El Gobierno del PSOE prepara una subida de impuestos de 80.000 millones
El PP le acusa de usar como «coartada» al comité de expertos para este ‘hachazo’ fiscal
El Gobierno prepara una subida generalizada de todos los impuestos por un importe de 80.000 millones. Con este alza, pretende acercar la presión fiscal (indicador que mide la suma de impuestos y contribuciones sociales respecto al PIB) a la media de la Unión Europea, situada en el 46,5%, 7,3 puntos porcentuales superior a la de nuestro país. En este escenario, el portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Castellón, denuncia que el Gobierno tiene «una agenda oculta» en el Plan de Recuperación, en el que se aborda la cuestión de aproximar la presión fiscal española a la media europea. Además, le acusa, en declaraciones a LA RAZÓN, de utilizar como «coartada» para cumplir el pacto de legislatura del PSOE y Podemos, en el que figura este aumento fiscal, al comité de expertos, que estudiará por encargo de Hacienda una reforma completa del sistema fiscal español, con «la excusa» de adaptarlo al siglo XXI.
En este contexto, Castellón alerta de que este alza afectará, sobre todo, a los bolsillos de la clase media y de las familias. De hecho, el comité de expertos repasará todos los beneficios fiscales, que suponen 60.000 millones de ahorro para los contribuyentes. Una gran mayoría de ellos serán eliminados por no responder al objetivo que persiguen, como el de los planes de pensiones, y otros por estar desfasados. Además, el grupo de expertos analizará un aumento de los impuestos especiales del tabaco, gasolinas y alcohol, así como una revisión del sistema de módulos por el que tributan los autónomos, pasando por un replanteamiento de las deducciones actuales del Impuesto sobre Sociedades y acabando por un plan de choque, en cuya elaboración participará la Seguridad Social, destinado a combatir la economía sumergida.
El comité comenzó su andadura a finales del primer semestre, después de las subidas impositivas que ya entraron en vigor desde el pasado día 1 de enero, como el alza del IRPF a las rentas más altas, el aumento del impuesto de Patrimonio a partir de 10 millones o la subida del IVA a las bebidas azucaradas. Castellón destaca a este diario como entre este y el próximo ejercicio el Ejecutivo habrá subido los impuestos 7.000 millones, aunque el grueso de la reforma fiscal que prepara entrará en vigor en 2023.
Armonización fiscal
Además, el comité de expertos analizará la armonización de los tributos cedidos a las autonomías. El Estado cedió a las comunidades de régimen común, todas salvo el País Vasco y Navarra, la recaudación con capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones de una cesta de impuestos, entre los que destacan Patrimonio y Sucesiones, figuras que ahora el Gobierno de Sánchez y ERC quieren armonizar en toda España, salvo País Vasco y Navarra, que se rigen por el concierto económico.
Además, les cedió parcialmente los ingresos y cierta capacidad de decisión sobre el IRPF y la recaudación, sin capacidad normativa, del IVA, Especiales y Sociedades. De ahí que, desde sus competencias, cada una adopte las medidas fiscales que le parezca más oportuno. Sus decisiones repercuten directamente en el bolsillo de sus contribuyentes. Así, las comunidades gobernadas por fuerzas de derechas, como la madrileña, andaluza, gallega, murciana, castellanoleonesa o vasca, son, por lo general, en las que menos impuestos se pagan. Esquerra, que acusa al Gobierno madrileño de practicar «dumping» fiscal, quiere que se pague lo mismo en Cataluña por Sucesiones que en Madrid, impuesto que no existe en la mayoría de los países de la OCDE. Algo parecido ocurre con Patrimonio. Esta armonización choca frontalmente con el espíritu de la LOFCA. Según Castellón, esta armonización supondrá una vuelta de tuerca para los ciudadanos que residen en comunidades con impuestos más bajos. De hecho, Sucesiones está bonificado al 99% en Madrid, Andalucía y Galicia. Esta subida supondría para una familia media madrileña aumentar su factura fiscal anual en 2.000 euros, según recuerda el portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados.
