Como cada año, la bandera española ondea a media asta desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección
en todas las unidades e instalaciones militares, en señal de duelo por
la muerte de Cristo. La decisión, contradictoria con el carácter
aconfesional del Estado y sin parangón en otras instituciones públicas,
la justifica el Ministerio de Defensa aludiendo a “la tradición secular
de los ejércitos”.
Se apoya en una sentencia del Constitucional según la cual, “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada [...] en un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir respaldo a postulados religiosos”. El argumento está traído por los pelos, pues la sentencia se refiere a un tema bien diferente: la proclamación de la Vírgen como patrona del Colegio de Abogados de Sevilla.
Pero la bandera a media asta y la participación de militares en más
de 200 actos religiosos, la mayoría procesiones, durante esta Semana
Santa (siempre, según Defensa, con carácter voluntario) solo son la
muestra más visible de la --esa sí, secular-- identificación de la cruz y
la espada en la historia de España.
En 1999, una ley declararó a extinguir los Cuerpos Eclesiásticos de los ejércitos y la Armada, disueltos por la II República y restaurados por Franco en 1940, el último de cuyos miembros en activo pasó a la reserva en febrero pasado. Paralelamente, se puso en marcha el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS) cuyos capellanes no son legalmente militares, aunque se “asimilan” tanto, según la terminología legal, que resulta difícil distinguirlos. Visten uniforme, lucen insignias y ostentan empleos militares (de capitán a coronel). Su sueldo lo paga el Ministerio de Defensa, aunque dependen jerárquicamente del arzobispo castrense, quien recibe la “consideración” de general de división. Como vestigio de otra época, es el único obispo cuyo nombramiento propone el Rey, a partir de una terna pactada entre la Nunciatura y el Ministerio de Exteriores.
La presencia del pater, como se les llama cariñosamente, en los contingentes militares desplazados al exterior se ha hecho familiar e incluso insustituible, dada la imposibilidad de asistir a oficios católicos en lugares como Afganistán o Irak. Más discutible es que militares destinados en Madrid o Sevilla precisen una asistencia religiosa diferente a la de sus comparroquianos.
Actualmente hay 83 capellanes castrenses en activo, cuatro menos que
en 2008, según datos oficiales, aunque esta cifra no incluye a los que
están en la reserva ni a los curas colaboradores.
Tanto en respuesta a una pregunta parlamentaria como a demanda de EL PAÍS, Defensa ha eludido informar del coste de sus retribuciones. No obstante, tras consultar al Portal de Transparencia, el diario.es publicó que Defensa gastó 2,75 millones en 2016 en pagar a los capellanes y 231.000 euros más en el mantenimiento de la Catedral Castrense (comprada por Defensa en 1979) y otros templos católicos, además del seminario (donde se forman 14 capellanes).
En enero pasado, el BOE publicó ocho convenios de colaboración entre Defensa y otras tantas diócesis u órdenes religiosas. Uno de estos convenios, suscrito por vez primera en 2014 pero no difundido hasta ahora, tiene como protagonista a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.
Esta institución ha contado tradicionalmente con numerosos miembros en la cúpula de las Fuerzas Armadas e incluso un ministro (Federico Trillo), pero nunca había formalizado jurídicamente su relación. Según Defensa, el acuerdo es “consecuencia de la dependencia orgánica del sacerdote que se presta voluntario [a dar asistencia religiosa] en el área de Colmenar Viejo [Madrid]”. En total, el “estipendio” derivado de estos convenios suma 26.133 euros anuales.
En cambio, no hay ningún convenio para prestar asistencia religiosa a los militares musulmanes, judíos o evangélicos, aunque está legalmente previsto desde hace ya 25 años. Defensa alega que “no se ha recibido ninguna petición” para incorporar imanes o pastores a los cuarteles.
Se apoya en una sentencia del Constitucional según la cual, “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada [...] en un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir respaldo a postulados religiosos”. El argumento está traído por los pelos, pues la sentencia se refiere a un tema bien diferente: la proclamación de la Vírgen como patrona del Colegio de Abogados de Sevilla.
