Sánchez, quien ascendió al poder en 2018 con el respaldo de los partidos catalanes y vascos, concedió indultos en 2021 a los nueve líderes separatistas condenados por su participación en el intento separatista. Al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición por el cual habían sido condenados.
Se nombre de una equivocada "concordia nacional" Sánchez se convierte en el mejor aliado de los separatistas catalanes y vascos. Y lo hayan porque Sánchez no tiene sentido de la unidad de España, como le sucede a los franceses. Las carencias de patria le lleva por peligrosos caminos de desintegración, a pesar de los codazos que recibe por parte de su aliados de conveniencia ocasional.
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Sin embargo, esta nueva concesión a los independentistas aumentó la tensión en el país. La derecha acusa al líder socialista, quien anteriormente se oponía a la idea de una amnistía, de estar dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder.
Se convocaron numerosas manifestaciones para rechazar la medida, y las últimas protestas de la derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid resultaron en enfrentamientos con la policía, escenas de violencia poco comunes en España.
Organizaciones afines al partido de derecha Vox llamaron a una nueva protesta, calificando la situación como un "golpe de Estado". La número dos del Partido Popular, Cuca Gamarra, criticó el acuerdo, mencionando que Sánchez humillaría a España al estar respaldado por un "prófugo de la justicia", refiriéndose a Carles Puigdemont.
La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al presidente del gobierno de implementar una "dictadura". El Partido Popular llamó a sus seguidores a concentrarse contra la medida, y se espera otra gran manifestación en Madrid.
Además de la oposición de la derecha y el sector conservador de la judicatura, que considera la amnistía como una amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta críticas de algunos barones moderados de su propio partido. Asimismo, la estabilidad de la mayoría que le permitiría ser investido nuevamente como presidente del gobierno es incierta, ya que el partido de Puigdemont y los nacionalistas vascos del PNV, cercanos al mundo empresarial, podrían tener dificultades para respaldar medidas clave del acuerdo de gobierno, como la reducción de la semana laboral a 37,5 horas.
