Los informes sobre la privatización del autobús de Alicante plantean reforzar el control del servicio
Los nuevos vehículos accesibles y 'ecológicos' incorporados a la flota de autobuses a cargo del servicio.
20/02/2020 -
ALICANTE.
El futuro de la red de transporte público en autobús de Alicante debe
pasar necesariamente por un refuerzo en la regulación de las condiciones
del servicio que permitan practicar un control efectivo. Y ese control
concierne tanto al coste económico como a la calidad de la prestación.
Así lo concluyen todos los informes elaborados por consultoras privadas y
por técnicos municipales para determinar cuál es el modelo de gestión
más indicado, ante la extinción del contrato adjudicado a la empresa
Masatusa (Grupo Vectalia) en 1969.
Lo
cierto es que esa relación de estudios encargados durante los tres
últimos años confluye en una misma dirección: recomiendan que el
servicio público vuelva a externalizarse en régimen de concesión, frente
a la posibilidad de que fuese asumido de manera directa por el
Ayuntamiento. El conjunto de esos estudios incide en que la gestión
indirecta ofrece mayores ventajas puesto que supone un menor coste y
deriva "el riesgo y ventura" del servicio en el operador privado que se
seleccione para su prestación.
Entre
esos informes figuran el elaborado por la consultora Ernest & Young
(adjudicado en marzo de 2018 por un importe de 13.800 euros, sin IVA, y
entregado en septiembre de ese año), en el que se subraya que "la
gestión actual tiene, en términos generales, un nivel de eficiencia,
calidad y coste para la economía, igual o mejor que la media nacional, y
sobre todo, mejor que la gestión directa realizada en una ciudad
equivalente" a Alicante.
Además, dicho
informe concreta que la gestión directa obligará a introducir
"significativas restricciones en la gestión presupuestaria municipal
especialmente en los capítulos 1 y 6" relacionados con los gastos de
personal y las inversiones, "así como en la capacidad de endeudamiento".
En ese estudio se alude, también, a las limitaciones que afectaban al
Ayuntamiento para poder crear una empresa municipal dedicada a la
gestión del transporte, en alusión al Plan de Ajuste, pese a que en ese
momento ya se había cancelado (quedó superado en julio de 2018).
No
obstante, el resto de informes emitidos con posterioridad redundan en
la misma conclusión y también recomiendan la gestión indirecta. El jefe
de Servicio de Economía y Hacienda coincide en que la concesión es la
opción "más conveniente al interés público" tras realizar un análisis
comparativo sobre la eficiencia en la prestación del servicio, la
estructura empresarial, los costes e ingresos.
El
informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal también subraya
las dificultades administrativas que habría que superar para constituir
una sociedad pública encargada de su gestión y reseña, además, el
"desmantelamiento" de la estructura de relaciones que pudiese tener
cualquier posible operador con sus proveedores "que el Ayuntamiento
debería tener previstas sustituir".
Y
así lo comparten, igualmente, el jefe del departamento técnico de
Transportes y el jefe de la Oficina Presupuestaria, quien añade que
"dado que nos encontramos ante un servicio deficitario, sea cual fuere
el modo de gestión elegido [...] la concesión permitirá a los
responsables políticos y técnicos municipales fijar el nivel de
cobertura económica del servicio mediante subvenciones. Esto es, se
podrá determinar en qué cuantía se traslada el coste a los usuarios del
servicio (mediante las tarifas) y qué cuantía del coste se asume contra
los presupuestos generales de la ciudad (subvenciones)".
Los estudios recomiendan que el pliego de condiciones regule cómo debe abordarse posibles revisiones de precios y medidas de control técnico y económico
No obstante,
dichos estudios también coinciden en que la opción de la gestión
indirecta debe acompañarse de la definición una exhaustiva regulación
para controlar la prestación del servicio, a través del pliego de
condiciones. Así, estudios como el de Ernest & Young, apuntan que
los pliegos "deben incorporar determinados aspectos a los que debería
someterse" la futura empresa concesionaria "que permitan un efectivo
seguimiento y dirección" del servicio por parte del Ayuntamiento.
¿Qué
elementos se recomienda regular? En concreto, se citan "aspectos
técnicos, de calidad y económicos", hasta el punto de llegar a citar la
conveniencia del "sometimiento a una auditoría anual", además del "marco
de las condiciones de revisión de precios, efectivas facultades de
control técnico y económico y medidas para evaluar la calidad del
servicio", así como "las condiciones en las que puedan realizarse
modificaciones del contrato".
