El Gobierno veta la presencia de Felipe VI en Barcelona
Ramón Palmeral
Las noticias de estos días me pillan los dedos contra la puerta, y es la de que el Rey Felipe VI no presidirá el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes 18 de septiembre en Barcelona, como viene siendo tradicional. La explicación que han dado es por motivos de seguridad. ¿Cómo?, no entiendo bien las causas y miro incrédulo en otros periódicos y leo en Libertad Digital que dice: El Gobierno acumula gestos para amarrar el apoyo de sus socios de ERC a los Presupuestos Generales del Estado. Mientras se veta, por el gobierno la presencia del Rey porque los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes (art. 64. 1. Constitución) en la entrega de despachos judiciales, como reclaman los independentistas para evitar su presencia, y, según el diario EL MUNDO, por recomendación del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho este miércoles un anuncio nada casual en el Congreso está tramitando los indultos a los encarcelados por sedición del “procés”, o más bien insultos al pueblo español.
Es inaudito y cobarde la decisión del Ejecutivo, sin duda alguna, se debe a la presión de los partidos independentistas catalanes, que le tienen cogida por la bragueta al gobierno de Sáncheztein, por no decir los cog... A este gobierno le debería dar vergüenza, alegar motivos de seguridad cuando se puede enviar 1.000 antidisturbios como si fuera un Barça - Madrid, pero no es el pueblo catalán a quien se teme, sino al oportunismo de los partidos políticos proindependentistas de Torra, Rufián, Borras, y compañía. Lo que sí pretende este gobierno socialista-comunista es restarle protagonismo a La Corona que con arreglo al artículo 1.3 de la Constitución, que dice: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria votado en 1978. Y cuando no se respeta la Constitución se está atentando contra todos los españoles, que es la única garantía jurídica que tenemos.
Artículo 56 dice:
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
El Rey, de ninguna manera, puede ser ninguneado, porque es garantía de unidad de España. El rey Alfonso XIII se marchó, cuando desde los balcones de los ayuntamientos se proclamó la ilegal II República, no en un plebiscito sino en unas elecciones municipales (si lo hicieron en Italia en 1946), en asalto al poder, ante la cobardía de los monárquicos, y, para evitar una guerra civil el Rey se marchó, y la guerra fue inevitable cinco años después. Porque lo primero que hizo la República fue quemar en mayo de 1931 más de cien iglesias conventos en toda España, y asesinaron a casi 5.000 sacerdotes y monjas, esto sí que es Memoria Histórica, para forzar al presidente Alcalá Zamora para aprobar la Constitución laica de la República, y conseguir la separación de poderes de Montesquieu.
Lo que pretenden los socialistas-comunistas es desarrollar, próximamente, un referéndum o plebiscito para la reforma el artículo 1.3 de la C. y caminar hacia la III República, siempre un camino incierto, imprevisible y peligrosísimo.
¿Pero en manos de quién estamos, quiénes nos administran? En cambio, los reyes y sí fueron a darles el pésame a los catalanes en el otoño de 2017.
Publicado en El Confidencia Digital de Madrid
El ministro de Justicia se cabrea ante el «¡Viva el Rey!» de los jueces: «Se han pasado tres montañas». El rey llamó por teléfono a Lesmes para decirle que lamentaba no haber podido asistir al acto.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha mostrado su enfado después de que los jueces coreasen «¡Viva el Rey!» antes de finalizar el acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados en Barcelona. «Se han pasado tres montañas», ha afirmado Campo dirigiéndose a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin darse cuenta de que estaba abierto el micrófono.
Estas palabras muestran el enfado de Campo por el apoyo de los jueces al Rey Felipe VI tras el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a que asistiera a este acto por la presión de los partidos separatistas en mitad de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
José Antonio Ballestero, vocal designado a propuesta del PP, se ha levantado de su asiento después de que Lesmes finalizase su discurso para instar a los asistentes a que coreasen un «¡Viva el Rey!». Los magistrados presentes se han sumado a esta iniciativa espontánea ante la mirada de Juan Carlos Campo y de Dolores Delgado, fiscal general del Estado.
En su discurso, Carlos Lesmes ha recordado al Gobierno de Sánchez que la figura del Rey tiene «una enorme dimensión constitucional y política». El presidente del CGPJ ha señalado que la tradicional presencia del Rey en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se remonta a hace 20 años, tiene un significado «simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey».
«Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función», ha añadido.
El Rey Felipe VI ha llamado por teléfono a Carlos Lesmes tras finalizar este acto para trasladarle que le «hubiese gustado» estar presente en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se ha celebrado y en el que su presencia fue vetada por el Gobierno de Sánchez.
