(Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos)
Marlaska destituye al jefe de la Guardia Civil que ayudó a la juez a investigar al Gobierno por el 8-M
Los jueces no son ajenos a la polémica destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ordenado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. [No se puede cesar a un jefe de comandancia mientra está en una investigación para aclarar la verdad. Está claro que el coronel el estorbaba al Gobierno de Pedro Sánchez].
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, ha exigido a Marlaska que «explique los motivos» de su decisión y que «restituya» al mismo en su puesto «hasta que finalice la investigación» por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de la capital.
«Esperamos que no confluyan otras circunstancias que las apuntadas de ‘pérdida de confianza’, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal», en un tema que aparece «íntimamente relacionado con una instrucción penal en curso», advierten los miembros de la APM en un comunicado oficial emitido este martes.
Jueces y magistrados recuerdan a Marlaska que los «funcionarios policiales comisionados» por la autoridad judicial «para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices» que hubiesen recibido de la juez, sin interferencias de ningún otro tipo.
Es decir, los agentes han de responder exclusivamente frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus indicaciones. «Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido» puede suponer «una interferencia en la función judicial» que afectaría al principio de «independencia constitucionalmente protegido» y que podría conllevar consecuencias penales, subraya el documento de la APM.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, ha exigido a Marlaska que «explique los motivos» de su decisión y que «restituya» al mismo en su puesto «hasta que finalice la investigación» por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 51 de la capital.
«Esperamos que no confluyan otras circunstancias que las apuntadas de ‘pérdida de confianza’, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal», en un tema que aparece «íntimamente relacionado con una instrucción penal en curso», advierten los miembros de la APM en un comunicado oficial emitido este martes.
Jueces y magistrados recuerdan a Marlaska que los «funcionarios policiales comisionados» por la autoridad judicial «para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices» que hubiesen recibido de la juez, sin interferencias de ningún otro tipo.
Es decir, los agentes han de responder exclusivamente frente al Juez Instructor y actuar conforme a sus indicaciones. «Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido» puede suponer «una interferencia en la función judicial» que afectaría al principio de «independencia constitucionalmente protegido» y que podría conllevar consecuencias penales, subraya el documento de la APM.
La destitución del coronel Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, por una supuesta «pérdida de confianza» en su labor, seguida de la dimisión del director adjunto de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, «refleja la gravedad de lo ocurrido» en las últimas horas, apuntan en su nota los jueces y magistrados de la principal asociación profesional de la judicatura de España.
«La profesionalidad, saber hacer, dedicación y absoluta lealtad de los agentes, probada día a día y en las circunstancias más complejas, es lo que permite a los Jueces» realizar su labor, añaden desde la APM. «Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza» de los ciudadanos en las instituciones judiciales y favorecer futuros y «eventuales intentos de controlar» la actuación del Poder Judicial, concluyen.
Policía Judicial
La Constitución Española protege la división de poderes y la independencia de la Justicia que «se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», remarcan los miembros de la APM en su nota.
«Mientras la Ley de Enjuiciamiento Criminal siga en vigor, la instrucción de las causas penales corresponde exclusivamente a los Jueces» que para el desarrollo de las investigaciones pueden recurrir a la ayuda de los agentes de las Unidades de la Policía Judicial. Además, la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «precisa y blinda» a esos funcionarios policiales de manera que «no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma» o por decisión expresa del juez competente.
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Marlaska no puede estar por encima de los jueces ni de la Ley
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