En una democracia las autoridades no pueden mentir impunemente a la ciudadanía
1. “El Gobierno de la Generalitat ha sido objeto hoy de una agresión coordinada de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior”. Falso: los registros y detenciones practicados el miércoles en distintas dependencias de la Generalitat fueron ejecutados por indicación del juez de Instrucción número 13 de los juzgados de Barcelona. El instituto armado actuó por tanto en su calidad de “policía judicial”.
2. El propósito de la operación es “suspender la actividad del Gobierno” catalán, “que tiene la legitimidad democrática”. Falso. Solo se ha intervenido sobre las actividades relacionadas con la organización del referéndum secesionista. El Govern sabe, pues así se lo ha comunicado el Tribunal Constitucional, que ese referéndum es ilegal y que no tiene competencias para organizarlo. Por otra parte, el Govern sostiene que basta con el apoyo de una mayoría de los diputados electos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 para derogar el Estatut de Autonomía. Pero se equivoca: lo que define a una democracia no es la existencia de una mayoría sino que esta no pueda saltarse la ley impunemente.
3. “Esta agresión carece de amparo legal”, vulnera “el Estado de derecho” y la Carta de Derechos de la UE, suspende “de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción”. Todo es falso. La intervención policial se realiza al amparo del poder judicial y cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional. Se enmarca pues en el Estado de derecho, del que la independencia judicial es pilar básico. Tampoco puede decirse que se haya suspendido la autonomía catalana. No se ha empleado el artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenirla puntualmente; ni se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría al Gobierno asumir el mando de todas las policías. Tampoco hay Estado de excepción, porque no se han suspendido los derechos de los ciudadanos, como ilustran las concentraciones de ayer.
4. Distintas actuaciones como “los registros indiscriminados incluso en domicilios particulares” y otras medidas como “el cierre y bloqueo de páginas web” constituyen “un asedio a la democracia”. Falso: los registros de ayer no fueron indiscriminados, sino individualizados dentro de la operación de policía judicial. Y el cierre de la página web que pretendía aplicar una ley suspendida (la del referéndum del 6 de septiembre) por el Tribunal Constitucional, dando detalles de esa convocatoria ilegal y órdenes para realizarla, fue decidido por la fiscalía en cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal.
5. “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática del Estado español” y tras estas actuaciones “consideramos que el Gobierno ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes autoritarios y represivos” y que “no respeta los principios elementales de la democracia”. La acusación no es nueva. Anteriormente Carles Puigdemont ya sostuvo que políticamente España es como Turquía. Pero el caso es el contrario, España es un Estado de derecho europeo y plenamente democrático. Y es Puigdemont, como Erdogan, el que amparándose en la mayoría e ignorando la separación de poderes está saltándose la ley, violando la Constitución y el Estatut y utilizando las instituciones para impulsar un referéndum ilegal y sin garantías.
6. “Los ciudadanos estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio”. Falso: la convocatoria no es para defender la democracia, sino para culminar el proyecto de derogación de la Constitución, de abrogación del Estatut de autonomía y de ruptura con el Estado plasmado en las leyes de convocatoria del referéndum y de “transitoriedad”, que fueron aprobadas por el Parlament el 6 y el 8 de septiembre de 2017 en un hemiciclo semivacío en el que se negó a los diputados de la oposición sus derechos parlamentarios. Las intimidaciones han corrido a cargo de los grupos secesionistas, entre otros la CUP, que ha pegado pasquines con las fotos de alcaldes y concejales partidarios de cumplir la legalidad democrática.
7. “Defenderemos el derecho de los catalanes a decidir libremente su futuro”. La presunción de que los catalanes no deciden su futuro en elecciones libres es falsa: han participado en 35 elecciones plenamente democráticas desde 1977 (de distinto nivel, local, autonómico, estatal y europeo) y en tres referendos (de ratificación de la Constitución y los dos Estatutos de autonomía); gozan de autogobierno; y sus partidos están plenamente presentes en el Congreso y el Senado españoles (y en el Parlamento Europeo, en su condición de españoles), así como en muchos otros organismos públicos.
8. “Lo que está viviendo Cataluña no lo está viviendo ningún Estado de la Unión Europea”. Esta es la única afirmación de Puigdemont que es cierta. Por desgracia, tanto en Hungría como en Polonia tenemos líderes nacionalistas que quieren acabar con la separación de poderes y derogar los sistemas de derechos y libertades vigentes. Por fortuna, ese tipo de comportamientos carecen de lugar en la UE.
