El juez requiere información sobre las subvenciones otorgadas al hermano de Ximo Puig
Anticorrupción había pedido los expedientes adjudicados a Francis Puig por el Consell y Cataluña para ver su compatibilidad
20/06/2020 -
VALÈNCIA. El conocido como caso Mas Mut, en el que está imputado por fraude de subvenciones Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, prosigue
sin prisa pero sin pausa. De hecho, a la petición de la Fiscalía
Anticorrupción al magistrado instructor, Juan Carlos Mompó, de que
solicite los expedientes adjudicados por el Consell y Cataluña para ver
su compatibilidad, se suma ahora la providencia emitida por Mompó en la
que admite la petición del Ministerio Público.
En la providencia firmada por el magistrado, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez dice que se una el escrito del Ministerio Fiscal, y que “se oficie a la Dirección General de Planificación estratégica, Calidad y modernización de la administración pública, únase y dese traslado a las partes que deberán aportar soporte informático para su grabación”.
Es decir, el juez solicita que se aporten los expedientes que pide la Fiscalía para poder cuantificar el dinero presuntamente defraudado y si, además, hubo un cobro doble de las subvenciones bajo sospecha.
Pero además, el magistrado también dice que ha lugar a la ampliación de la querella formulada por la querellante, en este caso la popular Eva Órtiz, y que “se practiquen las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal en su escrito”. Una diligencias que se3 sumarán a los informes policiales que está por llegar.
En dicho escrito, la fiscal del caso solicitaba que se recaben diversos expedientes adjudicados a mercantiles del empresario Francis Puig, y sus socios, los Adell Bover, por parte del Consell y de la Diputación de Barcelona para estudiar la compatibilidad de las subvenciones y los importes otorgados.
Así, el ministerio público pide al juez que recabe una copia de los expedientes de los contratos adjudicados durante los años 2015 a 2019 a Comunicacions dels Ports, productora de Francis Puig, desde la mercantil pública Xarxa Audiovisual Local SL, dependiente de la Diputación de Barcelona.
Además, requiere de la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana una copia de los expedientes correspondientes a las subvenciones del Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (Avalem Joves), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como del Programa de fomento de conversión a indefinido de los contratos temporales de determinados colectivos vulnerables otorgadas en el mismo periodo de tiempo a Mas Mut Produccions SL, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL.
Por último, reclama a la Tesorería de la Seguridad Social que remita los empleados que constaban dados de alta en estas últimas sociedades durante los ejercicios 2015 a 2019.
En la providencia firmada por el magistrado, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez dice que se una el escrito del Ministerio Fiscal, y que “se oficie a la Dirección General de Planificación estratégica, Calidad y modernización de la administración pública, únase y dese traslado a las partes que deberán aportar soporte informático para su grabación”.
Es decir, el juez solicita que se aporten los expedientes que pide la Fiscalía para poder cuantificar el dinero presuntamente defraudado y si, además, hubo un cobro doble de las subvenciones bajo sospecha.
Pero además, el magistrado también dice que ha lugar a la ampliación de la querella formulada por la querellante, en este caso la popular Eva Órtiz, y que “se practiquen las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal en su escrito”. Una diligencias que se3 sumarán a los informes policiales que está por llegar.
En dicho escrito, la fiscal del caso solicitaba que se recaben diversos expedientes adjudicados a mercantiles del empresario Francis Puig, y sus socios, los Adell Bover, por parte del Consell y de la Diputación de Barcelona para estudiar la compatibilidad de las subvenciones y los importes otorgados.
Así, el ministerio público pide al juez que recabe una copia de los expedientes de los contratos adjudicados durante los años 2015 a 2019 a Comunicacions dels Ports, productora de Francis Puig, desde la mercantil pública Xarxa Audiovisual Local SL, dependiente de la Diputación de Barcelona.
Además, requiere de la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana una copia de los expedientes correspondientes a las subvenciones del Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (Avalem Joves), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como del Programa de fomento de conversión a indefinido de los contratos temporales de determinados colectivos vulnerables otorgadas en el mismo periodo de tiempo a Mas Mut Produccions SL, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL.
Por último, reclama a la Tesorería de la Seguridad Social que remita los empleados que constaban dados de alta en estas últimas sociedades durante los ejercicios 2015 a 2019.
La causa
La
causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra
Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas
Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política
Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.--.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
Por el momento en esta causa se investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por los responsables de Mas Mut Produccions S.L y Comunicació dels Ports de las anualidades 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de determinar si los importes concedidos por Generalitat valenciana y catalana fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, es decir, si fueron empleados en el fomento de las lenguas co-oficiales en estos territorios en los medios de comunicación.
En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.--.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
Por el momento en esta causa se investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por los responsables de Mas Mut Produccions S.L y Comunicació dels Ports de las anualidades 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de determinar si los importes concedidos por Generalitat valenciana y catalana fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, es decir, si fueron empleados en el fomento de las lenguas co-oficiales en estos territorios en los medios de comunicación.
