El papa Francisco no se libra de los escándalos
financieros. Después de años de silencio en que parecía que sus reformas
daban frutos, ayer se supo que cinco empleados de altas instituciones de la Santa Sede han sido suspendidos de
forma cautelar de sus cargos por haber participado presuntamente en
operaciones financieras millonarias irregulares, entre ellos Tommaso Di
Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el
organismo que se ocupa de luchar contra el blanqueo de capitales.
La Santa Sede había informado el martes en una nota muy
escueta que la Gendarmería Vaticana había requisado documentación y
ordenadores en la Secretaría de Estado, siguiendo las órdenes del
promotor de justicia (fiscal general) Gian Piero Milano, que recibió una
serie de denuncias a principios de verano presentadas por el Instituto
para las Obras de Religión (IOR, el banco del Vaticano) y la Oficina del
Revisor General (encargado de auditar la administración vaticana). La
oficina de información no dio más detalles, y sólo señaló que la
incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado
–el departamento más poderoso en el Vaticano, encargado de la diplomacia
y el corazón administrativo de la Iglesia en el mundo– y en la AIF.
