Por Gerardo Muñoz
En Alicante
Tras fracasar la rebelión militar en la ciudad de Alicante, se produjo durante los días siguientes el arresto de todas aquellas personas que habían participado en la sublevación o que se habían manifestado simpatizantes de la misma. Algunos de ellos ya se encontraban en la cárcel previamente, como la plana mayor alicantina de la Falange y su fundador, José Antonio Primo de Rivera.
El 1 de septiembre se constituyó en la ciudad el Tribunal Popular, con jurisdicción sobre toda la provincia, compuesto por 14 miembros de las organizaciones del Frente Popular y presidido por dos jueces y el exfiscal de la Audiencia Vidal Gil Tirado.
Desde el 6 de septiembre hasta final de año, el Tribunal Popular pronunció 125 sentencias de muerte, según Francisco Moreno Sáez, siendo los reos fusilados. Uno de ellos fue Primo de Rivera, ejecutado el 20 de noviembre.
Nueve días después de la muerte del fundador de la Falange, se produjo la única saca que hubo en la ciudad. Medio centenar de falangistas que se hallaban encerrados en la cárcel y el reformatorio de adultos, fueron sacados por milicianos y fusilados en el cementerio.
No fue el único acto violento e incontrolado que se produjo en Alicante por aquellas fechas. Durante el mes y medio anterior a la constitución del Tribunal Popular también se llevaron a cabo arrestos ilegales y siniestros «paseos» de personas sospechosas de colaborar o simpatizar con los golpistas o de ideología derechista.
Estas ejecuciones ilegales, según Moreno, «fueron denunciadas desde las propias páginas de la prensa. Unas veces por el propio Gobernador Civil, que amenazaba en un bando el 28 de julio con "la ejecución inmediata de la máxima pena", a quienes realizaran actos "contra la vida o la propiedad ajena"; otras, eran organizaciones, como la CNT alicantina, repudiando tales actos y rechazando de plano la implicación de la organización en registros y detenciones irregulares "que sólo merecen el calificativo de monstruosos"». Sin embargo, lo cierto es que muchos de estos asesinatos fueron cometidos por milicianos, algunos de ellos cenetistas.
Informes
En abril y agosto de 1939, a petición del primer alcalde franquista, Ambrosio Luciáñez Riesco, el conserje-administrador del cementerio alicantino elaboró sendos informes en los que relacionó las víctimas de fusilamientos y asesinatos durante la guerra civil, cuyos cadáveres habían sido enterrados en dicho camposanto. Algunos no habían sido identificados todavía y muchos estaban siendo exhumados para ser trasladados a sus poblaciones de origen.
Según estos informes, conservados en el Archivo Municipal, entre el 12 de septiembre de 1936 y el 1 de julio de 1938, fueron inhumados 123 hombres, que habían sido fusilados en el Parque-Escuela frente al Cuartel (42), detrás de las tapias del cementerio (14), en el Campo de Tiro de Font-Calent (10), en la Prisión Provincial (5) o dentro del cementerio (52).
El número de asesinados desde el 11 de agosto de 1936 al 5 de abril de 1937 ascendía a 135 (62 en carreteras, 50 en el cementerio, 22 en la checa de la Santa Faz y 1 en el Mercado). Entre ellos había dos mujeres: María Rosa Serra Cruañes, asesinada en una carretera el 5 de abril de 1937 junto con otra persona, y Delfina Oloriz Mombiela, natural de Zaragoza, linchada en el Mercado el 27 de noviembre de 1937. De esta última no hay más constancia documental, ni siquiera en la prensa de la época, lo que resulta extraño, ya que, a pesar de estar en guerra y formar por tanto la violencia parte de la vida cotidiana, un suceso tan insólito como un linchamiento en el mercado tendría que haber sido recogido como noticia, aunque fuese en un suelto. De María Rosa Serra sabemos, gracias a Glicerio Sánchez Recio, que fue detenida y asesinada junto con su marido, Antoliano Pérez Prats, el 19 de marzo de 1937 (y no el 5 de abril, como dice el informe del conserje del cementerio) en la playa ilicitana de La Marina, por unos agentes de vigilancia. Ambos eran maestros nacionales y residían en Santa Pola.
El total de derechistas represaliados en Alicante, según dichos informes, fueron 258. De ellos, según cálculos de Francisco Moreno y Miguel Ors, solo 55 eran vecinos de Alicante.
Noticias de familiares
El 9 de agosto de 1939 el gobernador civil ordenó a los alcaldes de la provincia que recabaran toda la información posible sobre las víctimas derechistas. El alcalde alicantino publicó un anuncio en la prensa y, como consecuencia de ello, durante los días siguientes se recibieron en el Ayuntamiento numerosos escritos en los que se daba noticia de los fallecidos o desaparecidos.
Desaparecidos solo había dos: Francisco Vogel, de 31 años, natural de Lucerna (Suiza) pero domiciliado en la ciudad, empleado de una casa exportadora de vinos, que según su viuda fue detenido el 5 de noviembre de 1936 junto con un alemán que le acompañaba en la Explanada, cerca de las oficinas de Air France, «por miembros de la CNT y FAI y llevados al cuartel de ellos (convento de las monjas)»; y el oculista José María Ruiz Olmos, detenido por milicianos en la clínica donde trabajaba el 23 de noviembre de 1936, sin que se le hubiera vuelto a ver, «dándose como seguro que le asesinaron. Según las últimas gestiones practicadas parece ser que el cadaver fué arrojado al mar», escribió su hermano.
Los demás se sabía dónde habían sido enterrados, como el presbítero José Cerdá Pastor, de 54 años, asesinado el 19 de agosto de 1936 en la carretera de Madrid, en el término de Monforte; o Federico Picó Giner, cura de la parroquia de San Francisco, de 54 años, llevado por milicianos el 28 de septiembre de 1936 a «un centro que había en la misma calle de Gerona esquina á la de Castaños», de donde lo sacaron al día siguiente para asesinarlo «en la Carretera de San Vicente junto al último cruce del tranvía antes de llegar al pueblo»; o José María Gómez Guillén, detenido el 26 de septiembre de 1936 y conducido por milicianos «a la Checa que tenía instalada la CNT en el Convento de las Monjas de la Sangre», siendo hallado su cadáver dos días después «en las proximidades de la Venta de la Guapa (Carretera de Ocaña)»; o Rafael Flaquer Martín, teniente coronel de Infantería y delegado gubernativo en Alicante durante la dictadura de Primo de Rivera, asesinado el 7 de noviembre de 1936 en un barranco próximo a la Albufereta?
Respeto por las tumbas de las víctimas (de un bando)
El 4 de abril de 1940, el ministro de la Gobernación ordenó a los Ayuntamientos que adoptasen «medidas oportunas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterrados las víctimas de la revolución marxista (?), a fin de que no quede sepultura alguna aislada en estado de abandono».
El 1 de mayo siguiente, el alcalde informó al gobernador civil de que «todos los cadáveres y restos inhumados en diversos lugares se trasladaron ya al Cementerio Municipal de Nuestra Sra. del Remedio y en él ocupan diferentes sepulturas. En estado de abandono, olvido o descuido no hay ninguno, que se sepa».
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