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¡Oh, qué brillante idea la de ceder todo el control de la recaudación a la Generalitat! Seguro que eso mejorará enormemente la eficiencia y transparencia del sistema financiero nacional y autonómico. Por supuesto, ¿quién no quiere que Cataluña tenga su propia Hacienda? Después de todo, gestionar impuestos es tan sencillo como hacer malabares con motosierras.
Claro, reducir los ingresos para financiar servicios es solo una estrategia brillante. Después de todo, ¿quién necesita ese Estado de Bienestar tan sobrevalorado? ¿Educación, sanidad, servicios sociales? ¡Bah, son tan 2022! Vamos a darle un giro emocionante y dejar que cada región se las arregle por sí misma. Será como una competición para ver quién puede recortar más y aún así mantener una apariencia de civilización.
Y sí, claro, los catalanes han demostrado ser expertos en administrar sus propios asuntos financieros. Por supuesto, con todas esas tensiones políticas y divisiones, no hay manera de que esto cause algún tipo de problema. Pero hey, al menos podrán presumir de su Hacienda catalana mientras el resto de España se pregunta dónde fueron a parar los servicios públicos.
En resumen, ceder el control total de la recaudación suena como la receta perfecta para el éxito. ¡Enhorabuena por tomar decisiones tan sabias y bien pensadas!
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Sánchez, contra el ordenamiento constitucional y estatutario
Sánchez ha decidido pagar cualquier precio con tal de satisfacer su ambición personal. Con el comportamiento propio de un autócrata ha decidido que el Estado es él y dispone libremente de sus bienes. Es inaceptable. Es incomprensible que los socialistas apoyen a su líder con una fe ciega que conduce a que consagre mayores privilegios para Cataluña y el País Vasco. Se convertirán en naciones, algo manifiestamente inconstitucional, para que compre los votos que necesita para ser presidente del Gobierno. España está al servicio de sus caprichos. Los españoles de segunda tendrán que pagar el festín mientras el independentismo certifica el fin de la solidaridad, aunque seguirá enriqueciéndose a costa del resto de comunidades que son un conjunto de jugosas vacas para exprimir. Sánchez ha conseguido el éxito de unir al mundo de la Justicia, sin importar su ideología, con la concesión de que se investigue el «lawfare» o politización de la Justicia. Es una unanimidad insólita y que debería llevar a reflexionar. Es cierto que el ministerio es irrelevante y que su secretario de Estado de Justicia es un personaje tosco, sectario e ignorante cuyos conocimientos sobre la materia lo convierten en un excéntrico capricho partidista. Un licenciado en Derecho cuya experiencia se circunscribe a una alcaldía. Es una nueva expresión del desprecio del sanchismo por el mérito y la capacidad.
El ataque que sufre la Justicia es algo característico del autoritarismo democrático sustentado en que lo único importante es la expresión de la voluntad de la mayoría parlamentaria. La separación de poderes, como sucede en los países de Iberoamérica gobernados por los populismos de izquierda, es socavada por medio de mecanismos destinados a subyugar a jueces y fiscales. No hay que olvidar que los independentistas quieren controlar la Justicia en sus respectivas comunidades y los socios de Sánchez acabar con el sistema de oposiciones para colocar a amigos de izquierda radical en los juzgados. La ofensiva del «lawfare» busca deslegitimar el sistema judicial por medio de comisiones de investigación de carácter partidista que impondrán un relato falso sobre la rebelión independentista, como la definió Sánchez, contra el ordenamiento constitucional y estatutario.
Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
