La historia se puede blanquear, pasar al olvido
digital, pero los desconchones siempre quedan escritos en los esqueletos de la
historia
Ramón Palmeral
Leo en Europa Press, de 18 de junio actual: «La Universidad de Alicante
(UA), en una resolución firmada por el gerente de la institución, ha accedido a
la petición de un descendiente de un militar fallecido que actuó como
secretario en el Consejo de Guerra en el que se condenó a muerte al poeta Miguel
Hernández a eliminar el nombre de su familiar --derecho al olvido digital--
de textos publicados por un catedrático de Literatura Española en un
dominio de internet de la institución académica».
Me he puesto a investigar la legislación sobre el derecho al olvido digital
y el Sumario 21.001 que se encuentra en el libro de Juan Guerrero Zamora, de
Editorial Dossat, Madrid 1990, y varios artículos relacionados, y estas son las
conclusiones a las que he llegado:
El catedrático de Literatura Español cuyo trabajo de investigación ha sido
cuestionado por la Universidad a la que pertenece es Juan
Antonio Ríos Carratalá (Alicante 1958), autor de múltiples y rigurosas
investigaciones que se hayan indexadas en Repositorio Institucional de la Universidad
de Alicante (RUA) y forma parte la red de repositorios (almacén
de datos) de las universidades públicas valencianas), se informa al demandante
hijo del secretario alférez Antonio Luis Baena Tocón de que la UA ha
procedido a adoptar las "medidas tecnológicas" para que en una de las
publicaciones del catedrático alojada en el dominio 'rua.ua.es', de la
universidad alicantina, no pueda ser indexada por los buscadores de internet al
introducir el nombre y apellidos del padre del solicitante. Ríos Carratalá es
también autor de un libro titulado «Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y
de la cultura franquista», Editorial Renacimiento, Sevilla, 2015 y Universitat
d’Alacant. El periodista Juanjo Payá, en su artículo «Los verdugos de Miguel
Hernández» (Levanta EMV, de fecha 03-11-2015), comenta el libro de Carratalá y
comenta:
«…otros responsables del juicio al autor de «Vientos de
pueblo» como Antonio Baena (sic), quien actuó como secretario cuando se hizo
pasar por abogado (no tenía más que unas asignaturas aprobadas). Años después,
ironía, sarcasmo, incredulidad y esperpento todo al mismo tiempo, Baena culminó
su carrera como alto funcionario del Ayuntamiento de Córdoba e incluso con
Julio Anguita en la alcaldía. «No lo sabía ni el propio Anguita. Cuando se lo
conté se sorprendió muchísimo», agrega Ríos Carratalá sobre este caso que
ejemplifica cristalinamente cómo los ejecutores de sentencias y órdenes en
consejos de guerra y de postguerra en el franquismo obtuvieron generosos
puestos de carrera pública, ascensos meteóricos y jugosos sueldos. «La
mayoría de todos ellos eran voluntarios. Incluidos los del juzgado Especial
de Prensa (quien condenó a Miguel Hernández a muerte».
El hijo de Antonio Luis Baena Tocón acusa de falsedad Ríos
Carratalá en su obra «Nos vemos en Chicote» de, quien, según adelantaba el
periódico «El País» (18 de junio actual) ha sido quien ha solicitado
por la vía administrativa la retirada del nombre de su padre de la los
documentos digitales de la Universidad de Alicante, se ha amparado en la Ley de
protección de datos personales y del
reglamento europeo y ha anunciado que en el caso de que no se cumpla su
petición reclamará ante la Agencia Española de Protección de Datos e
iniciará un procedimiento judicial para que sea de obligado cumplimiento; es
decir, que serían los jueces quiénes valoren si procede o no el borrado de un
nombre, según el fin que se le está dando y la base jurídica en la que se
ampara. Más aún cuando en la Universidad de Alicante se encuentra el Archivo de
la Democracia creado en 2004 cuyo principal objetivo –como dice la
presentación– «es contribuir al conocimiento de nuestra historia más
reciente» donde colaboran muchas personas y asociaciones a los que no les puede
defraudar. Posee una
páginas Web que constituye un paso más en la consolidación del Archivo de la
Democracia, y tiene como principal objetivo poner a disposición de la sociedad
algunos de los principales testimonios documentales de nuestra memoria
colectiva más reciente. Y de no administrase con todas la garantías jurídica
que correspondan, perderá el fin por el que se creó, entre ellas recuperar la
Memoria Histórica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Y que al amparo de
dicha ley, muy bien podrían sentirse ofendidos –por el borrado digital del
nombre del alférez secretario– los herederos de Miguel Hernández, que desde
hace años reclaman la nulidad del Consejo de Guerra, y que aún, hoy día,
no lo han conseguido, a pesar de que el Supremo en 2011 vio «radicalmente
injusta» su condena a muerte por sentencia que actualmente carece de vigencia.
Pienso, sinceramente, que una Universidad como la de Alicante de reconocido
prestigio, cenáculo del saber y de investigaciones científicas, no pueden ceder a una
petición (justa o injusta), a la primera, preventivamente, por si acaso, sin
esperar a una sentencia o resolución judicial formal, pues de lo contrario
sería abrir la puerta a otras muchas peticiones particulares, que en algunos
casos podrían ser caprichosas, sin fundamento legal; pues es la Justicia quien
debe tener la última palabra. El Consejo Asesor de la Universidad dice que está
estudiando el tema y se pronunciara próximamente, un estudio se pueden para
años, hasta que se olvide por los lectores. En concreto, el derecho al
olvido se limitar la difusión universal e indiscriminada de datos
personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o
ya no tiene relevancia ni interés público, o de antecedentes penales,
aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales
o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información). En
el caso de las investigaciones del catedrático Ríos Carratalá era una
investigación literaria e historia del franquismo con cierta ironía, sin otro
interés que recopilar biografías de franquistas, y un personaje tan importante
como el universal poeta Miguel Hernández, y de interés
documental para hernandianos.
