La quimera del Ingreso Mínimo Vital: no llega a los más pobres
Cáritas denuncia que la prestación del Gobierno se deniega a uno de cada dos solicitantes que se encuentran en situación de exclusión severa en nuestro país
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El Ingreso Mínimo Vital es denegado a uno de cada dos solicitantes situación de pobreza severa. O lo que es lo mismo, la medida estrella del Gobierno para las personas en riesgo de exclusión no llega a quien más lo necesita. Es una de las denuncias que lanza Cáritas Española a través del informe «Análisis y Perspectivas 2021» elaborado por la Fundación Foessa. Se trata de un estudio que mide el impacto de la pandemia en la cohesión social en España como anticipo de la macroencuesta a 7.000 hogares que se presentará próximamente.
En la investigación presentada ayer, la ong de la Iglesia detalla que, hoy por hoy, la fórmula creada por Moncloa «ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes». Prueba de ello, son los obstáculos con que se topan quienes necesitan recurrir a esta ayuda. Tan solo una cuarta parte de los hogares, recoge Cáritas de su trabajo de campo, ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud. Es decir, más de dos tercios no lo han solicitado (el 68%) pese a contar con escasos o nulos ingresos. Un 6% de hogares lo ha intentado, pero han encontrado barreras burocráticas. Esto hace que solo un 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o lo tenga concedido.
«Hay una cuestión de acceso y de información, personas que no han sido capaces de solicitarlo por barreras a la hora de elaborar el formulario o acceder al soporte digital», apunta en este sentido la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, que resume estas barreras burocráticas en una expresión: «Una maraña administrativa de la que es muy difícil salir».
A este contexto, se unen además las trabas de los requisitos. «Pedimos modificaciones globales como la determinación umbral de ingresos, esto es, que se incluyan los referentes al año en curso en que se está haciéndose la solicitud y no el último año, debido a la situación cambiante de los solicitantes», expone Thomas F. Ubrich, del equipo que ha elaborado el informe. Desde Cáritas también reclaman que se redefina el concepto de unidad de convivencia en las solicitudes ya que, en palabras Ubrich «es muy estricta y debería ser más ampliar por lo complejo del perfil» de quien pretende acceder. También se lamenta que se deje fuera a los menores de 23 años de esta prestación.
Más allá del Ingreso Mínimo Vital, el grito de Cáritas pasa por certificar que hoy han en nuestro país 11 millones de pobres, 2,5 millones más que antes de la irrupción del coronavirus. Por primera vez desde 2007, las personas en la denominada exclusión severa superan los 6 millones de personas, un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.
Todo esto lleva a la Fundación Foessa a certificar que la exclusión ha dejado de ser un episodio coyuntural para mutar hacia un «fenómeno estructural de nuestro país». «Las crisis sucesivas, así como a las débiles políticas sociales y a un sistema de protección social incompleto que deja atrás a un sector cada vez mayor de la población», destacan en el estudio.
«Observamos atónitos como una ola gigante está azotando a la sociedad para muchas familias: inseguridad sanitaria, pérdida de ingresos, miedo y desconfianza al otro, desempleo creciente…», aprecia Ubrich. «La pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran perdedores», subraya. Así lo revela el indicador de la denominada integración plena, con la que se identifica a aquellos hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión. En estos momentos solo lo alcanza a 4 de cada 10 familias de España (el 41,2%), lo que marca un descenso de 7,4 puntos respecto del año 2018, cuando llegaba al 49,3%.
Con este escenario, el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades epor no tener acceso al mercado laboral o por la precariedad e inestabilidad del puesto de trabajo. Además, se disparan hasta el 14% los hogares con dificultades para pagar los gastos de la vivienda, la energía, el agua o internet. Aunque a pie de obra, en las parroquias, todavía no se puede calibrar si la subida del recibo de la luz repercutirá en una mayor petición de ayudas en esta materia, Natalia Peiro advierte de que hasta la fecha «ha habido una relación inversa entre los ingresos disponibles para las familias y los precios de los suministros».
Tampoco se aventura a valorar el efecto que tendrá en los más vulnerables el control de los alquileres de Moncloa, pero sí aprovecha para demandar un aumento del parque público de viviendas, una reclamación añeja de Cáritas. En esta misma línea, la plataforma eclesial hace un llamamiento a crear empleo decente, frenar la brecha digital como motor de exclusión social, reducir la pobreza infantil y juvenil, evitar la segregación de la población migrante, así como fortalecer los servicios públicos de salud mental.
