La patrulla fronteriza tiene bajo custodia a menos de 100 indocumentados, cuando hace un año la cifra rozaba los 20.000
La
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés) ha expulsado a cerca de 10.000 inmigrantes sin papeles que han
cruzado la frontera de Estados Unidos desde que se puso en marcha el 21
de marzo una medida que le permite a los agentes devolver a los indocumentados sin necesidad de iniciar un proceso en sus centros. Las nuevas reglas, amparadas en atajar la propagación del coronavirus, afectan a los detenidos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras,
que son devueltos al país vecino del sur o a Canadá. Actualmente, la
agencia tiene bajo custodia a menos de 100 indocumentados, en
comparación a los casi 20.000 de hace un año, según ha dicho este jueves
el jefe interino de la oficina de la CBP, Mark Morgan, en una rueda de
prensa telefónica citada por medios locales.
Los
inmigrantes sin papeles “tienen problemas que no quiero saber y en
muchos casos, son criminales”, dijo el martes el presidente de EE UU,
Donald Trump. Amparado en la crisis sanitaria y la necesidad de evitar
contagios, el mandatario aprobó el 20 de marzo una medida de emergencia
que acelera la explusión de los indocumentados. Desde la implementación
de esta política, avalada por el Centro de Enfermedades y Prevenciones
(CDC, por sus siglas en inglés), los cruces ilegales en la frontera han
caído un 56%.
Las organizaciones que ayudan a los
solicitantes de asilo acusan al presidente de utilizar la pandemia como
excusa para cerrar la frontera a los que buscan refugio, “violando los
acuerdos internacionales”. Morgan sostuvo que las solicitudes de asilo u
otras formas de protección humanitaria aún están disponibles para los
migrantes que muestran un “nivel apropiado de miedo”, aunque no está
claro cómo lo pueden constatar, ya que también afirmó que “los que están
indocumentados o no tienen autorización son rechazados”.
La
CBP informó de que la cantidad total de migrantes detenidos en la
frontera cayó a 33.937 en marzo, un 7% menos que en febrero. El perfil
de los que llegan ha cambiado en el último año. Ahora los adultos
solteros mexicanos representan entre el 70 y el 75% de los detenidos, y
el resto proviene principalmente del Triángulo Norte de América Central.
Los agentes les toman las huellas dactilares donde los encuentran y, si
no tienen antecedentes criminales, son enviados a México o Canadá. Si
el país vecino no los puede recibir porque no cumplen con los requisitos
del acuerdo, son deportados directamente a sus países de origen, según
el Departamento de Seguridad Nacional.
“La Administración
Trump está llevando a cabo las políticas antimigratorias que ha querido
poner en práctica desde el día uno. El Gobierno quiere proteger a los
ciudadanos, pero también cerrar la frontera, por lo que este escenario
le conviene”, explica la abogada Shana Tabak, directora ejecutiva del
Centro de Justicia Tahirih, que ofrece servicios legales a las
inmigrantes. Tabak visitó en noviembre los campamentos montados en
Ciudad Juárez para los expulsados, donde la situación, según describe,
es “deplorable”, con nulas medidas sanitarias. “No puedo ni imaginarme
que alguien que solo quiera protegerse del virus lo logre en esas
instalaciones”, lamenta.
Los albergues suelen estar por
encima de su capacidad, especialmente desde que se implementó en enero
de 2019 el programa Quédate en México, que impuso Trump y que el
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acató, por el que los
migrantes que tramitan su asilo en EE UU esperan la resolución en
México. Según fuentes del Gobierno mexicano, los centros “funcionan
adecuadamente dentro de sus capacidades, sin sobrecupo”, y “en aras de
proteger a personas vulnerables”, no están aceptando a menores si no
están acompañados ni a personas mayores. Tampoco admiten a ciudadanos de
otras nacionalidades distintas a las del Triángulo Norte ni a migrantes
que se encuentren previamente bajo custodia de las autoridades
estadounidenses.
En Estados Unidos “están tratando igual a
los solicitantes de asilo, con documentación que respalda sus
circunstancias, que a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la
frontera, lo que viola la Convención sobre refugiados y el derecho a
asilo”, explica Eleanor Acer, directora del programa de Protección de
Refugiados de Human Rights First. Además de la vulneración de derechos,
Human Rights First denuncia que los agentes fronterizos no son los
indicados para atender a un infectado. El lunes, la CPB anunció que 160
agentes han dado positivo. Aún no ha informado si algún migrante bajo su
custodia está contagiado.
El Departamento de Seguridad
Nacional defiende que la CBP cuenta con procedimientos para manejar la
situación, pero que con la pandemia el sistema de salud y los
profesionales “se necesitan para atender a los ciudadanos
estadounidenses y residentes legales”. Trump, consultado por Univisión
en una rueda de prensa la semana pasada sobre la situación de los
inmigrantes que trabajan sin papeles en Estados Unidos y que, por ende,
no van a recibir las ayudas federales, dijo “es una pregunta muy triste,
pero ellos vinieron ilegalmente, y tenemos a muchos ciudadanos que no
tendrán trabajo”.
Información sobre el coronavirus:
- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia
- En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada país de América Latina.
