La rebelión catalana requiere algo más que tribunales
| “La realidad que llamamos Estado no es la espontánea convivencia de hombres que la consanguinidad ha unido. El Estado empieza cuando obliga a convivir grupos nativamente separados” Ortega y Gasset. | ||||
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Ayer, en el Parlament catalán, tuvo lugar una de las escenificaciones más burdas, menos solemnes, antidemocráticas,
revolucionarias y deplorables que se puedan dar en un Estado del Siglo XXI, en plena UE y, podríamos afirmar que,
ante la unánime perplejidad de todas las naciones que forman con nosotros esta gran unión que, con tantos esfuerzos,
entre todos, estamos intentando llevar adelante; incluso contra la opinión de aquellos que sólo piensan en si mismos,
como es el caso de la GB con su “brexit”, una aventura que no presagia nada bueno para la rubia Albion,
acostumbrada a ir por libre, quizá pensando que todavía sigue siendo aquella nación colonialista todopoderosa del
Siglo XIX. El acto que el Parlamento catalán, presidido por una señora, Forcadell, que primero fue presidente de la ANC, una de las organizaciones que, con el Omnium Cultural, más se distinguieron en su lucha por la independencia de Cataluña y que, fue repescada para que presidiera la institución parlamentaria catalana, pese a ser manifiestamente incompetente para presidir un órgano de la importancia del que le ha tocado dirigir. Ayer quedó patente que, la señora Forcadell, no es más que un títere más del soberanismo catalán, olvidándose de que su misión era atender a los derechos de todos los parlamentarios sin distinción de partidos o ideas políticas, impidió que todos los partidos representados en la cámara, pudieran presentar sus alegaciones, ante el intento, y posterior consumación, de la aprobación exprés de una ley, expresamente calificada de anticonstitucional por el TC, aquella que convoca a los catalanes a un referéndum que, expresamente, fue considerado por el órgano máximo encargado de velar por la constitucionalidad de cualquier norma que se dicte en nuestra nación, como inconstitucional. En una nefasta y embarullada jornada, en la que quedaron de manifiesto los vicios graves de una institución que pretende hurtar a una parte de sus miembros, a las minorías no separatistas, sus derechos y sus atribuciones en la preparación de aquellas normas que van a ser obligatorias para todos los catalanes; los miembros de los partidos anti constitucionalistas demostraron su desprecio por los principios democráticos, su radicalidad, cerrilidad y su obsesión enfermiza de atribuir a España aquello que, solamente en su cerrazón y fanatismo, se puede entender como una conducta inapropiada o especialmente contraria a los intereses del pueblo catalán. Claro que la labor concienzuda, comenzando por el adoctrinamiento escolar de las nuevas generaciones, la intoxicación mental de TV y tertulianos en todas las cadenas catalanas, amén de la insistente y machacante labor doctrinaria de la prensa, la mayoría de ella afín al separatismo; han sido factores determinantes de que lo que hace unos años apenas importaba a un 25% de los catalanes, en la actualidad esté cercana al 50%, algo que, desgraciadamente, deberemos atribuir a la falta de previsión, intereses partidistas y miedo a enfrentarse a ello con coraje y firmeza, de todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde que el país entró en democracia. Ante unos hechos consumados, un desafío abierto a la unidad de la nación, una tomadura de pelo a todo el resto de españoles, que vemos que, ante nuestras propias narices y sin que ocurra aparentemente nada, unos cuantos insurrectos que no representan más que una parte de la ciudadanía catalana ( y aún con importantes matices) son capaces de poner en jaque a toda una nación de la envergadura de la española, sin que lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes, achacados del mal de la cobardía, de la sinrazón del miedo a que los insurrectos se enfaden porque se tomen medidas enérgicas en su contra o de que, una parte de los catalanes se lancen a la calle para destrozar todo lo que se les ponga delante, es interponer una serie de recursos ante el TC para que, con suerte, se reitera la anticonstitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlament catalán y empapelen a los firmantes por prevaricación para que, al cabo de un tiempo los tribunales los pudieran “incapacitar para ocupar cargos públicos” una medida que parece insuficiente ante la evidencia de la rebelión que se encubre en los actos sancionados. Si se tiene en cuenta que el señor Puigdemont y sus colegas separatistas ya ha advertido que no piensan hacer caso de lo que digan los tribunales españoles y, específicamente, lo que pudiera salir del TC, es evidente que no van a tomar en consideración cualquier advertencia o conminación que viniese de la judicatura, lo que sitúa al Gobierno y al Estado español ante el dilema de permitir que las calles de Barcelona se conviertan en un infierno en manos de los terroristas de la CUP o utilizar a la fuerza pública para restablecer el orden. No obstante, es muy posible que las reacciones que nos tienen preparadas estos descerebrados, partidarios de los altercados callejeros y de los destrozos de escaparates y mobiliario urbano, sean de una magnitud mayor a las que se acostumbran a producir cuando se producen reclamaciones