Desde diversos sectores gubernamentales, y a modo de globos sonda, se desliza la idea de retrasar la mesa de diálogo con la Generalitat hasta después de la celebración del congreso del PSOE o, en su defecto, celebrar el encuentro sin la presencia del presidente del Gobierno, lo que, de hecho, devaluaría la imagen de bilateralidad que se pretende ofrecer desde ERC. En cualquier caso, la cuestión no tendrá mayor repercusión en la opinión pública española, que, en general, ha dado por amortizado el procés, aunque, sin duda, incrementará la presión que sufre el presidente catalán, Pere Aragonès, por parte de sus socios de gobierno y de los extremistas de las CUP, que consideran que la política pactista de los republicanos sólo sirve para dar aire al Ejecutivo de Sánchez.
Que la estéril mesa de diálogo puede esperar e, incluso, que convendría que no llegara a celebrarse, es algo que parece asumido en el entorno de La Moncloa, que ve la desactivación de la crisis en Cataluña como una baza electoral que se niega a los partidos de la oposición. Es, también, a tenor de los últimos movimientos de Pedro Sánchez y de la nueva línea argumental de su discurso, la forma de aplazar un problema que, o bien, es fuente de agravios comparativos con el resto de las comunidades autónomas o, a poco que se complique el escenario, puede desembocar en la pérdida de un apoyo parlamentario fundamental a la hora de aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En realidad, la funcionalidad de la mesa de diálogo no va más allá de la propaganda, hasta el punto de que el propio líder de Unidas Podemos en Cataluña, Jaume Asens, ya ha advertido de que su formación no propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación, al menos, a medio plazo, a cambio del «blindaje del autogobierno», que no es más que un brindis al sol, dado que la autonomía catalana ya está blindada por la Constitución.
Por otra parte, y no menos importante, parece claro que los partidos de la coalición gubernamental están obligados a variar su estrategia política, centrándola en las cuestiones que más preocupan al conjunto de los ciudadanos, puesto que, prácticamente, todas las encuestas de opinión mantienen la tendencia de crecimiento del Partido Popular, con la sola incógnita, no menor, de si a Pablo Casado le bastarán los apoyos de VOX para alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria o se quedará al borde de la misma.
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Sánchez quiere posponer la mesa de diálogo con Cataluña a octubre
El objetivo es que sea después del Congreso que tiene previsto celebrar el PSOE
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Si de Moncloa depende, y consiguen contener las posibles presiones de ERC, la reunión pendiente de la «mesa» de diálogo con Cataluña recibirá otra patada hacia adelante y no se convocará hasta después del Congreso Federal del PSOE, previsto para los días 15, 16 y 17 de octubre, en Valencia. Para la parte socialista del Gobierno no hay prisa en abrir de nuevo ese «melón», del que, en un análisis pragmático y realista, temen que sobre todo salga «ruido» que haga sombra a la campaña de movilización, de un electorado que da síntomas de apatía, sobre el mantra de la recuperación económica.
En el entorno socialista aclaran ahora que Sánchez quiere, «como es lógico», que el con Cataluña sea «tranquilo», «sin demasiado ruido tras los indultos». «Un tiempo de sosiego», precisan, a modo de explicación, cuando se pregunta por la sensación de enmienda que dan las formas y el fondo del discurso de este arranque del nuevo curso político por parte del jefe del Ejecutivo.
La aprobación, el pasado mes de junio, de los indultos a los nueve líderes independentistas, condenados por sedición y malversación en el «procés», se presentó envuelta en una intensa campaña, alentada no sólo desde el independentismo sino también desde los entonces satélites activos de La Moncloa. El objetivo era ligar esta decisión con una gran operación de Estado que permitiría -según contaban- abrir una nueva etapa y un nuevo encaje de Cataluña en España para terminar con el «conflicto», en asimilación del discurso secesionista.
Tan altas eran las pretensiones que en el lado gubernamental hablaban de poder conseguir que la negociación bilateral con la Generalitat sirviese para encauzar un acuerdo, en el que vía, por ejemplo, de una nueva reforma estatutaria se hallara un sucedáneo de votación que enterrase el referéndum de autodeterminación.
Es verdad que ERC siempre ha negado en público que fuera a sentarse en la «mesa» con disposición a conformarse con la marca blanca de su consulta. Pero también el discurso de los republicanos forma parte de una puesta en escena que mira por el retrovisor al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la CUP y demás agentes movilizadores del secesionismo.
Las dos partes, Gobierno y Generalitat, saben que la negociación bilateral no llevará, en ningún caso, al referéndum de autodeterminación, pero sí confían en que pueda ser la función de la que salga un diálogo que permita, sobre todo, ganar tiempo para que ERC se recoloque en el pulso con Junts y el PSOE rentabilice en Cataluña los indultos y su voluntad de diálogo.
Con la drástica remodelación en su equipo el presidente del Gobierno ha aprovechado también para hacer limpia en la plantilla de interlocutores con el independentismo. En un tema tan sensible, de ser cierta la trascendencia, prácticamente histórica, de la que hablaba el gurú presidencial, Iván Redondo, hace unos meses, lo más lógico hubiera sido que Sánchez salvara de la quema a los «contactos» ya establecidos con ERC para dar estabilidad al proceso. Pero cayó Redondo. Fue rebajado de grado Miguel Iceta, aunque tuviera el «premio» de consolación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y ha salido la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que presumía de su buena relación con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. En medios socialistas apuntan que la recomposición es «general» porque afecta a «la esencia y las prioridades» de Sánchez ante el nuevo curso político. La dirección de orquesta ha pasado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que toma el mando en el diálogo con todos los socios de investidura.
Fuentes socialistas puntualizan, en la línea más oficial, que los cambios en esa interlocución responden al deseo de impulsar un «relevo generacional», y que los nombramientos de los cargos parlamentarios van en esa línea. Además de atender a «la necesidad» de terminar con la dicotomía entre Ferraz y Moncloa. «El objetivo es doble, un Gobierno más político y cohesionado, y una nueva Ejecutiva potente para relanzar al partido», añaden las citadas fuentes.
Como explicación oficial tiene su encaje, pero los movimientos de Sánchez están acompañados de otras derivadas que afectan a su también necesidad de reinventarse con un nuevo liderazgo y unas nuevas prioridades para corregir el distanciamiento con su electorado. Dos años son mucho tiempo en una Legislatura, pero la realidad es que hoy las encuestas coinciden en apuntar a una posible mayoría de la derecha, con acuerdo entre PP y Vox.
La pata más débil de esta nueva estrategia de reinvención del «sanchismo» está en la hipoteca con sus socios y con ERC. La precariedad parlamentaria del PSOE sigue siendo la misma, y, por tanto, continúa estando en manos del partido de Oriol Junqueras y de la voluntad de colaboración de los independentistas con su política de tomar oxígeno. La «llave» que Moncloa cree que le facilitará apaciguar al independentismo son los fondos europeos, el dinero que repartirá en los próximos meses a cuenta de Bruselas, y en una buena parte de la deuda de España, ya muy por encima de la media europea.
