La democracia y el orden constitucional que los españoles nos dimos
en 1978 tras largos años de dictadura se encuentran en un momento
crítico. El reto planteado por el Govern y la mayoría parlamentaria que
lo sostiene amenazan con destruir la unidad y convivencia. De forma
irresponsable, vaciando las instituciones y abusando de la buena fe de
los demócratas y de las garantías que rigen en un Estado de derecho, los
independentistas se han embarcado en un desafío sin precedentes al
Estado. El Gobierno, como el resto de las instituciones, tiene la
obligación de actuar con firmeza y todos los medios legales para
defender la vigencia de la Constitución, la democracia y los derechos y
libertades de todos los españoles.
Restaurar el orden constitucional implica evitar el anunciado
referéndum secesionista. Es una consulta ilegal, que viola la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, aprobada por el Parlament y el
Govern en flagrante violación de sus propias disposiciones y suspendida
por el Tribunal Constitucional. Es una votación sin ninguna garantía
democrática, destinada a socavar los fundamentos del Estado y cuyos
promotores no dudan en amedrentar, amenazar y discriminar a quienes no
se muestran de acuerdo con ellos, cercenando sus libertades
individuales.
La desobediencia del Govern al Constitucional y a la Fiscalía General
del Estado no deja lugar a dudas sobre su determinación de continuar
adelante con las incitaciones a la sedición. Celebrar la consulta
supondría reconocer que la Constitución ha dejado de regir en Cataluña y
dejar desamparados a los millones de ciudadanos que quieren seguir
adelante con el proyecto de convivencia que nos dimos en 1978.
El Govern viola de forma reiterada y deliberada la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Dentro de esta deriva ilegal, hay que denunciar la actitud de los
Mossos d’Esquadra, un cuerpo armado cuya misión principal, como la de
todas las fuerzas de seguridad del Estado, es garantizar el cumplimiento
de la ley y los derechos y libertades. Tras haber recibido la orden de
la fiscalía de impedir la celebración de la consulta, este cuerpo
policial, que se debe a todos los catalanes, y no solo a una parte de
ellos, permanece impávido ante la comisión de delitos que socavan el
orden constitucional y estatutario. Es inadmisible que una fuerza
policial se ponga al servicio de una causa y no del Estado y la
Constitución a quienes deben su lealtad. El Gobierno debe poner fin al
constante abuso y desviación de poder en el que se han instalado las
instituciones que el secesionismo ha puesto bajo su control. Se trata de
restaurar los derechos establecidos en la Constitución y el Estatut que
han sido arbitrariamente derogados o suspendidos por los secesionistas.
La legalidad democrática está por encima de la política, las
opiniones y las emociones. Promover o apoyar una rebelión contra un
Estado democrático en la Europa del siglo XXI es una ofensa a la
libertad de los ciudadanos, a la convivencia entre ellos y a sus
derechos más inalienables. Frente a la demagogia imperante, esparcida
por algunos oportunistas líderes políticos y los aprendices de brujo de
la Generalitat, es preciso poner de relieve que no hay tensión entre
democracia, legalidad y legitimidad. Los tres conceptos caminan juntos y
no puede ser de otra manera en una democracia establecida y sólida como
la española.
El Gobierno tiene la obligación de actuar con firmeza para defender la Constitución y la libertad
EL PAÍS ha defendido siempre desde su fundación la legalidad
democrática frente a cualquier intento involucionista. Está en la
memoria de todos los españoles la edición especial de la noche del 23-F
de 1981, con el título “EL PAÍS, con la Constitución”. En estos momentos
de especial gravedad nos vemos en la obligación de volver a expresar
con firmeza nuestro apoyo a la Ley Fundamental y nuestra defensa de los
derechos de los catalanes y de todos los españoles. Esta defensa no ha
impedido nuestra reiterada petición de reformas y apoyo a una revisión
del texto constitucional que incorpore el federalismo como fórmula de
organizar la convivencia de los ciudadanos de las distintas comunidades y
territorios. Pero ante el desafío planteado por la Generalitat lo
primero e inmediato es frenar este descarado golpe contra la democracia.
Ya llegará el tiempo de pedir responsabilidades
El presidente del Gobierno debe convocar de urgencia a los
principales partidos parlamentarios para informarles de las medidas que
adoptará para restaurar la legalidad con eficacia y pedir su apoyo. Y
debe comparecer públicamente para explicar la situación a todos los
españoles. Tiene la razón y la legitimidad de su parte. Pero, sobre
todo, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar para evitar que
España se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes y
de que se respete su Constitución.
