Título de la editroial de ABC: "Agitación, propaganda y mentiras"
Fernando Grande-Marlaska está utilizando el estado de alarma y algunas instituciones apolíticas para censurar y atemorizar a quien pretenda ejercer la libertad de información
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Cuarenta y ocho horas ha tardado el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil en dar explicaciones sobre su misión de «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». Esta inédita afirmación del domingo solo fue matizada ayer, martes, con el argumento de que la Guardia Civil está para servir al Estado combatiendo bulos mientras dure la alarma, y no para perseguir o coartar la libertad de información. Sin embargo, la evidencia se impone sobre la capacidad de La Moncloa de fantasear con la verdad. No fue un lapsus, como inicialmente sostuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni un error, como matizó después. Es mucho más grave porque el episodio conlleva una alarmante merma de la calidad democrática.
El general se limitó a leer una instrucción dictada y transcrita por Interior, y así constaba desde el 15 de abril en un correo electrónico interno de la Benemérita. En ella se instaba a la Guardia Civil a «identificar noticias falsas y bulos susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno (sic)». No hubo error ni improvisación por parte del general, sino un mandato expreso del Ejecutivo para imponer una suerte de estado parapolicial en el que cualquier crítica a su gestión debe ser perseguida. Marlaska está utilizando el estado de alarma y algunas instituciones apolíticas para censurar y atemorizar a quien pretenda ejercer la libertad de información. Se está justificando con una coartada jurídica inadmisible un estado de vigilancia propio de regímenes autoritarios y, en definitiva, se está «monitorizando» al ciudadano para anestesiarle con «verdades oficiales» inalterables. Por eso tampoco fueron un lapsus las palabras de ayer de otra ministra, Isabel Celaá, cuando afirmó en defensa de Marlaska que el Gobierno «no puede aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos en definitiva (…) que van en contra de la credibilidad de las instituciones públicas». Es el clima de extorsión intelectual y de agresión a las garantías que se está imponiendo en España. Mejor haría Celáa en reprocharle a Iglesias las veces que ha socavado la credibilidad del Parlamento o de la Monarquía con expresiones despectivas e insultantes.
Este Gobierno aplica una doble vara de medir la verdad, y miente. Tanto, como para inventar -y supuestamente pagar con dinero público- la creación de miles de perfiles falsos en redes sociales para ensalzar la labor de Sánchez. Crear un ejército de «seguidores fantasma» para «minimizar» o combatir las críticas sí es un bulo propio de un Gobierno prevaricador: agitación pura y dura con Iglesias instalado en La Moncloa. No es casualidad. «¿Propaganda o educar?», le preguntaron a Iglesias en 2014. «Propaganda, sin lugar a dudas», respondió. Ahora es el cómplice de Sánchez en el destrozo de las libertades en España.
