El abuso de poder corrompe las leyes y permite que los culpables escapen impunes, como ha sido evidente en España y otros países a lo largo de la historia. En ocasiones, se condenar "a toro pasado", especialmente tras cambios de color políticos de los gobierno, lo cual socava la credibilidad en el sistema legal y la fe en la justicia y el ordenamiento jurídico. Esto es lo que se llama a todas clara "despostismo ilsutrado" dado en las monarquías absolutistas del pasado.
Después de la aprobación, la semana pasada, de la Ley de Amnistía en el Congreso , la proposición ahora se encuentra en proceso de trámite en el Senado, mientras se espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su opinión jurídica esta semana. Juristas y expertos han sido consultados sobre la constitucionalidad de la norma, y enfatizan la necesidad de fortalecer la vía europea y mantener la presión internacional sobre la propuesta de ley. Por ejemplo, la Comisión de Venecia ha resaltado que toda amnistía debe cumplir ciertos criterios establecidos por el Estado de derecho, como ser aprobada por una amplia mayoría, sin urgencia en su tramitación ni como proposición de ley, para evitar eludir los controles institucionales habituales, y debe cumplir con la Constitución y las leyes internacionales. Criterios que la ley de amnistía actual no cumple.
"Por consiguiente, los expertos consultados consideran que el texto aprobado por el Congreso es "desalentador", especialmente en lo que respecta al delito de terrorismo, al proponer la exclusión de ciertos actos que no alcancen un umbral mínimo de gravedad para considerarse humillantes o degradantes para una persona, o que no sean capaces de provocar miedo, angustia o inferioridad de manera quebrantadora de la resistencia moral y física. El vicepresidente de Impulso Ciudadano y catedrático de Derecho Internacional Privado, opina que esta redacción es "profundamente inmoral, más allá de su aspecto jurídico", ya que brinda protección a delitos graves cometidos en 2017. "La sociedad española aún no ha asumido completamente lo que ocurrió en realidad", subraya.
La opinión jurídica sugiere que hemos caído en una "espiral perversa", donde no se puede tolerar que un estado democrático ampare a los delincuentes. Sin embargo, señala que esta deriva no puede entenderse sin considerar la creciente hostilidad hacia los jueces. Durante muchos años, se ignoraron las advertencias sobre la vulneración de los principios democráticos en Cataluña, pero este problema se ha extendido a toda España y podría afectar a toda Europa, si no se corta de raíz los despropósito de un presidente como Sánchez que pretende perpetuarse en el poder a toda costa, caiga quien caiga, pisoteando el Derecho enseñado en las universidades.
Ramón Palmeral
