Barcelona
El independentismo lleva semanas preparando el día después del referéndum sin admitir,
al menos en público, ningún escenario que no sea el de que hoy se pueda
votar con cierta normalidad. La previsión ideal de los partidos que
forman el Gobierno catalán es que, en aplicación de la suspendida ley
del referéndum, se utilice el resultado de las urnas —nadie duda de la
victoria del sí— para declarar la independencia en un plazo de
48 horas tras la finalización del recuento. Sin embargo, las dudas
acechan a amplios sectores del PDeCAT
e incluso de ERC, que admiten que de nada serviría declarar la
independencia si, como es previsible, ningún país extranjero reconoce al
nuevo Estado.
El vértigo ante una decisión tan radical ha empujado los últimos días
tanto a la extinta Convergència Democrática como al mismo presidente
catalán, Carles Puigdemont,
a frenar la idea de una declaración unilateral de independencia. “No va
a haber una declaración unilateral de independencia como sustituto del
referéndum” por muchas dificultades que haya durante la jornada
electoral, aseguró Puigdemont el pasado viernes.
Sin embargo, hay que contextualizar estas palabras. Los partidos independentistas entienden por declaración unilateral proclamar la secesión al margen del referéndum, ya sea porque no se ha podido celebrar o porque no se han podido contar los votos. Insisten en que si hay votos “suficientes” —no aclaran cuántos— para dar por válido el resultado de hoy la declaración de independencia sí estaría legitimada.
La gran incógnita son los ritmos que manejan para hacerlo y si se atreverán a proclamarlo solemnemente en el Parlamento catalán. “Llegados a este punto ya no podemos dar marcha atrás”, explican fuentes gubernamentales que recuerdan, no solo la presión de las bases independentistas, sino también la situación legal de cada uno de los miembros del Gobierno catalán y de buena parte de los dirigentes del PDeCAT y de Esquerra Republicana. “Quedarnos en España ahora es sinónimo de ser inhabilitados, embargados y hasta acabar en la cárcel: es algo insostenible”, sostienen estas fuentes.
Con el referéndum descabezado logísticamente por las actuaciones
judiciales y policiales de los últimos días la idea que gana peso en los
corrillos del Gobierno catalán es intentar generar la idea de un
“empate” en su pulso con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Que haya urnas, y no pocas, pero no las suficientes como para que los
votos depositadas en ellas amparen la declaración de independencia.
“Será muy difícil contar los votos, y tampoco será tan rápido como
habríamos querido”, admiten fuentes conocedoras de la organización del
referéndum.
Ante esta situación se abre el escenario de intentar una negociación política de urgencia para evitar un choque definitivo. Se trataría de dejar congelado el resultado de hoy, aunque sea de forma momentánea. Ayer Puigdemont insistió en pedir una “mediación” internacional en una entrevista en la agencia France Presse. “Creo que desde ahora sería lógico para la Unión Europea monitorizar activamente la situación en Cataluña”, añadió.
Por más que ningún organismo internacional haya querido prestar atención pública a la cuestión catalana, el diálogo con el Gobierno podría volver a asomar. Para intentar forzarlo el independentismo buscará mantener movilización en la calle. Todo para llamar la atención europea. Algunos dirigentes del Ejecutivo catalán incluso dan credibilidad a la apuesta por una gran huelga general, que hoy por hoy no secunda ningún sindicato de los mayoritarios. Esta idea, con grandes defensores en la CUP e incluso en ERC, no genera ningún entusiasmo en las filas del PDeCAT.
Con todo, abrir una vía de negociación urgente permitiría a Puigdemont contener, al menos temporalmente, a quienes piden declarar ya la independencia y dar un margen para que se calmen los ánimos. La operación no garantizaría paralizar nada ni arreglaría la situación, pero daría un margen de tiempo para que los que no ven claro declarar la independencia sin un mandato electoral claro puedan actuar. El problema, admiten las fuertes consultadas, es que todos los puentes con el Gobierno central están dinamitados. Habrá que empezar desde cero.
Sin embargo, hay que contextualizar estas palabras. Los partidos independentistas entienden por declaración unilateral proclamar la secesión al margen del referéndum, ya sea porque no se ha podido celebrar o porque no se han podido contar los votos. Insisten en que si hay votos “suficientes” —no aclaran cuántos— para dar por válido el resultado de hoy la declaración de independencia sí estaría legitimada.
La gran incógnita son los ritmos que manejan para hacerlo y si se atreverán a proclamarlo solemnemente en el Parlamento catalán. “Llegados a este punto ya no podemos dar marcha atrás”, explican fuentes gubernamentales que recuerdan, no solo la presión de las bases independentistas, sino también la situación legal de cada uno de los miembros del Gobierno catalán y de buena parte de los dirigentes del PDeCAT y de Esquerra Republicana. “Quedarnos en España ahora es sinónimo de ser inhabilitados, embargados y hasta acabar en la cárcel: es algo insostenible”, sostienen estas fuentes.
Ante esta situación se abre el escenario de intentar una negociación política de urgencia para evitar un choque definitivo. Se trataría de dejar congelado el resultado de hoy, aunque sea de forma momentánea. Ayer Puigdemont insistió en pedir una “mediación” internacional en una entrevista en la agencia France Presse. “Creo que desde ahora sería lógico para la Unión Europea monitorizar activamente la situación en Cataluña”, añadió.
Por más que ningún organismo internacional haya querido prestar atención pública a la cuestión catalana, el diálogo con el Gobierno podría volver a asomar. Para intentar forzarlo el independentismo buscará mantener movilización en la calle. Todo para llamar la atención europea. Algunos dirigentes del Ejecutivo catalán incluso dan credibilidad a la apuesta por una gran huelga general, que hoy por hoy no secunda ningún sindicato de los mayoritarios. Esta idea, con grandes defensores en la CUP e incluso en ERC, no genera ningún entusiasmo en las filas del PDeCAT.
Con todo, abrir una vía de negociación urgente permitiría a Puigdemont contener, al menos temporalmente, a quienes piden declarar ya la independencia y dar un margen para que se calmen los ánimos. La operación no garantizaría paralizar nada ni arreglaría la situación, pero daría un margen de tiempo para que los que no ven claro declarar la independencia sin un mandato electoral claro puedan actuar. El problema, admiten las fuertes consultadas, es que todos los puentes con el Gobierno central están dinamitados. Habrá que empezar desde cero.
El adelanto electoral como respuesta
El Gobierno y los partidos contrarios a la independencia han pedido
reiteradamente los últimos meses que la Generalitat abandone la vía
secesionista y convoque elecciones. Esta idea, aunque nunca lo confirmen
públicamente, no está ni mucho menos descartada en la agenda de los
partidos que gobiernan Cataluña. Marta Pascal, coordinadora general del
PDeCAT, la formación del president Carles Puigdemont, lo insinuó la
semana pasada. Pascal admitió que la independencia solo se puede
declarar a través “de un referéndum o de un mandato democrático”,
concepto, este último, que en medios políticos catalanes se interpretó
como unas elecciones. El problema que tiene el partido de Puigdemont
para estos eventuales comicios es que ni tiene candidato —el actual president no
quiere continuar— ni ninguna encuesta a favor. La única salida que le
quedaría ante el electorado independentista es repetir la coalición con
Esquerra Republicana con la promesa de proclamar la secesión si tienen
mayoría.
