La Fiscalía pide 92 años de cárcel para la familia Pujol
Anticorrupción solicita una pena de nueve años de prisión para Jordi Pujol y de ocho a 29 para sus hijos
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La que ha sido una de las familias más poderosas e influyentes de Cataluña en el último medio siglo, con el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol a la cabeza, seguramente no podía ni imaginar que un día se sentaría en el banquillo acusada de corrupción. Ahora, ese día está un poco más cerca después de que la Fiscalía revelase ayer que pedirá para el ex líder de Convergencia y sus siete hijos penas que suman 92 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, blanqueo, fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes.
Anticorrupción pide una condena de nueve años de cárcel para Jordi Pujol –en su caso por asociación ilícita y blanqueo– y penas de ocho a 29 años para sus siete hijos. Su esposa, Marta Ferrusola, ha sido apartada de la causa in extremis por una demencia sobrevenida.
Y todo porque, según la Fiscalía, la familia Pujol Ferrusola «actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».
La pena más alta la reclama el Ministerio Público para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien imputa, además de los dos que atribuye a su padre, cinco delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2007 a 2012, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes. Además, solicita al tribunal que le imponga multas que suman casi 6,6 millones de euros.
Para su ex esposa Mercé Gironés, Anticorrupción reclama una condena de 17 años de prisión. Además, solicita una pena de cinco años de cárcel, y multas millonarias que alcanzan los 48 millones de euros, para cada uno de los diez empresarios que incluye en su escrito de acusación, a los que considera cooperadores necesarios en el presunto blanqueo por falsear documentos mercantiles.
Según el relato de la Fiscalía, el ex president acordó con Ferrusola «que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus hijos» en Andorra. Y decidieron que fuera su hijo Jordi quien «gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia».
«Red de clientelismo»
Jordi Pujol, subraya el Ministerio Público, «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el propio ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC».
Esos beneficios ilícitos, continúa, se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años».
El modus operandi que utilizaba la familia era, según el relato de la Fiscalía, que Pujol y Ferrusola actuaban «dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento» mientras Jordi Pujol Ferrusola, su ex mujer Mercé Gironés y Josep Pujol Ferrusola gestionaban los beneficios entre el resto de la familia.
Y para ocultar esos fondos, mantiene, recurrieron a la creación de «numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo», que permitieron a la familia Pujol Ferrusola «repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra».
