El gobierno de Sánchez es incapaz de de gestionar la nueva Ley de Vivienda, el Plan Nacional Hidrológico y recibirá migrantes de Centro América, de los centros de Guatemala y Colombia. (Por lo general, estos migrantes no son los más cualificados, sino los más necesitados, mano de obra barata, que hará más precario el empleo basura en España. Un gobierno de coalición roto desde hace años. Un gobierno que es incapaz de enfrentarse a los gerifaltes de Europa, para exigir más financiación para la valla de Ceuta y Melilla. Los acuerdos con Marruecos están bajo mínimo. ¡Elecciones generales ya!
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EEUU va a instalar dos nuevos centros en Guatemala y Colombia, aunque mantiene conversaciones para ampliarlo a otros estados de la región. Allí, los migrantes que quieran emigrar al país norteamericano podrán recibir información de ACNUR o la OIM en función de sus circunstancias personales y familiares. Posteriormente serán entrevistados por representantes de alguno de los países de acogida que han firmado el acuerdo con la Administración Biden -Canadá y España, por el momento, según representantes del gobierno estadounidense-, quienes evaluarán la posibilidad de acogida.
En el caso español, se estudiará si los interesados reúnen los requisitos para alguno de los supuestos, como la protección internacional, los permisos de trabajo y de residencia o de reagrupación familiar.
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La medida de EEUU viene a complementar otras similares de la Casa Blanca, como un programa que permite a 30.000 migrantes al mes llegar al país legalmente por avión desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. También han intensificado la recepción de extranjeros por vías legales con mecanismos como el Programa de Admisión de Refugiados.
"Reforzar las alianzas con América"
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que se trata de "una oportunidad para reforzar las alianzas históricas de España con los países de América Central y del Sur", y de impulsar "las vías de migración regular, ordenada y segura".
Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores inciden en que se trata de un gesto de "solidaridad" con los migrantes y que beneficiará a la imagen de España ante la Unión Europea a la hora de negociar el nuevo Pacto de Migración y Asilo, según el cual los países miembros deben negociar medidas migratorias con los países emisores.
El acuerdo con EE.UU se da a conocer dos semanas antes de la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a la Casa Blanca, donde departirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la situación de la guerra en Ucrania. También está previsto que traten la cooperación en la región de América Latina y el Caribe, así como la forma de afrontar "retos globales como la emergencia climática y la defensa de la democracia y de un orden internacional basado en reglas", según indicó el Gobierno español.
La política migratoria dual de EEUU
La iniciativa estadounidense se enmarca en la doble vía para combatir la inmigración irregular que Joe Biden puso en marcha desde su llegada a la Casa Blanca en 2021, compaginando la deportación de migrantes irregulares con acuerdos internacionales para impedir la salida de los países de origen.
"Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo", ha declarado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aludiendo a la fecha en que decaerán las medidas de protección fronteriza extraordinarias tomadas durante los primeros compases de la pandemia de Covid-19.
Como consecuencia, Estados Unidos prevé acelerar en los próximos días las deportaciones, llegando a triplicar el número de vuelos fletados con personas expulsadas del país, según previsiones de Seguridad Nacional.
Al mismo tiempo, Biden trata de ultimar una nueva regulación migratoria que permita expandir las restricciones llevadas a cabo en estos tres últimos años, ya que ha supuesto que la migración irregular hacia el país haya disminuido notablemente. Entre las medidas, al inmigrante que sea atrapado y deportado se le impondrá además una prohibición de cinco años de entrada al país.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha recordado en rueda de prensa que están fomentando la inversión privada en los países emisores de migrantes para evitar que esas personas "tengan que dejar sus casas". A ello ha añadido la asistencia humanitaria concedida a la región el pasado año por valor de 1.200 millones de dólares y el compromiso de colaborar en la formación y equipamiento de medio millón de sanitarios locales en los próximos cinco años para mejorar las condiciones de salud de la población.
El otro ala de la prevención migratoria consiste en acuerdos como el anunciado este jueves, o de financiación de países de la región para que controlen estos movimientos migratorios o los acojan allí. Blinken ha ensalzado en este sentido la labor de Colombia, que ha dado "un estatus de protección temporal de 10 años a aproximadamente 2,5 millones de venezolanos".
Así utilizan los “okupas” el recibo de una pizza para asaltar casas en Madrid (atención a este Puente de Mayo)
Una “técnica” de asalto a la propiedad privada que ha llegado a la capital desde Cataluña
La ocupación de viviendas no es nada nuevo. Ahora, recién aprobada la nueva Ley de Vivienda, muchos temen que las medidas de "salvaguarda" a colectivos vulnerables permita barra libre en la "okupación". A ellos se une que en vacaciones, en puentes, como en este de mayo, o, incluso, durante una vista de un par de horas al mercado más cercano, puede ser el tiempo que algunos desaprensivos necesiten para entrar y hacerse fuertes en la vivienda ajena. Y todo gracias a unas leyes que no acaban de hacerse fuertes y tomar medidas con los ladrones de la propiedad privada. Ahora una nueva técnica, utilizada con éxito en Cataluña durante años, se ha extendido por el resto de España. Especialmente en la Comunidad de Madrid, donde algunos la han celebrado. Para lamento de muchos otros.
La cosa no tiene mucha pega. Los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que eligieron asaltar. Detienen al repartidor y pagan la pizza. Tras ello, no se les ve el pelo durante un par de días. Al cabo de cuatro días “okupan” la casa.
Cuando llegan los agentes de la Policía, tras el aviso de los propietarios o los vecinos, puede demostrar con el ticket de la pizza que lleva más de 48 horas en la casa. Esto evita que sean desalojados de manera inmediata.
Los ladrones de la propiedad saben que cuando se puede “probar”, aunque sea con un triste recibo de pizza, que han estado en la casa durante al menos 48 horas, su caso debe ser examinado por un juez. A ello se suma la saturación de los juzgados en todo España, con lo que su caso, como tantos otros, pasa a un limbo que llevará meses, o quizá años, solucionar. Mientras, los “okupas” podrán, a voluntad, disfrutar de la “propiedad” asaltada.
La realidad es que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referidos a 2021, las decisiones judiciales firmes para desalojar a los okupas tardaron una media de 18 meses. Esto significa que los propietarios tuvieron que esperar más de un año y medio para recuperar su casa después de que fuera ocupada. Eso en el mejor de los casos.