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Discurso de Carlos Ledesma.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, expondrá mañana de forma oficial el malestar en el órgano de gobierno de los jueces y en la Carrera Judicial en general por la no asistencia del Rey Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces.
Así se ha acordado hoy en la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ.
Se planteó la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto, pero finalmente se ha acordado que Lesmes exponga mañana la posición oficial del CGPJ durante su discurso oficial.
Los jueces de la 69 promoción recibirán sus despachos en este acto que por primera vez en la historia no presidirá el Rey.
La presidirá Lesmes.
Seis vocales del CGPJ han emitido este mediodía una declaración sobre la ausencia del Rey: María Ángeles Carmona Vergara, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández Martínez, Carmen Llombart Pérez, Juan Manuel Moya y Gerardo Martínez Tristán.
“Lamentan profundamente” no contar con la presencia de Su Majestad en este acto.
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Sometidos a la incapacidad
Directa, explícita y cínicamente el gobierno ha manifestado que es incapaz de proteger al Jefe del Estado español. Declaración de incompetencia institucional típica de países bananeros donde impera la anarquía total.
Tajantemente, el ministro del interior, el tal señor Marlaska, se declara incompetente en sus funciones. Él ni pincha ni corta, el vice segundo le impone lo que tiene que hacer y no hacer; a él solo le queda achantar y humillar a sus hombres, a sus mandos y a todos los españoles.
El gobierno ha declarado que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no sirven para nada, son incapaces de cumplir sus funciones más básicas y fundamentales. Dado que proteger no es igual a mentir, el gobierno no lo sabe hacer. Solo mentir se le da bien, en ello son maestros consumados el jefe y compañìa.
El gobierno ha colocado a Cataluña al nivel de esos territorios donde no se puede entrar ni circular por estar apestados de mafias asesinas.
El gobierno declara Barcelona lugar incontrolable donde solo manda Torra y su turba. Allí nadie entra sin su permiso, si el gobierno español quiere cumplir con sus obligaciones de secundar al Jefe del Estado, que se atenga a las consecuencias. Y, nada sorprendente, Sánchez se baja los pantalones y mucho más ante Torra.
El gobierno tiene asumido que solo puede proteger a aquellos que, como el vice segundo, le tienen atado a su capricho.
El gobierno declara que el Jefe del Estado, el Rey de España, no merece que se pongan medios públicos del Estado a su disposición. Con ello le niega poder cumplir con sus funciones. A eso se llama secuestro de Estado.
El gobierno no tiene como prioridad cumplir con sus obligaciones constitucionales, ni siquiera las más básicas y elementales. Los españoles tenemos que tomar muy buena nota de ello, porque ello se llama reírse del pueblo en sus propias narices y con el máximo descaro.
El gobierno tiene abiertamente declarada la guerra institucional al Jefe del Estado. Le impide cumplir sus funciones, le confina en su residencia a través de privarle de la protección necesaria para su movilidad.
El gobierno ofende gravemente a las Fuerzas de Seguridad. Un desprecio mayúsculo considerarlas incapaces de cumplir sus funciones, de ser como son solventes, de ser la élite de nuestra Patria y defensoras del estado de derecho, ese estado que el gobierno no defiende, más bien todo lo contrario.
Como resultado de todo lo anterior, el gobierno desprecia, avergüenza, humilla y ofende severamente a todos los españoles y les coloca políticamente como hazmerreir en el ámbito internacional.
Hasta los países más atrasados y desgobernados se burlan de un país que se declara incapaz del más elemental funcionamiento auto-protector.
Un gobierno de tal nivel de incapacidad e incompetencia, es absolutamente indigno de representar ni siquiera al más lerdo de sus ciudadanos. El desprecio al pueblo que todo lo expuesto supone no se salda con explicaciones, con disculpas, ni con pedir perdón. Solo se salda con la dimisión incondicional.
Los españoles, todos, sin excepción, somos víctimas de un atropello inmisericorde por parte del gobierno. Aunque algunos no lo vean, otros lo tapen, otros más incluso lo aplaudan; los hechos son los hechos, al margen de opiniones. La realidad se impone sobre cualquier mentalidad, ideología, gusto o inquina. Realidad: el gobierno se declara incapaz de lo más elemental, que es proteger a un ciudadano.
El CGPJ explota contra el Gobierno tras el veto a Felipe VI: "Si no viene el Rey, no pinta nada el ministro"
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el malestar es "unánime" en el Gobierno de los jueces tras la decisión del Ejecutivo.
