Editorial de El País, delitos gravísimos

Es comprensible que el envío a prisión de la mitad del exgobierno de Cataluña cause inquietud frente al lógico y mayoritario deseo de recuperar cuanto antes la normalidad democrática y social. Pero en estos graves momentos cabe recordar lo fundamental: que los únicos responsables de que la justicia haya reaccionado de manera tan contundente son los políticos y líderes sociales que, como trama golpista civil bien organizada, han actuado vulnerando la ley de manera reiterada y consciente. Los únicos responsables de que la justicia participe, ya inevitablemente, en la campaña electoral catalana del 21-D son ellos con la presunta comisión de delitos de extrema gravedad.

El auto de la juez Carmen Lamela apenas deja resquicio de duda sobre la obstinación y la reincidencia delictiva de los que, sorteando el ordenamiento jurídico, se propusieron ya en octubre de 2015 una hoja de ruta bien planificada para llegar hasta la independencia. No se trata, como algunos arguyen, de enviar a la cárcel a políticos por sus ideas, sino por un desacato reiterado a las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a las leyes que el independentismo iba aprobando. Para ello, los acusados no han dudado en promover la agitación social, orientada, como dice el auto judicial, “a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación”.

El cuanto peor, mejor, va a ser en esta campaña el mantra más preciado del rupturismo. El bloque secesionista no ha dudado en desprestigiar a España (país a abatir) sembrando la duda sobre la independencia de la justicia y señalando como “presos políticos” a los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, agitadores necesarios en su plan rupturista. Los ocho políticos que la juez ha enviado ahora a prisión no son los primeros que sufren cárcel en este país. Cabe recordar que muchos de los que les han precedido pertenecen al partido gobernante, el de Mariano Rajoy, lo que demuestra la independencia judicial y no lo contrario. Porque los políticos no pueden estar excluidos del peso de la ley que marca el Código Penal.

Los únicos responsables de la contundencia de la justicia son los políticos que han vulnerado la ley

La contundencia de la justicia, paradójicamente, favorece a la causa independentista en su lógica victimista, pero resulta esencial comprender que el ritmo del aparato judicial es también independiente del que marca la política y que no cabe, en democracia, más que acatarlo. Solo la política será capaz de resolver con vocación de permanencia el conflicto catalán, pero no hay política posible y democrática sin justicia y sin respetar y aplicar el peso de la ley.

El dramático desenlace judicial del procés prueba la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos. Aun así, no debe haber cabida para el miedo. La democracia española no puede caer en la trampa de las amenazas matonistas del independentismo catalán, siempre aireando la posibilidad de la revuelta violenta y masiva contra las decisiones del Estado de derecho. El expresidente Artur Mas ha recurrido de nuevo a tal estrategia cuando, junto a la Audiencia Nacional, advertía ayer de que “cuanta más gasolina y leña se eche al fuego, el fuego se hará mayor”. Son amenazas que ahora se vuelven en contra de los acusados por cuanto apuntalan el posible delito de rebelión del que se les acusa. Porque, como alega la juez Lamela, puede haber delito de rebelión en la incitación a las manifestaciones de fuerza y tumultuosas, como las del día 21 de septiembre. “Si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá colisión entre policías”, llegó a decir el consejero de Interior Joaquim Forn tras el 1-O en unas declaraciones recogidas en el auto judicial.

La democracia no puede caer en las trampas de las amenazas matonistas del independentismo

Nos aguardan tiempos difíciles en los que conviene no dejarse arrastrar por la grosera dinámica que promueven Puigdemont y los suyos. Una democracia que ha demostrado su madurez en esta crisis no puede dejarse intimidar por las bravuconadas de unos políticos dispuestos a hacer saltar por los aires el ordenamiento legal y menos todavía por decisiones judiciales ajustadas a derecho, por muy inoportunas que parezcan en un contexto de tanta tensión política.

También de esta tensión política y social son responsables en exclusiva Carles Puigdemont y los suyos, que desoyendo su destitución han desafiado al Estado desde el sábado actuando como si estuvieran en funciones. El expresident Puigdemont es, además, doblemente responsable por cuanto la juez ha tenido en cuenta su cobarde y ridícula fuga a Bélgica para decretar la prisión al resto en evitación de su posible huida. El exconseller Santi Vila tuvo la lucidez de dimitir para no verse involucrado en la declaración unilateral de independencia. De ahí que reciba un trato diferenciado y se le haya impuesto fianza. Los demás hubieran podido imitarle, dimitiendo o convocando elecciones, como se les ofreció insistentemente. Pero prefirieron seguir adelante a sabiendas de la gravedad de los delitos que cometían y así enfangarnos a todos en un agudo problema político y penal que ahora la política deberá gestionar de la forma más inteligente posible.

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