Como
avanzó este diario, a la vista de todos esos informes, la propuesta de
acuerdo que el bipartito en minoría compuesto por PP y Cs prevé elevar
al pleno de febrero (previo dictamen de la comisión informativa de
Servicios, este lunes) es la de plantear un modelo de gestión indirecta,
lo que conlleva la licitación del servicio en régimen de concesión. Y
salvo cambio de criterio, todo parece indicar que esa propuesta quedará
aprobada, como mínimo, con el apoyo explícito o la abstención de Vox.
Sus dos ediles ya se han posicionado en debates plenarios precedentes
frente a la posibilidad de municipalizar la prestación de otros
servicios, a sugerencia de las formaciones que componen el eje
progresista.
De hecho, en parte de
esos debates, tanto Unides Podem EU como Compromís han venido incidiendo
hasta ahora en que el final del contrato de concesión del autobús
constituye una oportunidad para abrir el debate sobre la conveniencia o
no de asumir su gestión directa, como sucede en otras ciudades. Sin
embargo, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ya avanzó este miércoles en declaraciones a Alicante Plaza
que su formación apostará por el modelo de concesión, al considerar que
la adjudicación de "un contrato mejora la prestación del servicio, la
gestión y minimiza los costes". Además, en su opinión, también
"garantiza la renovación de la flota". Eso sí, señaló que "debe
elaborarse un pliego adecuado a las necesidades y suficientemente
flexible para ir adecuándolo a las mejoras técnicas" que se presenten en
el futuro.
Vox se decanta por apoyar la propuesta del bipartito a favor del modelo de gestión indirecta al creer que minimiza costes
Ni Unides Podem EU, ni Compromís compartirán esa posición. Sus respectivos portavoces, Xavier López y Natxo Bellido,
incidieron también este miércoles en que su apuesta por profundizar en
los estudios sobre la municipalización del servicio. López avanzó que la
posición de partida de su grupo sería la de votar en contra de la
propuesta. Bellido, por su parte, denunció lo que consideró "la negación
del bipartito de derechas de un debate real y honesto sobre el modelo
de gestión del servicio de autobuses urbanos, mediante fórmula directa o
concesional".
A su juicio, "desde
hace meses, y sin esperar a ver que decían los informes municipales
pertinentes, se han reiterado declaraciones del concejal competente en
la materia, negando la posibilidad de este debate y de abrir al
Ayuntamiento hacia la gestión directa del servicio, tal y como pasa en
muchas otras ciudades de tamaño semejante o superior a la ciudad de
Alicante", añadió.
Además, reprochó al
bipartito la ocultación de "un informe externo de finales del 2018,
elaborado por la consultora Ernst & Young, del que no teníamos
noticia a pesar de las preguntas realizadas por Compromís sobre ello".
En todo caso, apuntó que "debemos señalar que el valor de este informe,
después ratificado por un conjunto de informes municipales, hay que
ponerlo en suspenso, ya que entre sus principales conclusiones hace
referencia a una situación jurídica y económica del Ayuntamiento que ya
no existe. Se ha pagado inexplicablemente por un informe que ya estaba
obsoleto en sus conclusiones en el momento de su remisión al
Ayuntamiento, finales de 2018, después de meses de haberse producido la
votación plenaria para sacar al consistorio de las reglas de juego del
Plan de Ajuste".
Por ello, consideró
que "era imposible confiar en que la derecha de esta ciudad abriese una
debate real y sincero sobre el modelo de gestión, y han preferido hurtar
ese debate público y no dialogar con la oposición para ir informando de
los pasos que se estaban siguiendo en este proceso, del que seguimos
esperando la convocatoria de la comisión municipal que aprobamos en el
último pleno municipal a propuesta de Compromís".
Por
ello, añadió que "desde Compromís esperamos que esta comisión se
convoque pronto y se adjunte la documentación que vamos a solicitar,
como por ejemplo el informe completo de la consultora Ernest &
Young, así como la documentación, que ya obra en poder del gobierno
municipal, sobre las dos primeras fases del Proyecto de Servicio que
está elaborando otra asistencia técnica", en alusión a las consultras
Ingartek Consulting y Broseta Abogados.
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Si se privatiza seguramente aumentará el precio de los billetes del bus. Y pagaremos los de siempre.