El estudio de la condena a muerte y posterior conmutación a 30 años de Miguel Hernández nos ha de sirve como
paradigma, es decir, como ejemplo o modelo de otros miles de condenados
republicanos en Consejos de Guerra de la época que son anónimos y que, es muy
posible que nunca sepamos lo que sucedió con ellos. Por ello es tan importante
que no se tergiverse su sumario, y hemos de andar vigilantes, pues podría suceder,
en el futuro, todo quede raso como si la guerra civil y posguerra no hubiera
sucedido.
El alférez franquista secretario del Cuerpo Jurídico Militar Antonio
Luis Baena Tocón, en 1939 tenía 24 años, es un personaje público que,
actuó bajo las órdenes del juez instructor Manuel Martínez Gargallo, Juez
Especial de Prensa, contra periodistas republicanos, por ello sí
es de interés porque aparece su firma en numerosas diligencias e informes
ya publicados desde 1990, como Secretario de dicho juez instructor–-que
participó en varios sumarios, por ello no se pueden obviar– en el Sumario
21.001 que condenó al poeta Miguel Hernández a la pena de muerte en
sentencia de 18 de enero de 1940 (aunque en la sentencia del 18-01-1940,
aparece un «Sr. Secretario», sin nombre ni firma, que podría se José María
S…-ilegible- del juez Pablo Alfaro, ya que Baena era el secretario del juez
instructor Margallo). El Tribunal del Consejo de Guerra Permanente nº 5 de
Madrid, sito en plaza Callao, 4, estaba compuesto por: Presidente comandante Pablo Alfaro
Alfaro, vocales capitanes Francisco Pérez Muñoz e Ignacio Días
Aguirre y alférez Miguel Caballero y Celis y Vocal Ponente capitán Vidal
Morales), los que le condenaron a muerte por el delito de ADHESIÓN a
la rebelión, de acuerdo al párrafo 2º del art. 238 del Código de
Justicia Militar, de entonces (de 1890 vigente hasta 1945), y,
posteriormente, la pena le fue conmutada por 30 años de reclusión. Trasladado
al Reformatorio de Adultos de Alicante en junio de 1941, acabó muriendo
en la prisión un año después al sufrir una afección pulmonar complicada con
tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la enfermería.
La estrategia de reclamar un borrado digital les ha salido mal a los
herederos del alférez Baena Tocón, porque en la Era de la información digital,
a veces, tratar de silenciar algo conlleva el efecto contrario, el de la
divulgación en las redes sociales e internet. En el efecto conocido como efecto
Bárbara Streisand, que sucede cuando el intento por censurar algo
provoca su difusión masiva.
Se han remitido varias protestas al rector de la Universidad de Alicante,
entre ellas la de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela, de fecha
20-06-actual, firmada por su director Aitor L. Larrabide que tras un
argumento sólido, solicita al Rector Magnífico de la Universidad Sr. D. Manuel
Palomar Sanz : «…que sean repuestos los datos suprimidos en los
trabajos de D. José Antonio Ríos Carratalá y que explícitamente de apoye la
labor investigadora del mencionado profesor».
La decisión del caso que nos ocupa amparándose en la Ley de
Protección de Datos Personales y del Reglamento europeo, podría trastocar el
ejercicio de la profesión de historiador, puesto que al retirar artículos
de los motores de búsqueda supone una deriva peligrosa contra la libertad
de investigación, de cátedra y expresión, recogida en nuestra Constitución.
Considero que los artículo 93 y el 94. 2. Derecho al olvido en servicios de
redes sociales y servicios equivalentes de la Ley Orgánica 3/1018, que dice:
«cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o
excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo
en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo
transcurrido y la naturaleza e interés público de la información», no procede
en la petición del hijo del alférez Baena Tocón, ya que su nombre aparece en
documentos públicos, no secretos, y no es un reposición contra la honestidad
(pues cumplía con las órdenes de la superioridad); y sí un perjuicio al interés
público de la información abierta y a la investigación científica. Es como si
los hijos de los agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Rosal
de la Frontera (Huelva), pidieran que se borrarán sus nombres del atestado de
sus padres: Antonio Márquez Bueno y Rafael Córdoba Collado,
cuando estaban prestando un servicio policial, bajo órdenes superiores.
Y para concluir, el redactor de esta artículo, autor de «Miguel Hernández,
el poeta del pueblo (biografía en 40 artículos)» se une la petición de otras
instituciones de reponer el hombre de Antonio Luis Baena Tocón en la RUA según
las investigaciones del catedrático José Antonio Ríos Carratalá hasta que una
sentencia judicial diga lo contrario, puesto que el secretario aludido aparece
en diligencias e informes judiciales que son públicos, y no privados. La
historia se puede blanquear, pasar al olvido digital, pero los desconchones
siempre quedan escritos en los esqueletos de la historia, porque únicamente
conoce una vía: el de la verdad y toda la verdad.
Publicado en Diario de Alicante, 29 de junio de 2019
