Entre los argumentos para justificar su decisión, la juez tiene en cuenta para el riesgo de fuga el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. “La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la juez Lamela. Para justificar el riesgo de fuga, los consejeros, según el auto, han actuado "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.
La juez también considera el riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern”. Por último, sobre la posibilidad de que vuelvan a delinquir, Lamela subraya que los presuntos delitos “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años”. Todos ellos, sigue la juez, “reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Constitucional”. La juez también cita, para analizar el riesgo de fuga, “las elevadas penas que suponen los delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años)”.
El abogado de parte de los exmiembros del Govern, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que sus clientes han reaccionado con "serenidad" la decisión de la juez: "Mis clientes están muy serenos y hacen un llamamiento a la calma, que no se produzca ningún episodio violento", ha dicho al salir de la Audiencia. En el auto, la juez menciona tanto el referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre como la declaración de independencia del Parlament del pasado día 27, aunque consideran que los hechos se remontan a 2015, cuando se aprobó la resolución que dio inicio al proceso independentista. En este punto, la magistrada destaca la relevancia del documento denominado EnfoCATs, que fue incautado en el departamento de Economía de la Generalitat cuyo último máximo responsable era Junqueras. “Este documento, en la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión incondicional para ocho de los nueve miembros del Govern imputados. Vila, que dimitió antes de que el Parlament votará la declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido ante la juez a las preguntas de todas las partes y el único para el que la fiscalía no ha pedido prisión incondicional.
Ninguno de los exconsejeros va a la prisión de Soto del Real. A la cárcel de Valdemoro van Jordi Turrull y Raül Romeva; a Navalcarnero, Josep Rull; a Aranjuez, Carles Mundó y Santi Vila; a Estremera, Joaquim Forn y Oriol Junqueras. Ninguno va a Soto del Real, donde siguen los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
.........................
...................................
Nuevo Impulso
Los delitos eran muy graves, gravísimos La justicia funciona en España.
Sabían muy bien lo que hacían.
Puidemont, pon el flequillo a remojar.
Que se le bajen los humos.
