El acoso y la violencia sexual en el ejército: una realidad al descubierto
El pasado 8 de marzo, el programa Salvados de “la Sexta”
revelaba una realidad que demasiadas veces ha sido ignorada y ocultada
por parte de las fuerzas armadas españolas y las de tantos otros países:
la violencia sexual cometida por miembros del ejército contra mujeres
militares.
El caso de la capitán
Zaida Cantera, ahora comandante Cantera, exponía como la ley militar
dificultaba e incluso impedía la tarea de denunciar a un superior ya que
la denuncia debía pasar antes por este superior.
La
entonces capitán Cantera consiguió que el Tribunal Militar Central, en
una sentencia dictada el 8 de marzo de 2012, condenase al entonces
coronel Lezcano-Mújica a pasar dos años y diez meses en prisión por un
delito de “abuso de autoridad “ con “trato degradante”, ya que por aquel
entonces el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado en el Código
Penal Militar.
El pasado 28 de mayo conocíamos la resolución de su
caso: la comandante, que el año pasado había pedido la baja en el
Ejército de Tierra después de haber sido víctima de acoso sexual i
laboral por parte del tinente-coronel Lezcano-Mújica, ha recibido la
baja definitiva, firmada por la subsecretaria de Defensa Irene
Domínguez-Alcahud; hecho que le autorizará a recibir una pensión máxima
de 2500 euros brutos cuando abandone el ejército.
El
caso de la comandante Cantera no es, por desgracia, un caso aislado. El
abogado de la comandante, Antonio Suárez-Valdés, reconoció ante la
prensa que su gabinete recibe cada año más de 200 denuncias sobre casos
parecidos al de Zaida, de estos, la mitad se desestiman por “falta de
carácter delictivo de los hechos”, y del 50% restante sólo el 10%
continua con el proceso y llevan su caso ante la justicia.
Suárez-Valdés reconoció que en muchos de estos casos pesa entre las
víctimas de acoso y violencia sexual un “miedo insuperable” que les
impide, muy a menudo bajo coerción e incluso acoso laboral como fue el
caso de la comandante Cantera, denunciar por temer represalias; y en el
caso de las militares de rangos inferiores, por temor a no renovar el
contrato si denuncian lo ocurrido: “Si el mando le pone una calificación
negativa, o se pone de acuerdo con otros dos o tres de su camarilla
para informar negativamente, esa soldado a los pocos meses no tiene
trabajo”, explicó. Es decir, se da una paradoja en que las víctimas son
culpabilizadas y deben pagar unas consecuencias terribles de acoso
laboral y coerción que se suman a la ya traumática experiencia de acoso o
violencia sexual, con las consecuentes graves secuelas para su salud
psicológica.
En el año 2002 trascendió a la prensa el
caso de la soldado Dolores Ocaña, la primera soldado que denunció a un
superior por violencia sexual, Ocaña en un principio no quiso denunciar
la totalidad de la agresión ya que recibió amenazas por parte del
oficial que la agredió para que no lo hiciese.
En
aquel momento, en el año 2002, solamente tres denuncias de este tipo de
delitos habían trascendido. Desde la oficina del “Defensor del soldado”
se dijo entonces que ellos tenían constancia de al menos 20 casos
parecidos que les habían facilitado las víctimas en los últimos tres
años. De nuevo, advirtieron que la mayoría de estas soldados se negó a
efectuar denuncias formales por temor a las represalias. Entre aquellas
pocas soldados que se atrevieron a denunciar los hechos, abundaban los
casos en que sus superiores ocultaron el caso e impidieron la
continuación del proceso judicial castrense “a cambio” de asegurarles su
renovación o bien sencillamente, ejercieron sobre ellas acoso laboral
para que no continuasen con su denuncia. La mayoría de estas militares
terminan por abandonar el ejército, siendo la razón en muchos casos el
no pasar las pruebas psicotécnicas por las secuelas psicológicas.
De ahí la importancia de establecer un protocolo de actuación para
estos casos, similar al que ya existe en la Guardia civil, tal i como
piden la comandante Cantera y su abogado.
El problema
es que no se dispone de cifras oficiales de los delitos de acoso y
violencia sexual que ocurren en el ejército español, a pesar de eso, y
viendo el grave problema que suponen estos delitos en otros ejércitos
occidentales, nada hace pensar que el ejército español, en el que la
incorporación de las mujeres es una realidad desde 1988, deba ser una
excepción.
Existe un organismo cuyo objetivo es velar
por la integración de las mujeres en las fuerzas armadas: el
“Observatorio militar por la igualdad” que nació en 2005 bajo el nombre
“Observatorio de la mujer en las fuerzas armadas”. Sin embargo, este
organismo nunca ha hecho públicos datos sobre denuncias por acoso y
violencia sexual en el ejército. En lugar de exponer los problemas y
dificultades con los que debe lidiar la mujer en el ejército, los datos
que hace públicos este organismo parecen ser únicamente aquellos que
puedan ayudar a reclutar a nuevas militares.
Sabemos
que el acoso y la violencia sexual es una realidad en el ejército pero
la cifra total de casos resulta muy difícil de cuantificar por la
opacidad e impunidad que envuelven estos delitos.
En
aquellos países en que sí se han hecho públicos datos al respecto, las
cifras, expuestas en el libro “Militarismo en España: balance del ciclo
armamentista español hasta 2007” de Pere Ortega y Arcadi Oliveres
(Iacaria Editorial) son preocupantes : un estudio del año 2000, revelaba
que en el ejército belga el 92,5% de las militares habían sido objeto
de acoso sexual, el 36% habían sido víctimas de tocamientos indeseados y
un 1,3% de violación; y el 50% de la mujeres de la RAF británica han
sido víctimas de algún tipo de acoso sexual. La magnitud y gravedad del
problema en el ejército norte-americano, también ha sido denunciada por
el premiado documental La guerra invisible de Kirby Dick.
Además, el acoso sexual no era un delito tipificado como tal por el
Código penal militar y los pocos datos de los que disponemos provienen
de sentencias de la jurisdicción militar, i en esta sólo se tratan “los
casos en que existe una relación de jerarquía” (Atlas del militarismo en
España 2009, Centro de estudios por la Paz JM Delàs, Icaria Editorial),
hecho que, es de suponer, excluye a la multitud de casos de acoso y
violencia sexual que se producen entre militares de un mismo rango.
Del mismo modo, conviene tener presente que en el caso de la comandante
Cantera, ella era una capitán. Las dificultades con las que topan las
soldados para denunciar casos parecidos deben de ser aún mayores.
El nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, ley orgánica
4/2012, aprobada el 5 de diciembre de 2014, tipifica como faltas
especialmente graves “aquellas que afecten a la libertad sexual de las
personas, implicando tanto acoso sexual y por razón de sexo como
profesional, y atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el
trabajo, o supongan discriminación”, hecho que ya es un avance si
tenemos en cuenta que el acoso sexual también se convertirá en un delito
tipificado en el nuevo código penal militar, el proyecto de ley del
cual se aprobó el 5 de septiembre de 2014.
Sin embargo esta supuesta igualdad formal, en el papel, no se traduce en una igualdad real en el ejército.
Debemos exigir al Ministerio de defensa que haga públicos los datos
sobre el número de denuncias y casos de acoso y violencia sexual en el
ejército y que se establezca también, un protocolo de actuación en estos
casos que termine con la opacidad y la impunidad de estos delitos en
las fuerzas armadas y refleje la magnitud del problema ante la opinión
pública.
