La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado al juez Manuel García Castellón al mando de la investigación sobre Tsunami Democràtic. La Sección Tercera ha desestimado un nuevo intento por parte de uno de los imputados, en este caso Oleguer Serra, de apartar al instructor del caso. La defensa cuestionó su imparcialidad debido a su participación el 5 de octubre en una conferencia en Orense, durante la cual afirmó, al ser preguntado sobre la amnistía, que "en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible". Este incidente de recusación ya había sido rechazado previamente por García Castellón.
En su resolución, los magistrados no analizan el fondo del asunto argumentando que la recusación presentada adolece de un "defecto formal insubsanable", al carecer de poder especial para la recusación, por lo que la desestiman de inmediato.
Para la Sala, el rechazo directo de la recusación por parte del propio magistrado recusado, como ocurrió en este caso, "no viola ninguna norma procedimental", ya que esta posibilidad está contemplada en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo, se recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido que el derecho a recusar "forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías", lo que "no impide, por supuesto, que los órganos judiciales puedan rechazar la recusación sin entrar en el fondo de la misma", aunque esto sea excepcional.
La Sección Tercera señala, sin embargo, que aunque puede entenderse por la negativa del instructor que el incidente de recusación se rechazó por extemporáneo (dado que previamente se había rechazado otra solicitud por motivos idénticos de otro de los imputados), también se observaron "defectos formales" como la ausencia de poder especial, la falta de firma del recurrente y la falta de ratificación por parte del mismo.
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Yo me pregunto: ¿es que acaso no hubo pinchazos telefónico a Puigdemont y a la cúpula de la Genralitat? Sería ingenuo pensar que no se hizo. El llamado "tsunami democrático" fue terrorismo callejero en toda regla, además se hicieron escarches al puerta de los hoteles donde se hospedaban a guardias civiles y policía. A los duelos de hoteles se le hizo el boicot. Los barcos... etc...
¿Ah así!, el CNI le puso Pegasus a Aragonés, y la directora del CNI tuvo que dimitii, pero en qué país vivimos.
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¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en llega a la conclusión de terrorismo callejero de Puigmont?
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¿Lograrán los jueces y fiscales tumbar la ley de Amnistia antes de que salga aprobada?
Guerra de fiscales en el Tribunal Supremo, lo último que le faltaba a la ley de amnistía
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La carrera judicial por ver quién tumba antes la ley de amnistía está abierta y se calienta en cada curva (y eso que la ley todavía no existe). Es difícil que alguien pueda recuperar la ventaja que les lleva a todos el juez Manuel García Castellón, que es hasta capaz de descubrir delitos de terrorismo después de pasar cuatro años sin advertir de su existencia. Sin embargo, la contienda no se juega sólo en la Audiencia Nacional.
Este lunes, se produjeron hechos que no se dan con frecuencia. Alguno es hasta insólito. Estamos acostumbrados a ver magistrados conservadores que pisan el acelerador con el beneplácito de dos de las tres asociaciones judiciales. Ahora lo que tenemos en el Tribunal Supremo es un conflicto entre fiscales conservadores, porque uno de ellos ha decidido no alistarse en el ejército de García Castellón.
El informe que el fiscal Álvaro Redondo presentará el martes ante la Junta de Fiscales de Sala del Supremo rechaza que se puedan investigar las movilizaciones de Tsunami Democràtic como delitos de terrorismo, como pretende García Castellón, y por tanto que se pueda dirigir la misma acusación contra Carles Puigdemont...
