Nocitia.- del 23-09-2023.- El PSOE de Madrid no quiere que se retransmita concentración convocada por el Partido Popular para mañana en la Plaza de Felipe II en favor de la igualdad de los españoles y en contra de una posible ley de amnistía. Es por esto por lo que ha enviado un burofax a Telemadrid solicitando detalles sobre los costes proyectados de un próximo despliegue informativo y la duración prevista de la emisión.
------------------Dudas la constitucionalidad de una eventual amnistía---------------
El hecho de que en varias sentencias recientes del Tribunal Supremo, acotando los límites de la prerrogativa gubernamental del indulto, se haya puesto en serias dudas la constitucionalidad de una eventual amnistía, puede llevar a la opinión pública a confiar en una actuación del Poder Judicial que desactive la pretensión de una inmunidad sobrevenida para los encartados en la intentona golpista del procés.
Sin embargo, el propio hecho de que España viva bajo un sistema democrático, es decir, en el que impera la separación de los tres poderes del Estado, convierte en un ejercicio muy problemático cualquier recurso de carácter judicial ante una ley aprobada por el Congreso, es decir, el Poder Legislativo, que haya seguido los correspondientes procedimientos parlamentarios. Es evidente que la medida de gracia, adopte la forma que adopte, que reclaman los nacionalistas catalanes para facilitar la eventual investidura de Pedro Sánchez, atañe directamente a la Justicia española, aunque sólo sea porque su concesión supondría una desautorización de la legitimidad de la actuación de los tribunales, pero lo cierto es que los instrumentos de los que dispone en este ámbito el Poder Judicial son escasos.
En cualquier caso, el recurso al silencio o la aceptación callada de esa vía jurídica no parece una opción adecuada. Así, desde el Tribunal Supremo se da por hecho, como hoy informa LA RAZÓN, que se producirá una reacción acorde al derecho si el Gobierno en funciones saca adelante su proposición de ley, aunque se circunscribiría al recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, al planteamiento de una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos, en base a la renuncia del Estado español a perseguir el fraude del dinero público implicado en las acusaciones de malversación.
Aunque el Parlamento ya rechazó en 2021, con el apoyo de la bancada socialista, por supuesto, que una amnistía encajara constitucionalmente, la, al parecer, perentoria necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en La Moncloa obrará un nuevo cambio de opinión entre sus diputados, como ya ocurrió con el uso de lenguas cooficiales en el Congreso. Con ello, queramos advertir que estará en manos de un Tribunal Constitucional de mayoría supuestamente progresista y presidido por un magistrado con notorias vinculaciones al partido socialista, como es Cándido Conde-Pumpido, resolver el recurso que puedan plantear los jueces. No se trata de prejuzgar, ni mucho menos de realizar juicios sobre intenciones, pero no es posible negar que la insistencia demostrada por el gobierno de coalición y sus prisas en renovar el TC legitiman las dudas suscitadas en la opinión pública sobre su imparcialidad.
