El gobierno de Pedro Sánchez dividido en opiniones sobre Puigdemont. Montero dice una coasa y Belarra todo lo contrario
La portazos del Gobierno defiende que Puigdemont debe ser juzgado, al margen del indulto a Junqueras
Casado alerta de que el Ejecutivo de Sánchez ha iniciado un “proceso destituyente” con los indultos
El Gobierno quiere lanzar mensajes de distensión en Cataluña y cree que los indultos a los presos del procés es uno de los más eficaces, pero eso no implica que esté dispuesto a facilitar que el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, pueda volver a España libre de culpa. Son procesos completamente diferentes, explica el Ejecutivo, y Puigdemont debe ser juzgado como lo han sido Oriol Junqueras y los otros 11 presos. De hecho, una de las decisiones que más ha alejado a ERC y a Junts es que el líder de los republicanos decidió quedarse en España y asumir las posibles consecuencias penales, y lleva tres años y medio en la cárcel, mientras el expresident, sin pactarlo con Junqueras, decidió escaparse y ha pasado todo este tiempo en una casa en Waterloo, a las afueras de Bruselas, donde recibe constantes visitas de sus fieles aunque no puede entrar en España porque sería inmediatamente detenido pese a que es eurodiputado. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, dejó muy claro que la decisión de aprobar los indultos, que está prácticamente tomada por los mensajes que manda el Ejecutivo, no implica que Puigdemont se vaya a librar del mismo proceso que ha sufrido Junqueras.
Lo que sí es probable es que si se le logra juzgar en algún momento, la pena sea menor, porque el Gobierno va a reformar el delito de sedición, pero este quedará con penas de cárcel importantes en cualquier caso, aunque no sean de hasta 15 años como ahora sino de aproximadamente un tercio, como en la mayoría de los países europeos.
“Puigdemont debe ser juzgado. No es de recibo que esté todavía huido de la justicia española. Ojalá podamos tener pronto la extradición del señor Puigdemont para que pueda ser juzgado en España. Son cosas diferentes. El Gobierno apuesta por un camino de reencuentro y de diálogo en Cataluña, pero Puigdemont debe ser juzgado”, sentenció Montero.
El Ejecutivo trata así de contrarrestar el argumento de que está perdonando todo a los líderes del procés y que quedarán sin pena. Los miembros del Gobierno recuerdan que los 12 presos que van a ser indultados ya han cumplido casi cuatro años de prisión en algunos casos y lo único que se va a hacer es adelantar unos meses su salida en tercer grado, que no iba a tardar en la mayoría de ellos. Además se mantendrá la inhabilitación, por lo que los efectos prácticos del indulto serán limitados, pero se trata sobre todo de una decisión política cargada de simbolismo como gesto a favor de iniciar una nueva etapa de diálogo. El Gobierno no ha criticado en ningún momento la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Junqueras a 13 años. Al revés: la ha aplaudido. Y no se va a mover de esa posición, que implica que el tiempo de la justicia no merece reproche, pero ahora llega el momento de la política y el Gobierno puede usar su capacidad de indultar desde este momento —antes no podía porque faltaban todos los trámites de la Fiscalía y el Supremo— y está dispuesto a hacerlo para facilitar la salida del conflicto catalán.
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La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra [podemista, comunista y pro independentista catalana de izquierdas], se ha mostrado partidaria de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers que se encuentran en Bruselas puedan volver a España y que no sean detenidos por la Policía, a a pesar de que pesa sobre ellos una orden de detención por su participación en el procés independentista catalán.
"Esta salida de España -de Puigdemont, Rovira, Comín y Ponsatí- tiene que ver con el proceso de judicialización", ha explicado la también futura líder de Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias en una entrevista en el Món a RAC1. "Acabar con esto tiene que ver con que ellos puedan volver, claro que sí; no es normal que no estén en España", ha sentenciado. Belarra ha insistido en la misma idea: "¿Cómo puedo defender que la policía los detenga? si queremos acabar con la judicialización y apostar por los indultos, sería una incongruencia descomunal"
¡Sería gravísimo y una colleja para la justicia española!
La ministra también se ha pronunciado sobre los primeros recursos que los presos condenados, en este caso Jordi Cuixart y Jordi Turull, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y sobre la posibilidad de que éste suspenda la sentencia del Tribunal Supremo, avalada por el Tribunal Constitucional. "Sería gravísimo y una colleja para la justicia española", ha valorado, pero ha desvinculado esta eventualidad de la propuesta de Podemos en el sentido de desjudicializar la política. "Apostábamos por la vía del diálogo y para que los presos salieran cuando nadie lo defendía", ha recordado.
La dirigente morada también se ha referido a la reforma del Código Penal para reducir las penas asociadas al delito de sedición y que daría más argumentación jurídica a los indultos. "Se está negociando entre los socios y estamos trabajando intensamente para llevarla al Congreso", ha señalado, Belarra, quien ha preferido no marcarse plazos al ser preguntada si eso sería antes del verano. "Me parece arriesgado atarse las manos con plazos", ha dicho.
Respecto a la mesa de diálogo ha reconocido que los independentista deben poder defender el referéndum. "Es enormemente legítimo", ha remachado la ministra. Sin embargo, Belarra ha abogado por una apuesta del Gobierno por el autogobierno "muy profunda. "Este es uno de los consensos generalizados que se puede llevar a la mesa y puede tener muy buena acogida", ha apuntado la ministra.