sobre temas que afectan a menos personas, cuando se tratan de meras reivindicaciones laborales o cuando sólo se centran en vencer la resistencia de una sola institución, por ejemplo, el Gobierno. Ahora nos encontramos ante un desafío mucho mayor en el que, por primera vez desde la muerte del general Franco, se pone en cuestión la unidad de la nación y el enfrentamiento entre dos bloques perfectamente definidos: el Gobierno de España y sus instituciones, apoyados por los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario, enfrentados a quienes intentan, desoyendo la voz de la prudencia y desafiando la Constitución, la independencia de la nación española, para constituir lo que han dado por denominar la “República catalana”. Ya no hablamos de si se suspende la autonomía según prevé el artículo 155 de la Constitución o de si se debe acudir a la Ley Penal o a otras leyes sobre seguridad nacional porque, señores, lo que es posible que suceda es que, como ya han anunciado, una numerosa banda de gamberros organizados se apoderen de las calles, organicen un caos circulatorio, irrumpan en los edificios públicos o se dediquen a asaltar bancos valiéndose del terror y pánico que multitudes de trúhanes amenazantes son capaces de crear entre los pacíficos ciudadanos. Quisiéramos creer que, cuando el señor Rajoy habla de reacción proporcionada, no está hablando de la que se pudiera llevar a cabo contra los culpables directos de la declaración de independencia, porque el problema no se va a limitar, si se producen las alteraciones de orden que se supone que se puedan llevar a cabo, a sancionar a los promotores sino que lo tendremos en lo que pueda suceder en las calles, en los locales públicos, en los organismos oficiales o en los bancos y demás lugares en los que, una invasión de vándalos semejante, puede llegar a impedir el normal desarrollo de toda actividad dentro de las principales ciudades de Cataluña. Y aquí, señores, va aparecer la palabra mágica que ha venido siendo tabú durante todo este largo proceso en el que, los independentistas, han venido haciendo de su capa un sayo sin que nadie en absoluto, ni los tribunales ni las fuerzas del orden han sido capaces de impedir que siguieran avanzando en sus objetivos, unas veces con mayor rapidez y otras más despacio, pero siempre consiguiendo afianzarse en sus posiciones sin que, el Estado, haya tenido las agallas para pronuncia la palabra “basta”. Las dos ocasiones en las que hubo intentos de instaurar la república en Cataluña los gobernantes que les hicieron frente no se entretuvieron en discutir sobre las razones que avalaban aquellas peticiones de Maciá (1931) y Companys (1934), sino que ordenaron que, rápidamente, fueran reducidos los culpables para evitar que la insurrección adquiriera virulencia y pudiera contagiarse a otras partes de España. No olvidemos que existen otros lugares de España donde el germen independentista está latente y gobiernos autonómicos que esperan la menor ocasión que se les presente o debilidad del Gobierno para dar el paso adelante para conseguir también su independencia. Estamos hablando de si, entre las medidas que estará manejando el Ejecutivo y que ha consultado con los dos partidos que le han prestado su apoyo, se encuentra la de, aparte de que la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o, en el caso de Cataluña, los Mossos (suponiendo que permanezcan fieles a la Constitución), no fueran suficientes para acabar con los disturbios callejeros que se pudieran producir como consecuencia de la votación del 1 de Octubre o de la promulgación de las leyes de desconexión; se tuviera que declarar el estado de excepción y fuera necesaria la presencia del Ejército en las calles de Barcelona o cualquiera de las otras ciudades importantes de la comunidad catalana, ¿se acudiría al Ejército para pacificar las calles o se seguiría respetando esta especie de pacto no escrito por el que las FF.AA parece que, en Cataluña, no se encuentren en territorio patrio? Recordemos que el artículo 8º de la Constitución hace referencia a ellas cuando la patria se encuentre en situaciones como las que se pueden producir en Cataluña si, como es posible que suceda, el separatismo reacciona de forma violenta ante las decisiones del TC o del Gobierno. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, aunque sabemos que se trata de un tema complicado y muy delicado, no nos queda más remedio que dejar constancia de la preocupación que se siente, en tierras catalanas, por todos aquellos que viven en ellas, pero que no participan de esta fiebre separatista que parece que ha venido afectando a una gran parte de la población de la autonomía. Y es que no estamos muy seguros de la solidez de este apoyo que, por parte de los socialistas y miembros del partido de Ciudadanos, se le ha ofrecido al Gobierno de la nación; en el caso de que el problema adquiera tintes revolucionarios, se pudieran producir, en los enfrentamientos callejeros, algunas víctimas entre las partes enfrentadas y la sangre comenzase a correr por las calles. No estamos muy convencidos de que, el señor Sánchez o el mismo señor Ribera, en una situación semejante, mantuvieran su apoyo o bien aprovechasen la ocasión para hacer campaña contra el Ejecutivo, si vieran que, con ello, iban a conseguir votos que los favorecieran. Por desgracia, en política, las alianzas nunca son de fiar. |
