28/01/2020 -
VALÈNCIA.
Las primeras resoluciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2016
para la Generalitat Valenciana -los aprobados se están conociendo estos
días- han sido un jarro de agua fría para opositores, pero también para
los convocantes: la administración valenciana no ha logrado cubrir las
863 plazas que sacó a concurso hace ahora ya tres años. Incluso, algunos
de los cuerpos se han declarado desiertos en su totalidad.
El
escenario ha despertado las críticas del principal sindicato de los
empleados públicos: la Central Sindical Independiente de los
Funcionarios (CSIF), desde donde atribuyen semejantes resultados a los
tribunales. En concreto, a la transparencia en la elección de los
integrantes y la "falta de profesionalización" de los mismos a pesar de
estar pactado en una Mesa General. "Son personas profesionales en su
sector, pero que nunca se han enfrentado a un examen, y el nivel de
exigencia en la corrección que terminan planteando es insuperable para
muchos opositores", explica el delegado de CSIF, Ignacio Matoses.
El
caso más llamativo es quizá el de la escala más alta del cuerpo
funcionarial, el de abogado de la Generalitat. Unas oposiciones a las
que se presentaron un total de 73 personas para optar a uno de los dos
puestos ofertados y en el que finalmente ningún aspirante obtuvo plaza.
No
obstante, no es la única categoría que se ha quedado sin cubrir todos
los puestos (aunque sí la única que se ha declarado desierta en nuevo
acceso, si bien en promoción interna también hay cinco categorías que se
han resuelto sin presentados ni aprobados): tan solo dos personas han
conseguido superar las oposiciones de Técnico Superior de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación, puesto para el que se ofertaban siete
plazas y al que se presentaron 239 personas; en Arquitectura, la
Administración valenciana se queda con seis puestos vacíos de la
quincena ofertada a pesar de que se presentaron 411 aspirantes; y en
Gestión de Ingeniería Técnica Agrícola solo 26 personas de las 615 que
se presentaron han logrado superar el concurso-oposición. En total, la
Generalitat convocó 30 puestos.
No todos acuden al examen
Desde
la Conselleria de Justicia y Administración Pública explican que se
trata de casos aislados muy concretos y que de las 43 convocatorias
resueltas por el momento, tan solo 30 plazas se han quedado vacantes.
Además, añaden que el caso del concurso-oposición para Abogacía de la
Generalitat es particular porque de los 73 aspirantes admitidos en el
proceso selectivo tan solo 45 decidieron presentarse a la primera
prueba. De estos, doce personas superaron el examen pero solo una
persona de esta docena aprobó el segundo ejercicio. Finalmente, nadie se
presentó a la tercera prueba.
La consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNER
Hay
que subrayar que esta oposición es la única para la cual se requiere
superar cuatro ejercicios, mientras que para el resto de grupos o
escalas del cuerpo de funcionarios de la Generalitat valenciana basta
con tres o, incluso, dos pruebas.
Entre los factores que en la Conselleria que dirige Gabriela Bravo
creen que pueden haber influido en los resultados se encuentra la
amplitud del temario, puesto que "abarca distintas ramas del derecho y
los aspirantes deben preparar un total de 258 temas", mientras que en el
resto de oposiciones para grupos A1 -mayor escala de la administración-
el temario es más reducido y se centra específicamente en derecho
administrativo. Pero también "la falta de equivalencia en el temario con
otras oposiciones, por lo que un aspirante se debe decantar en
exclusiva por esta opción" y, por lo tanto, no puede aprovechar los
conocimientos adquiridos para opositar a otras plazas.
Respecto
al resto de plazas que se han quedado vacantes en Arquitectura,
Biblioteconomía o Ingeniería Técnica Agrícola, el departamento de Bravo
baraja otras tesis: "Hay aspirantes que se presentan solo a la primera
prueba y ya no vuelven para examinarse de la segunda parte, quizá por la
preferencia a entrar en bolsa. Algunos tienen como único objetivo
incorporarse en una bolsa de trabajo o permanecer en ella, en el
supuesto de ser interino, y para ello únicamente se precisa superar el
primer ejercicio", aseguran. "El nivel a veces es bajo y la preparación
es insuficiente", añaden.
Unos
argumentos que, sin embargo, CSIF cuestiona. Desde el sindicato
manifiestan que en algunas de estos cuerpos hace 10 años que no se
convocaban oposiciones, periodo que ha motivado que se presentaran un
alto porcentaje de candidatos, y es "demoledor" que se queden plazas por
cubrir.
Transparencia de los tribunales
En
este sentido, alertan de la "discrecionalidad y falta de transparencia
en los procesos de selección" de los tribunales, lo que genera, a su
juicio, "errores, perjuicios y trabas que sufren los empleados públicos y
quienes aspiran a serlo". Reclaman, por tanto, que se cumpla "el
acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre criterios comunes de
convocatoria de oposiciones que establece "la necesidad de la formación
para estos tribunales", ya que ahora mismo "los nombramientos de
tribunales se realizan por designación del conseller competente en
materia de personal a propuesta del director general de Función
Pública". "Es decir, de forma opaca e interesada", zanjan desde CSIF.
Por
su parte, la Conselleria de Administración Pública sostiene que, una
vez se publica el listado de admitidos en cada proceso selectivo, "se
solicita a la conselleria competente por razón de la materia que
propongan a las personas que van a formar parte de los correspondientes
tribunales y luego los nombramientos se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)".
Respecto
a la profesionalización de las personas que los integran, razonan que
todos son "expertos" en la materia sobre la que van a examinar y,
además, la Dirección General de Función Pública que ocupa David Alfonso
"informa e instruye a todos los miembros sobre el itinerario
procedimental del proceso selectivo, la forma de constituir válidamente
el órgano, adoptar acuerdos, redactar actas, confeccionar exámenes,
baremar méritos o jurisprudencia aplicable, así como también les
facilita y entrega la convocatoria, normativa aplicable y los modelos
necesarios para todo el proceso". En cualquier caso, el área de Alfonso
se encuentra elaborando un curso específico en colaboración con el
Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) que será
"obligatorio" para todas las personas que sean designadas miembros de un
tribunal.