La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar el viernes como investigado (antes imputado) por un delito de sedición al «major» de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluìs Trapero, por su posible responsabilidad en el asedio al que fueron sometidos los guardias civiles
que el pasado 20 de septiembre fueron cercados por miles de personas
mientras realizaban un registro en dependencias de la Consejería de
Economía de la Generalitat.
Fuentes jurídicas señalaron a ABC que, junto a Trapero, Lamela también ha llamado a declarar como investigados al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, a los que la Guardia Civil atribuye el papel de haber dado las órdenes a la multitud para cometer el asedio.
El pasado 27 de septiembre la juez admitió la denuncia que presentó la Fiscalía por estos hechos, en un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
Fuentes jurídicas señalaron a ABC que, junto a Trapero, Lamela también ha llamado a declarar como investigados al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, a los que la Guardia Civil atribuye el papel de haber dado las órdenes a la multitud para cometer el asedio.
El pasado 27 de septiembre la juez admitió la denuncia que presentó la Fiscalía por estos hechos, en un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
