Las claves de la reforma de las pensiones que ha aprobado el Gobierno
Cambios en el sistema
La supresión del límite de revalorización o los incentivos para retrasar la jubilación, entre los principales cambios
Dos jubilados en un curso de informática
El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
En sus grandes claves, la norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno del PP en el 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit y se ligará a la evolución de la inflación (IPC); y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional pendiente de cerrar.
Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
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Estas medidas, acordadas con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.
Ahora, el primer Consejo de Ministros tras el parón estival ha aprobado estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes. Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas.
Cambios en el sistema
El nuevo factor de equidad intergeneracional, en noviembre
Es el caso, por ejemplo, del nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir del 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo. En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.
Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya periodos transitorios de aplicación de esto en el caso de las pensiones máximas. En la mayoría de los casos estos coeficientes serán más bajos que los actualmente vigentes a cambio de retrasar el anticipo de la jubilación dos meses.
Los nuevos coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima.
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Estas decisiones buscan extender, de forma voluntaria, las carreras laborales con el objetivo de ir acercando la edad real de jubilación a la legal. También se prohíben cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Respecto a las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, se modifica el procedimiento de solicitud y se precisan más detalles de la peligrosidad y penosidad.
Revalorización
Las pensiones se actualizarán con el IPC (Es el índice de precios al consumo (IPC) es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo).
Asimismo, se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada (entre 4.700 euros y 12.000, según los años cotizados), en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.
En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a la misma al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.
En otro frente, sobre los autónomos, el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.
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