Los autores del proceso independentista lo tenian todo calculado para la creación de la República catalana. Mentían a los ciudadanos ocultándole los contras como lo de la huida de empresa, más paro, más odio. El idenpendentismo es igual a miseria y atraso.
La puesta en marcha del art. 155 de la Contitución era la única forma de parar el proceso independentistas, y a sus líderres. Los conjereos fueron depuesto, cesados de sus cargos, y la justicia los medio en la cárcel. Ahora le panorama cambia, porque hay un antecendete y por ello el independentismo unilateral no es posible.
El «dietario del procés», escrito de puño y letra por Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, refleja hasta qué punto el gobierno catalán engañó a los ciudadanos de esa comunidad a lo largo del «procés».
El cuaderno Moleskine de color negro y tamaño medio recoge, entre otras cosas, que en febrero de 2016 los independentistas temían «hacer el ridículo» con el referéndum secesionista si no votaba más gente que el 9-N (según sus propias cifras la participación no habría sido mucho mayor, a pesar de las nulas garantías del recuento), y que Artur Mas advirtió de que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) podía provocar un desastre económico en Cataluña, cuando oficialmente se vendía que aquello garantizaba la prosperidad de la Comunidad. Además, la agenda de Jové es muy relevante porque permite comprobar que lo que escribe se corresponde con las decisiones que se van tomando después, lo que refuerza su verosimilitud.
Los ayuntamiento catalanes imparciales:
El independentismo ha aprovechado su poder institucional para, en plena campaña, usar edificios y espacios públicos para exhibir sus símbolos y lemas. Las fuerzas secesionistas han colocado y mantenido en los Ayuntamientos pancartas en favor de los "presos políticos" [son políticos presos por delinquir] y lazos amarillos. La oposición lo ha denunciado y las juntas electorales acumulan resoluciones exigiendo su retirada por vulnerar la "neutralidad institucional".
