El requisito lingüístico para los funcionarios no se aplicará un año después de aprobarse la ley
Bravo plasmará el criterio del Jurídic y eliminará la cláusula exigida por Compromís. El proyecto actual preveía que la exigencia del valenciano a los funcionarios se aplicara si la normativa no se desarrollaba en un año
Un artículo de
julia ruiz
El Botànic II heredará buena parte de los conflictos del primer Consell bipartito; uno de ellos, el que ha enfrentado a Compromís y PSPV a cuenta de cómo aplicar el requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana.
La exigencia del conocimiento del valenciano para optar a una plaza
pública cuenta en principio con el beneplácito de ambos partidos, pero
no existe coincidencia respecto al cómo y el cuándo.Gabriela Bravo, impulsora de la nueva ley de función pública valenciana, tiene decidido seguir adelante con un proyecto normativo que, además de la capacitación lingüística, contiene toda una serie de novedades para modernizar la administración desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos. Pero lo hará, según ha podido saber este diario, borrando del proyecto normativo la cláusula que establecía la aplicación automática del requisito del valenciano al año de la entrada en vigor.
Fuentes de la conselleria consultadas por este diario indicaron que Bravo tiene intención de acatar las observaciones esenciales que el Consell Jurídic Consultiu hizo al texto, entre ellas, a la citada cláusula que en su día Compromís forzó a incorporar para tener garantías de que la aplicación del requisito lingüístico no se demoraría eternamente. El texto recoge que para ser funcionario o funcionaria se ha de acreditar determinados conocimientos del valenciano, si bien la concreción se remitía a un reglamento posterior que debía abordar puesto a puesto qué nivel de valenciano se requeriría.
Compromís obligó a parar el texto a mitad de legislatura al entender que no había suficientes garantías de que finalmente se regularía. Temían que la negociación se alargara en el texto y al final el mandato acabara sin cambios en esta cuestión que, al menos una parte de la coalición, considera clave para la política del Botànic. De ahí que, con la intervención del conseller de Educación, Vicent Marzà, introdujeron la disposición que fijaba una serie de niveles en función de la categoría funcionarial. A regañadientes, el PSPV aceptó la cláusula de blindaje, aunque reguló una serie de excepciones para el personal médico.
El proyecto pasó por los trámites pertinentes, aunque se encontró con las pegas del Comité Económico y Social y del Consell Jurídic Consultiu.
El organismo jurídico no comparte esta cláusula de aplicación automática del requisito lingüístico al entender que condiciona de antemano un reglamento que está por redactar. El dictamen se conoció con el Gobierno en funciones, pero con la ratificación de Bravo en la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas parece que la decisión está tomada. El departamento de Justicia entiende que no hay otro camino que hacer caso al Jurídic ya que, alegan, no se entendería que el Consell no incluyera sus recomendaciones.
Es más, Bravo no tiene intención de retrasar la presentación de esta ley, que tiene el expediente completo. En teoría sólo está pendiente de que el Gobierno le dé el visto definitivo para su debate en las Corts. De ser así, la norma podría convertirse en uno de los primeros conflictos del Botànic II. Ahora, además, hay un nuevo socio, Unides Podem, que también comparte la necesidad de introducir ya el requisito para la función pública.
