La Guardia Civil ha arrestado a otras 9 personas más acusadas de estafar cuatro millones de euros a más de cien personas a las que engañaron con la compraventa de viviendas
La Guardia Civil ha detenido en Guardamar y Elche a diez personas e investigado a otras dos bajo la acusación de estafar más de cuatro millones de euros a más de cien personas a las que engañaron con la compraventa de viviendas ofertadas a una cuarta parte de su valor de mercado, fraude que los investigadores han catalogado como "estafa piramidal". La cabecilla del grupo era una "estafadora histórica", de 50 años, que se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del rey emérito y les contaba que era una heredera de grandes fortunas para ganarse la confianza de su círculo de allegados y captar así a nuevas víctimas. La mujer, que padece una minusvalía física y se desplaza en silla de ruedas, ha ingresado en prisión y ya había sido condenada anteriormente por otras estafas en las que se hizo pasar por hija ilegítima del rey emérito.
Oportunidad 2020
La bautizada como operación "Oportunidad 2020" ha permitido intervenir en los registros 60.000 euros en efectivo, joyas valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama y gran cantidad de aparatos de tecnológicos, además de bloquear diez cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear los beneficios que obtenían. De hecho, en los ocho meses que llevaba actuando la trama en la provincia de Alicante blanquearon casi un millón y medio de euros mediante transferencias bancarias.
El grupo desarticulado operaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, así como en varios países europeos como la República Checa y Suecia.
El centro de operaciones de la organización estaba en Guardamar del Segura, donde un despacho de abogados era la tapadera para materializar la estafa.
Modus operandi
Según la Guardia Civil, el grupo buscaban en internet propiedades inmobiliarias y las ofertaba a inversores como "una ganga, aproximadamente al 20% de su valor en el mercado". Los interesados debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni siquiera visitar la propiedad.
Una vez captada una víctima, el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente.
El supuesto precio de las viviendas oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros y cuando los estafadores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado. Para evitar ser localizado empleaban identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes delitos.
La cabecilla del grupo cuenta con numerosos antecedentes desde hace más de dos décadas y ya ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores. Esta mujer, que padece una minusvalía física por la que necesita hacer uso de silla de ruedas y es dependiente, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey emérito, de tal forma que "se ganaba el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a los que les contaba que es heredera de grandes fortunas".
Alto tren de vida
La estafadores llevaba un alto tren de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella.
En las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluyendo en algunas viviendas la presencia de perros de guarda de razas potencialmente peligrosas.
Los compradores estafados pagaban la mayoría con dinero en efectivo y parte de los beneficios eran destinados por la red a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo. Entre los perjudicados figura una joyería a la que, mediante el método del timo del nazareno, la banda había estafado más de 20.000 euros.
El personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.
La operación ha sido coordinada por juzgado de Instrucción de Torrevieja y desarrollada por agentes