Injerencias de gobierno de Sánchez en el poder judicial. ABC

Las sospechas que en los últimos días está lanzando el Gobierno sobre el encaje en el delito de rebelión de los hechos que han sentado en el banquillo a 18 dirigentes independentistas ha indignado a las carreras judicial y fiscal, que ven en estas declaraciones una auténtica «injerencia» en el poder judicial. En declaraciones a ABC, ambos colectivos sostienen de forma unánime que cualquier intromisión del Ejecutivo en funciones jurisdiccionales atenta contra el propio Estado de Derecho. Piden al Ejecutivo sentido de la responsabilidad.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, su presidente, Manuel Almenar, señala que tratándose el 1-O de un tema «sub judice», «lo más prudente y respetuoso con el principio de separación de poderes es esperar a que la justicia resuelva».
Recuerda Almenar que «el único competente para valorar el carácter delictivo de una conducta es el tribunal competente», en este caso el Supremo. «Cualquier declaración ajena a los tribunales es una simple opinión carente de fundamento, pero si además proviene de un político resulta cuanto menos desafortunada, porque el ejecutivo y el legislativo deberían ser los más implicados en la defensa de la independencia judicial, base del Estado de Derecho».

El presidente de la asociación mayoritaria de jueces considera «inconcebible» que un presidente del Gobierno o cualquier otro miembro del Ejecutivo «trate de influir en los jueces, porque atenta contra los principios esenciales del Estado de Derecho». Añade que la emisión de opiniones por parte de quien tiene una especial responsabilidad política y social «conlleva el riesgo de generar dudas en la ciudadanía con las consecuencias negativas que ello comporta. Tanto más grave cuando proceden de alguien que carece de la más mínima competencia y experiencia en materia penal», dice, en relación a las palabras estos últimos días de Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

ABC
27-10-2018