En 1999, una ley declararó a extinguir los Cuerpos Eclesiásticos de los ejércitos y la Armada, disueltos por la II República y restaurados por Franco en 1940, el último de cuyos miembros en activo pasó a la reserva en febrero pasado. Paralelamente, se puso en marcha el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS) cuyos capellanes no son legalmente militares, aunque se “asimilan” tanto, según la terminología legal, que resulta difícil distinguirlos. Visten uniforme, lucen insignias y ostentan empleos militares (de capitán a coronel). Su sueldo lo paga el Ministerio de Defensa, aunque dependen jerárquicamente del arzobispo castrense, quien recibe la “consideración” de general de división. Como vestigio de otra época, es el único obispo cuyo nombramiento propone el Rey, a partir de una terna pactada entre la Nunciatura y el Ministerio de Exteriores.
La presencia del pater, como se les llama cariñosamente, en los contingentes militares desplazados al exterior se ha hecho familiar e incluso insustituible, dada la imposibilidad de asistir a oficios católicos en lugares como Afganistán o Irak. Más discutible es que militares destinados en Madrid o Sevilla precisen una asistencia religiosa diferente a la de sus comparroquianos.
Cinco indultos por Semana Santa y una medalla policial a la Virgen
El Ministerio de Defensa no es el único que hace suyas las
tradiciones de Semana Santa. El titular de Justicia, Rafael Catalá,
llevó el pasado día 16 al Consejo de Ministros cinco indultos a
propuesta de las cofradías de Jesús el Rico (Málaga), Jesús Nazareno
(Ponferrada), Cristo del Perdón (León), Ecce Homo (Gandía) y La Soledad
(Granada). Los indultados habían sido condenados a penas de hasta tres
años y medio de prisión por delitos contra la salud pública
(narcotráfico). El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet,
cree que dar a las cofardías el privilegio de proponer indultos “nos
retrotrae al nacionalcatolicismo más negro”.
En febrero pasado, el Tribunal Supremo avaló la sentencia de la Audiencia Nacional que, por tres votos a dos, desestimó el recurso presentado por dos asociaciones laicas contra la decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de conceder en 2014 la Medalla de Oro del Mérito Policial a la Virgen del Amor.
En febrero pasado, el Tribunal Supremo avaló la sentencia de la Audiencia Nacional que, por tres votos a dos, desestimó el recurso presentado por dos asociaciones laicas contra la decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de conceder en 2014 la Medalla de Oro del Mérito Policial a la Virgen del Amor.
Tanto en respuesta a una pregunta parlamentaria como a demanda de EL PAÍS, Defensa ha eludido informar del coste de sus retribuciones. No obstante, tras consultar al Portal de Transparencia, el diario.es publicó que Defensa gastó 2,75 millones en 2016 en pagar a los capellanes y 231.000 euros más en el mantenimiento de la Catedral Castrense (comprada por Defensa en 1979) y otros templos católicos, además del seminario (donde se forman 14 capellanes).
En enero pasado, el BOE publicó ocho convenios de colaboración entre Defensa y otras tantas diócesis u órdenes religiosas. Uno de estos convenios, suscrito por vez primera en 2014 pero no difundido hasta ahora, tiene como protagonista a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.
Esta institución ha contado tradicionalmente con numerosos miembros en la cúpula de las Fuerzas Armadas e incluso un ministro (Federico Trillo), pero nunca había formalizado jurídicamente su relación. Según Defensa, el acuerdo es “consecuencia de la dependencia orgánica del sacerdote que se presta voluntario [a dar asistencia religiosa] en el área de Colmenar Viejo [Madrid]”. En total, el “estipendio” derivado de estos convenios suma 26.133 euros anuales.
En cambio, no hay ningún convenio para prestar asistencia religiosa a los militares musulmanes, judíos o evangélicos, aunque está legalmente previsto desde hace ya 25 años. Defensa alega que “no se ha recibido ninguna petición” para incorporar imanes o pastores a los cuarteles.
