Alcaldes y dirigentes provinciales del PSOE están
recibiendo llamadas del alto mando del partido (¿será Bolaño? en Madrid para que
cierren filas y no se salgan del argumentario oficial en estos días
delicados en los que se va a conocer el texto de la ley de amnistía y el
alcance del pacto político que han firmado con el independentismo catalán y el nacionalismo vasco para avanzar en el «reconocimiento nacional» de Cataluña y Euskadi. (Si se critica abiertamente al amado líder -Sánchez- tiene contado sus días en el cargo que ocupar. Todos los dirigentes socialistas están enchufados con buenos sueldos).
Luces
rojas ante la «sensibilidad» del momento, y a pesar de que Pedro
Sánchez ya ha utilizado al Comité Federal para blindarse y espera sacar
el mismo provecho de la consulta a la militancia. Los toques de
atención dejan fuera a Castilla-La Mancha, feudo de Emiliano García Page
y donde Ferraz sabe que tiene mucho menos margen de injerencia (no es diputado y no vota). Pero en los demás territorios sí se están produciendo movimientos para mantener el marco actual de prietas las filas.
Los barones regionales son la primera correa de transmisión, pero las presiones están llegando a los segundos niveles orgánicos.
La
tarde de ayer fue larga en la mesa de negociación de la investidura por
las dificultades para reconocer a todas las partes sus exigencias en el
plano de lo que entienden como Nación catalana y vasca, y también, en
el caso catalán, en lo que toca a la alusión a la necesidad de «resolver el conflicto político catalán por vías democráticas», el eufemismo que esconde la consulta o referéndum en Cataluña.
Pero
ya sin marcha atrás en la negociación, la obsesión de Moncloa es que no
haya fugas internas que rompan el supuesto estado de aislamiento en el
que se mantiene Page a la hora de defender en público su «no» a la
amnistía.
El alcalde socialista de Ágreda, Jesús Manuel
Alonso, que también es diputado provincial, anunció ayer que votará en
contra del acuerdo de investidura de su partido con Sumar en la consulta
del PSOE, y pidió, asimismo, que se vuelvan a convocar elecciones para que los españoles decidan sobre la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña.
Para
Moncloa vienen días complicados en cuanto al desgaste, en términos de
opinión pública y de electorado, que acompaña a los pactos con Junts,
ERC, PNV y Bildu. Y no puede haber fallos entre los propios, a los que
intentan mantener en el redil con la presión del argumentario que dice
que todo lo que sea salirse del guion oficial es convertirse en un apoyo
a un gobierno del PP con la ultraderecha. La alternativa al acuerdo con Puigdemont no es un gobierno del PP con Vox,
que ya se ha visto que no tienen escaños suficientes para superar la
votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sino la convocatoria
de elecciones.
Según se haga público el contenido de
los acuerdos, Moncloa tendrá que lidiar con la oposición del Poder
Judicial, a la que tratará de poner sordina con el mismo argumento con
el que presiona a los suyos, el de que es una Justicia controlada por la
derecha. Y también del poder autonómico, controlado por el PP, y que se
levantará contras las nuevas cesiones concedidas al independentismo
catalán y al nacionalismo vasco en clave de equilibrio territorial.
No solo la investidura, sino que la legislatura en sí misma, si sale
adelante, vendrá determinada por los planteamientos procedentes de
Cataluña y Euskadi, donde se disputan pugnas extremas: la competencia
entre ERC y Junts, y entre PNV y Bildu condicionarán la relación de
estos partidos con el PSOE, cuando, además, hay por delante las citas
electorales del País Vasco (podrían adelantarse a marzo) y de Cataluña
(principios de 2025).