El veto del Gobierno de Pedro Sánchez al rey Felipe VI en la entrega de despachos a jueces mañana en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona ha provocado una gran "indignación" entre los integrantes del Consejo General del Poder Judicial CGPJ que preside Carlos Lesmes.
Se trata de la primera vez que el monarca no asistirá al acto desde que comenzó su reinado. Los jueces de la 69 promoción recibirán sus despachos bajo la presidencia de Lesmes y el acto se celebrará en el edificio de la Escuela Judicial a las afueras de Barcelona, en vez de la sala del Auditorio, situada en el centro de la ciudad y que en los últimos años había acogido la ceremonia.
El único representante del Gobierno en la ceremonia será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. También está previsto que acuda el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otras autoridades judiciales.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el malestar es "unánime" entre los miembros del Gobierno de los jueces tras la decisión de vetar al monarca por parte del Ejecutivo. "Es un acto estrictamente judicial. Si no viene el Rey, no pinta nada el ministro de Justicia", afirman.
La Constitución española establece que a todos los actos oficiales a los que acuda el Rey tienen que asistir el presidente del Gobierno o un ministro. Así lo establece el artículo 64 de la Carta Magna: "Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes". El refrendo es la delegación de responsabilidad del Rey a la persona que realiza el refrendo. La persona que ejerce el citado refrendo es, por tanto, la responsable de las acciones del Rey.
Las mismas fuentes apuntan que si "Felipe VI, que es el refrendado, no puede acudir al acto judicial, no tiene sentido que asista el refrendante que es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo". La decisión del Ejecutivo se considera una falta de respeto y un desprecio hacia el jefe del Estado.
El propio Campo respaldaba este jueves en una entrevista en la Cadena SER la decisión de que el Rey no acuda apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la monarquía, aunque rechazaba verbalizar que el Ejecutivo había adoptado la decisión: "La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar".
Mientras, la Comisión Permanente del CGPJ, un órgano criticado a veces por sus digestiones largas y pesadas, acordaba este jueves que el propio Carlos Lesmes exponga mañana de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la exclusión del rey Felipe VI del acto.
Cabe destacar que no se descarta que este viernes se haga publica la sentencia del Tribunal Supremo sobre el presidente catalán, Quim Torra, tras ser condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia, tras no retirar los símbolos golpistas de los edificios públicos de la Generalidad durante las elecciones.
La declaración de 6 vocales del CGPJ
Tras la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ un grupo de seis vocales del llamado sector conservador hacía pública una declaración conjunta en la que "lamentan profundamente" no contar con la presencia del Rey en el acto de mañana.
En el documento, los vocales recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución señala que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, razón por la que era costumbre que los principales actos de la vida judicial española, como son la Apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sean presididos por el monarca.
Añaden que el Poder Judicial español se fundamenta en esta "doble imbricación" (pueblo-rey), "de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia" . Por ello, insisten que la presencia en el acto de mañana en Barcelona de Felipe VI "no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles" sino también un "símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de derecho en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones".
Finalmente apuntan que las "circunstancias que impiden la presencia" del Rey en el acto de entrega de despachos, que no concretan en su declaración, les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, "símbolo de la unidad y la permanencia del Estado".
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha subrayado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es a quien hay que pedir responsabilidades en último término tras el "ataque a la monarquía" protagonizado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a quienes ha definido como "espantajos" del jefe del Ejecutivo.
"Son espantajos y señuelos de Sánchez para centrar y focalizar el debate en ellos y escapar de la responsabilidad que le compete a él como presidente de evitar el nivel crispación y confrontación que se está produciendo", ha señalado el portavoz nacional del PP en declaraciones a EsRadio recogidas por Europa Press.
El regidor madrileño ha cargado contra la estrategia de Pedro Sánchez para permanecer en La Moncloa, centrada en la "trinchera y en los bloques" y ha subrayado que para llevarla a cabo necesita "personajes secundarios" como los líderes de Unidas Podemos e Izquierda Unida.
Así, ha insistido en que Garzón, al que Sánchez le dió como "limosna una Dirección General y no un Ministerio", no es más que un "personaje a pie de página" en la política española e Iglesias es una "nota a pie de página".
Aunque ha dicho que deberían dimitir, ha recordado en cualquier caso que el "ataque a la monarquía viene del gobierno y está amparado por el presidente" y, en este sentido, ha reclamado no desviar el tiro ni el debate y exigir las responsabilidades al jefe del Ejecutivo central.
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Ahora son tres ministros conspiradores contra la Monarquía parlamentaria constitucional española.
