Las autonomías españolas tienen más poder que algunos países federales.
La Conferencia de Presidentes autonómicos o llamados barones exigen reuniones bilaterales como lo va a hacer la Generalitat catalana y el Gobierno, bajo la excusa de un conflicto rufianista que han provocado ellos para debilitar al Gobierno al que tienen cogido por los cataplines.
El País Vasco quiere el mismo trato bilateral y más competencias.
El resto de las autonomías quieren reuniones bilaterales con Pedro Sanchez y su equipo de comunistoides sin preparación politicas razonable.
Rebelión de las CC AA: igual trato que Cataluña
La agenda del reencuentro de Sánchez y ERC ha puesto ya en alerta a las autonomías. No aceptarán que se rompan los equilibrios territoriales y exigirán «lo que reciba» la Generalitat
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La reforma del Estatuto de Cataluña de 2006 provocó por el efecto imitación una oleada general de reformas estatutarias en el resto de comunidades autónomas, que no querían quedarse atrás en el nuevo reparto de poderes dentro del Estado autonómico. Este principio del «café para todos» está tan consolidado que en la actualidad cualquier movimiento que altere los equilibrios territoriales tendrá de nuevo respuesta del resto de comunidades, igual que ocurrió en 2006.
La agenda de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de la Generalitat se desconoce, y es posible que tampoco se haga pública antes de que este foro de negociación eche a andar. Pero el jefe del Ejecutivo tiene enfrente no sólo a una parte de su partido y a la mayoría de la opinión pública, sino también a la mayoría de los barones, siempre que la imagen que salga de ese foro es la de que se hacen nuevas concesiones o que se ofrecen nuevos beneficios a Cataluña en perjuicio del resto del territorio autonómico.
La polémica sobre los indultos a los líderes independentistas será cuestión menor si en la negociación llegan a producirse acuerdos que rompen el actual modelo de equilibrio territorial. ¿Cuál es entonces el margen de negociación del Gobierno con la Generalitat? La parte socialista habla de financiación, de competencias, de inversiones, y hasta de un nuevo marco de relaciones. Y si se avanza por ahí, el País Vasco será el primero en ponerse en la fila, seguido del resto de comunidades autónomas.
«Mover una pieza del actual modelo autonómico no puede hacerse sin considerar los efectos en el conjunto. Y que ese movimiento provocará, a su vez, un rodamiento del resto de piezas de impredecibles consecuencias», explica uno de los presidentes autonómicos socialista.
¿El actual Estado autonómico puede enfrentarse a otro proceso de descentralización? Ésta es otra pregunta clave que ya acompaña a la apertura de esta nueva etapa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Hay que recordar que el informe que emitió el Consejo de Estado en 2006 ya proponía fijar límites a las competencias autonómicas porque, a su juicio, eran superiores a las de los Estados federales. Aquel informe fue por encargo del Gobierno socialista y no tuvo más efecto ni con ese Gobierno ni con los que le siguieron de Mariano Rajoy.
El margen de negociación del Gobierno de Sánchez está muy acotado por el contexto político, la división independentista y la exigencia del resto de comunidades autónomas. Aun así, en los últimos días desde el Gobierno hablan de referéndum, sin acotar en qué y para qué podría llegar a celebrarse esa consulta sin que afecte a la soberanía nacional. Una de las posibilidades que empieza a escucharse es que la consulta fuese sobre los acuerdos de la mesa de diálogo. De lo que dejan oficialmente fuera la autodeterminación.
Sin embargo, una de las «patas» de la mesa, JxCat, anticipó ayer, en una entrevista en «Más de Uno», Onda Cero, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que el foro fracasará, y que cuando esto ocurra el partido de Carles Puigdemont apuesta por una estrategia más enfocada a la confrontación para lograr la independencia. La mesa fracasará porque no tiene más sentido que hablar de la amnistía y de la autodeterminación, explicó Nogueras. Por otra parte, es cierto que todo el independentismo ha dado por superada la fase de la reforma estatutaria, igual que el pacto fiscal de Artur Mas. Pueden desdecirse, pero ésta es la posición sobre la que han sostenido el referéndum ilegal del 1-O, y volver ahí sería como reconocer dar un paso atrás. Cesión por cesión, insisten en el Gobierno de coalición.
El Gobierno tiene pendiente convocar la Conferencia de presidentes que reclaman comunidades y oposición. Y éste sería un buen marco para que se analizasen las consecuencias del diálogo bilateral con la Generalitat, que se abrirá en cuanto se activen los indultos a los condenados por sedición y malversación.
La primera cesión por parte del Gobierno de Sánchez con esta mesa de diálogo es el reconocimiento de la bilateralidad frente al principio de multilateralidad, que reclaman las demás comunidades, y que está protegido por órganos regulados como esta Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La última Conferencia de Presidentes se reunió l 26 de octubre de 2020, y no se ha reactivado tras el final del estado de alarma. Las críticas han llegado hasta desde el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.
