una "reforma encubierta de la Constitución". Todo indica que esta petición será tramitada el martes en la Mesa. Una vez calificada, podrá ser incorporada como punto del orden del día en un Pleno. Después de ser votada en el Senado, el Congreso tendrá un mes para responder, por lo que el plazo expirará el 3 de mayo: si no hay respuesta, se entenderá como denegado y la Cámara Alta deberá decidir si presenta el recurso ante el Tribunal de Garantías.
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Inicialmente, parecía que el recurso se presentaría, pero en los últimos días han surgido dudas debido al temor de que el Tribunal Constitucional lo rechace y debilite la estrategia jurídica que está llevando a cabo el PP contra la amnistía. La medida de gracia ya ha comenzado a tramitarse en el Senado y tiene como fecha límite el 16 de mayo, momento en el que debería regresar al Congreso para su aprobación final. La mañana del martes estará marcada por la amnistía, ya que se reunirá temprano la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para elaborar un informe sobre el impacto autonómico que tendrá esta norma. El informe se debatirá y votará el 8 de abril en una sesión en la que podrán intervenir los presidentes autonómicos y los miembros del Gobierno.
La sesión plenaria comenzará a las 16:00 horas del martes y el primer punto del orden del día será la sesión de control al Gobierno, con la ausencia de ocho ministros. En total, se realizarán 16 preguntas, de las cuales diez corresponden al PP. Además, el "procés" continuará siendo el centro de atención, ya que la portavoz de ERC, Sara Bailac, preguntará al Gobierno cuál es su propuesta para Cataluña después de que Marta Rovira haya revelado que ERC y Moncloa están negociando un referéndum.
