Ni Sanidad ni Exteriores han evaluado la Ley de Memoria Democrática
La norma prevé cientos de exhumaciones y la concesión de la nacionalidad española
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La Ley de Memoria Democrática no cuenta con informes del Ministerio de Sanidad ni de la cartera de Asuntos Exteriores, según información obtenida a través del Portal de Transparencia. Se trata de dos análisis de especial interés, por cuanto afectan a la intervención en fosas comunes y la concesión de la nacionalidad española a miles de ciudadanos extranjeros, en base a la norma que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Un texto que ha sido aparcado de momento por el Gobierno de Pedro Sánchez por las dificultades para llegar a un acuerdo con nacionalistas y soberanistas, pero cuajado de irregularidades respecto a los análisis preceptivos en el camino a su aprobación definitiva.
Sobre el plan masivo de exhumaciones que prevé la Ley de Memoria Democrática, no cuenta con el aval del Ministerio de Sanidad, a pesar de que la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de la Presidencia, recomendó un informe al respecto. «Es un asunto de salud pública, porque hay que intervenir en cientos de enterramientos y afecta a la sanidad mortuoria, que tiene que respetarse. Puede tener consecuencias graves», denuncia Guillermo Rocafort, historiador y experto en Memoria Histórica que ha solicitado los documentos a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En cuanto a la ausencia de un informe por parte de Exteriores, cuando la Ley de Memoria prevé «dar la nacionalidad a miles de extranjeros, es una información que tenemos derecho a conocer», insiste Rocafort. En este caso, el ministerio de José Manuel Albares contestó negando su aportación, alegando «que no es objeto de publicación y que hasta que no se apruebe la ley con su difusión en el BOE no lo hará público, contraviniendo por completo la doctrina del Consejo de Transparencia», lamenta Rocafort, «ya que esos informes hay que aportarlos desde el momento en que el Gobierno aprueba el proyecto de ley y da traslado al Parlamento». Interpelado Exteriores a través de Transparencia, respondió después que no existe tal documentación, según ha comprobado LA RAZÓN.
En lo que compete al ministerio de Carolina Darias, el informe nunca se llegó a emitir, desconociéndose los motivos de la omisión. Así lo transmitió la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad a una solicitud de Rocafort, que dio entrada el 15 de octubre a una petición de acceso a la información pública que quedó registrada con el número 001-061607 al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad resolvió «conceder el acceso a la información», dando traslado de que «en las bases de datos y archivos de este centro directivo no consta la existencia de informe del departamento al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática».
Argumenta Rocafort que la razón de la recomendación de la Oficina de Calidad Normativa radica en que –en el marco de la nueva Ley de Memoria Democrática– está previsto un plan masivo de exhumaciones de cementerios para recuperar cuerpos en fosas comunes, y, a este respecto, «hay una normativa sanitaria muy estricta en cuanto al desplazamiento de restos humanos a otras localidades», así como en relación a las condiciones sanitarias que se tienen que dar en tales procesos, «exigencias sanitarias que tratan de evitar futuras pandemias en caso de que los mencionados restos hubieran estado contaminados con virus agresivos», explica Rocafort.
Con ese fin existe una normativa del año 1974 denominada de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974, de 20 de julio) que establece condiciones muy exigentes al respecto, y que se han de cumplir en todo caso por ser cuestión de salud pública. Era una normativa «prevista para exhumaciones puntuales y aisladas, y donde además se citan los riesgos en las exhumaciones de un determinado grupo de restos humanos, en concreto los del Grupo I relativo a determinadas enfermedades infecciosas cuya exhumación podría ser prohibida por las autoridades sanitarias». Pero en este momento, con la Ley de Memoria Democrática, «por la que el Gobierno socialcomunista está decidido a levantar miles de tumbas y a exhumar decenas de miles de restos humanos, habría sido muy conveniente un informe del Ministerio de Sanidad a la hora de establecer unos requisitos sanitarios estrictos y claros de policía mortuoria, aplicables en todo el territorio nacional», a la hora de «evitar riesgos sanitarios y posibles pandemias provocadas por un movimiento ingente de tierras y de traslados de restos mortales entre los cementerios españoles como nunca antes se había visto».
Guillermo Rocafort llama la atención sobre el hecho de que «se acusó al PSOE de intentar provocar varias pandemias durante la Guerra Civil, introduciendo agentes infecciosos desde Francia por la frontera de Irún al objeto de que la población de la zona nacional sufriera una infestación masiva».
Concesión de la nacionalidad
La Ley de Memoria Democrática contiene una disposición adicional octava de concesión masiva de la nacionalidad española a cientos de miles de extranjeros:1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
En su opinión, «tampoco podemos obviar la negligencia del PSOE a la hora de gestionar pandemias y riesgos sanitarios como los que hoy vivimos», pues «este partido aplica su ideología sectaria aun a costa del riesgo que ello conlleva para la salud pública de los españoles». Considera Rocafort que «hoy es preciso el concurso de expertos en sanitaria mortuoria que expliquen a la opinión pública sobre los riesgos de aplicar un automatismo masivo en las exhumaciones, sin apenas controles sanitarios, que podría provocar problemas de salud pública entre la población, y la necesidad de que en todas estas actuaciones de exhumaciones estén presentes expertos en sanidad mortuoria a los efectos de impedir riesgos pandémicos innecesarios».
En cuanto al Ministerio de Exteriores, a pesar de que con fecha del pasado 28 de junio, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, recomendaba su propio estudio, consultado Exteriores por parte del Consejo de Transparencia, reconoce finalmente que «no consta en los archivos de este centro directivo la solicitud de informe alguno sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática».
Se trata de un ámbito en el que se cometieron fraudes en la concesión de la nacionalidad española por vía de la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, «como aquel por el que [en 2014] se retiró la ciudadanía española a 242 personas que desde Colombia se habían hecho pasar por descendientes de exiliados pagando 5.000 euros, llegando a adjudicar falsamente a emigrantes españoles ya fallecidos en el país suramericano decenas y decenas de hijos con multitud de mujeres diferentes», apunta Rocafort. Por este motivo «habría sido preciso» disponer de un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores a la nueva Ley de Memoria Democrática «que valorara estos antecedentes, los riesgos y las medidas que habría que aportar a los efectos de impedir fraudes masivos en las delegaciones consulares españolas por todo el mundo».
«De hecho», denuncia el también letrado, «se ha creado un efecto llamada en internet para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática en los últimos meses que podría provocar un colapso de los servicios consulares españoles en el extranjero y la organización de mafias que saquen un gran lucro al fomentar engaños» con este objetivo.
Por el contrario, el proyecto de Ley de Memoria Democrática sí cuenta con informes como el del Ministerio de Igualdad, que censuró el «estricto canon sexual binario del franquismo». Guillermo Rocafort deplora la actitud de Asuntos Exteriores, «el único ministerio que no ha aportado datos; el resto sí, incluso alguno comprometido».
Requisitos sin cumplir
►Hay una normativa de 1974 de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974, de 20 de julio) que establece condiciones muy exigentes y donde se citan los riesgos en las exhumaciones de un determinado grupo de restos humanos.►El concurso de expertos en sanitaria mortuoria es vital para explicar los riesgos de aplicar un automatismo masivo en las exhumaciones, sin apenas controles sanitarios, que podría provocar problemas de salud pública.►El Gobierno retiró en 2014 la ciudadanía a 242 personas de origen colombiano. Se hicieron pasar por descendientes de exiliados pagando 5.000 euros a una red para conseguir falsos papeles y probar así sus vínculos con España.
