Gracias a Vox la Generalitat Valenciana abre la mano, lo cual ha sido una excelente maniobra de 52 diputados en la Congreso

El Botànic (Benacantil) se conjura para frenar el avance ultra con más derechos sociales

Defiende que el presupuesto combate la desigualdad, lo que identifica como clave en el ascenso de Vox

Un artículo de carlos alós

El Consell del Botànic-Benacantil tiene identificados los tres elementos clave que han disparado en las urnas a la ultraderecha hasta convertirla en la tercera fuerza en el Congreso. Uno es la desigualdad social, otro la inmigración y el tercero la deriva independentista en Cataluña. Cambiar el devenir de los dos últimos no está en manos del gobierno valenciano, pero paliar los efectos del primero si es posible con las herramientas que el Consell tiene a su alcance. Una de ellas es el presupuesto autonómico para 2020 que ayer salvó en las Cortes su primer escollo antes de convertirse en ley a finales de año. Los partidos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, avalaron las cuentas frente al rechazo que despiertan en las tres formaciones de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) que votaron unidas toda la mañana.
Con esa polarización, el debate se convirtió en un toma y daca ideológico. Los partidos del Botànic contra la ultraderecha reforzada tras sus resultados del domingo. Un debate que derivó en la importancia del Estado autonómico, que Vox quiere eliminar, pero que concentra la mayor parte de su gasto en los servicios fundamentales, educación, sanidad y política social. La izquierda advirtió varias veces de que la ultraderecha miente cuando asegura que sin las autonomías se ahorrarían miles de millones de euros y avisan de que lo que está en juego es el presupuesto de la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Vox sacó pecho de que su ascenso en las elecciones del domingo se debe al apoyo que ha recibido en los barrios más humildes, exigió respeto para su partido y el mismo trato que recibe el resto. Incluso hicieron responsable al Botànic de cualquier ataque que reciba algún militante y arremetieron contra el PP por su defensa del Estado de las Autonomías. «No nos insulten, van a vender España a los comunistas bolivarianos y a los separatistas», dijo la diputada Llanos Massó.

«Son unos farsantes -le respondió el socialista José Muñoz- lo que quieren es acabar con el Estado del Bienestar y los socialistas seremos el dique de contención. ¿Quiénes eran aquellos a los que cantaban en su sede 'A por ellos', somos nosotros? pues aquí les esperamos con nuestras convicciones para combatir sus ideas, porque estaremos todos los días contra ustedes para explicar el valor de la democracia y lo que ha costado conseguirla», remató. Los grupos de izquierda que sostienen al Consell asumen que solo las políticas sociales sirven de freno a la ultraderecha, mientras las tres formaciones del bloque conservador insisten en despreciar el presupuesto con los argumentos, muy similares en los tres casos, de que los ingresos son falsos, contienen errores y traerán impagos, recortes, deuda, déficit, asfixia, más engorde de la Administración y un desprecio a los colectivos que no comparten las ideas que defiende el Botànic.

Cs, en tierra de nadie

Además, en las Cortes se intuyó ayer un movimiento en el tablero político. Con la ultraderecha en ascenso y el PP votando junto a ella, Ciudadanos, tras el batacazo del domingo, se ha quedado en tierra de nadie, aunque ayer varias veces su portavoz de Economía, Ruth Merino, apeló a la necesidad de políticas centristas que combatan los extremismos, un discurso que sonó distinto al que acostumbra en Cs. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, defendió que son los presupuestos con más sensibilidad social de la historia y justificó la necesidad de recurrir a ingresos que no están asegurados como los 1.325 millones derivados de la financiación por debajo de la media que sufren los valencianos.

El Consell autoriza de nuevo que los municipios contraten a policías interinos

La Generalitat vuelve a abrir la mano a través de una enmienda en una decisión que alivia a los alcaldes
Con la controvertida aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, en 2017, el Consell del Botànic se propuso acabar con la figura de los agentes interinos en los municipios. Dos años después, una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la contratación de policías locales en régimen de interinidad ha obligado al Gobierno autonómico a recular, a través de una enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020. La modificación, que parte de la Conselleria de Justicia, pretende regular un marco legal ordenado y común para encauzar el uso de los interinos por parte de los ayuntamientos, con una serie de condiciones frente a los abusos. El artículo añadido establece que los consistorios podrán utilizar este método de nombramiento «excepcionalmente», cuando «concurran motivos de urgencia y necesidad». Otro aspecto importante es que la contratación no podrá superar, como máximo, los dos años de duración. Además, dichas plazas deberán haber sido incluidas en una oferta de empleo público vigente con anterioridad a su cobertura temporal.
Solo podrán ser nombrados interinos aquellos agentes que ya formen parte de una bolsa de empleo temporal específica constituida en cada ayuntamiento. Antes de acceder al puesto, además, deberán superar un proceso selectivo guiado por los principios de objetividad, transparencia, mérito y capacidad, compuesto por unas pruebas físicas y psicotécnicas y un curso teórico de al menos 60 horas, para evitar «enchufismos». Frente a las críticas de varios sindicatos, que se oponen a la contratación de interinos porque ven en esta figura un freno a la profesionalización del sector, desde la conselleria sostienen que el fallo del Constitucional no deja otra posibilidad que reformular la ley, con la mirada puesta en impedir que se genere una avalancha de litigios en los ayuntamientos que podría retrasar su desarrollo efectivo. Las quejas de los municipios por las dificultades para funcionar sin interinos ya obligó al Consell a aprobar una moratoria que prorrogaba hasta diciembre de este año la adecuación de las plantillas a la nueva normativa de 2017, flexibilizando su cumplimiento. Ese inminente vencimiento es el que argumenta la conselleria para corregir la normativa por la vía urgente de las enmiendas.